Ocupación inmediata de empresas precipita el colapso económico

Venezuela requiere asistencia técnica una vez que resulta notorio y evidente, por un lado que el proceso de descapitalización humana tanto en el sector público como en el privado ha dejado al país con una reducidísima capacidad de maniobra y respuesta ante la crisis y los retos de todo ámbito, y por el otro lado, porque el régimen político actual, cuyo exclusivo objetivo es de poder, no puede sino profundizar la trágica crisis socioeconómica que sufre el país.

Un ejemplo lamentable de la falta de fundamentos económicos y de conocimiento técnico en el ámbito de las políticas públicas, lo representa la política de hecho de ocupación y toma de empresas trasnacionales, una vez estas han decidido salir de Venezuela. Recientemente la salida de la empresa Goodyear y la medida de toma y ocupación de su planta publicada en la Gaceta Oficial N. 41.552, constituye un caso más de la salida de empresas trasnacionales del país.

Pareciera que la acción de toma y ocupación de las empresas trasnacionales es una estrategia dominante para el régimen político, y la salida de las empresas -previa a la decisión anterior- un costo colateral “menor” de un modelo autocrático, rentista y expoliador agotado.

La actividad económica en Venezuela ha sido víctima de la vulneración de las instituciones económicas y jurídicas mínimas y elementales que resguardan los incentivos en favor de la inversión y la producción. Las empresas enfrentan limitaciones para manejar sus operaciones en el país, específicamente en lo que respecta a sus políticas de proveedores y acceso a insumos -especialmente producto del control de cambio, el desconocimiento de los costos de reposición, y la desaparición de proveedores domésticos, especialmente la oferta proveniente de empresas básicas y públicas, para no mencionar el caso de la infraestructura y los servicios públicos de red. Además, su política laboral y la posibilidad de adaptar sus nóminas al escenario económico -la inamovilidad y los ajustes arbitrarios de referentes salariales han constituido un problema.

A esto hay que añadir la imposibilidad de la repatriación de dividendos -producto del control de cambio, o asumir pérdidas cambiarías relevantes-, cuarto, la pérdida de derechos, soberanía y maniobrabilidad en la política de precios -producto de una absurda Ley Orgánica de Precios Justos-, etc.

Lo anterior aunado al colapso súbito de la demanda interna y el poder de compra de bolívar, perfecciona un escenario adverso, sin que exista esperanza en el corto plazo de que alguno de estos factores determinantes y fundamentales de la actividad económica cambie para mejor en lo inmediato.

En este sentido, la teoría económica plantea que las empresas podrían en el corto plazo mantenerse  operando aún cuando tales circunstancias adversas impliquen tener que fijar un precio por debajo de los costos medios totales, pero por encima de los costos medios variables. Dicho de otra manera, si la empresa posee las expectativas de cubrir a futuro cuando menos sus costos incrementales y evitables, pudiera continuar operando.

Sin embargo, en Venezuela las barreras artificiales y contraproducentes a la actividad económica creadas por el régimen, aunado a contribuciones parafiscales que aumentan los costos y los precios, ante una demanda y un poder de compra que colapsa día tras día, y un control de precios arbitrario, pueden dificultar satisfacer la mínima restricción de participación de las empresas.

Resulta de perogrullo, como explicaremos, que termina siendo preferible -para el país- levantar las barreras artificiales y gubernamentales a la actividad económica, así como la instrumentación de una política de estabilización, que la amenaza de expropiación y ocupación. De hecho, tal política de ocupación precipita e incentiva la salida de las empresas de Venezuela.

Erróneamente algunos asesores en materia de competencia en Latinoamérica han sugerido que “elevados costos hundidos” constituirían un elemento disuasivo de salida del mercado ante escenarios de predación o de insuficiencia de ingresos o precios para cubrir los costos incrementales. Dicha tesis, falaz, comete el error de no comprender que los costos hundidos son justamente nulos ex post a la entrada -por lo que implica una contradicción decir “elevados costos hundidos” en este contexto-. Otra cosa sería los precios de recuperación, liquidación o residuales de activos fijos, y aquí se vincula esta idea con el tema de este artículo.

Una vez que el gobierno, por prejuicio, dogma o costos políticos ante ciertos grupos de aliados, se vea presionado a ocupar las instalaciones de la empresas que salen del país para intentar aparentar fuerza y “preocupación”, resulta perfecta e igualmente anticipado por las empresas. Es decir, las empresas -además ante la evidencia- anticipan que la ocupación “valentonada” de las empresas es una estrategia dominante para el gobierno.

Así las cosas, si las expectativas de mejora del escenario y la demanda futura no son promisorias, la “amenaza” de ocupación constituye una “opción” de ejecución inmediata para posteriormente, vía demanda y arbitraje, recuperar el valor de activos fijos, evitar continuar operando a pérdida, evitar mayor pérdida del valor residual de los activos fijos, y evitar no sólo que activos fijos se transformen en hundidos al estar ubicados en Venezuela sino eventualmente “transformar” costos hundidos en recuperables.

En un extremo, habiendo recursos públicos en riesgo dada la opacidad y falta de contraloría en el país, lo anterior, deliberadamente, podría constituir un caso gravísimo de corrupción y desfalco.

* Economista UCV