La secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que encabeza Luis Almagro, acusó el miércoles a Venezuela de detener ilegalmente dos barcos de Guyana, y enfatizó que el conflicto territorial entre ambos países debe dirimirse en el ámbito internacional.
La oficina de Almagro condenó la «detención ilegal» de las embarcaciones «por parte de la dictadura venezolana» de Nicolás Maduro, afirmando que se encontraban dentro de aguas territoriales de Guyana, y exigió la liberación «rápida y segura» de los ciudadanos y los barcos.
«La resolución de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana es un asunto de jurisdicción internacional y no puede ser solucionado mediante acciones unilaterales», dijo en una declaración.
«Cualquier intento de descarrilar este proceso legal internacional, como el decreto emitido por el régimen de Maduro, es contrario al derecho y los estándares internacionales, y no tiene soporte legal ni significado jurídico», agregó.
Estados Unidos condenó la «intimidación» de Maduro y pidió una «resolución pacífica» del diferendo.
«Nos unimos al llamado de la Secretaría de la OEA», tuiteó Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
Guyana y Venezuela reclaman soberanía sobre el Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales, en una pugna centenaria recrudecida con el hallazgo de petróleo en la zona hace cinco años.
La tensión escaló en los últimos días luego de que Georgetown denunciara el sábado que un buque de la Marina venezolana que «maniobraba ilegalmente» en aguas territoriales guyanesas «interceptó, abordó y se apoderó» el 21 de enero de dos pesqueros de bandera guyanesa, y que sus tripulantes fueron llevados al puerto venezolano de Güiria.
El incidente, que Georgetown tachó de «agresión», tuvo lugar luego de que el gobierno de Maduro decretara el 7 de enero «un nuevo territorio marino» que, según Guyana, se superpone con sus aguas y afecta al territorio al oeste del río Esequibo.
Caracas informó el lunes de la detención de las embarcaciones, que según dijo fueron detectadas «in fraganti» pescando «en aguas de plena soberanía» venezolana y no de Guyana.
– «Uso unilateral de la fuerza» –
La oficina de Almagro emitió su declaración poco antes de que el Consejo Permanente de la OEA, que reúne a los 34 miembros activos del bloque, abordara la controversia a pedido de la delegación guyanesa, luego de que las dos naciones sudamericanas cruzaran el martes cartas de protesta formal.
«Es lamentable que el gobierno de Venezuela haya optado por recurrir al uso unilateral de la fuerza militar para hacer valer sus reclamos», dijo el embajador guyanés, Riyad Insanall.
En lugar de eso, continuó, debería «honrar sus compromisos bajo el Acuerdo de Ginebra de 1966 de que la controversia sea resuelta de manera pacífica, definitiva y vinculante por la Corte Internacional de Justicia» (CIJ).
Guyana defiende un límite establecido en 1899 por una corte de arbitraje en París, mientras Venezuela reivindica el pacto firmado en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa, que establecía bases para una solución negociada y anulaba el tratado anterior.
La CIJ decidió en diciembre, tras una solicitud de Guyana, que tiene jurisdicción sobre el caso -algo que Caracas rechaza-, y presidirá un juicio que puede llevar años.
Insanall agradeció el apoyo de la secretaría general de la OEA y de la Comunidad del Caribe (Caricom), que el 12 de enero declaró estar «profundamente decepcionada y preocupada» por el decreto de Maduro y reiteró su «apoyo firme e inquebrantable» a la «integridad» de Guyana y al proceso en curso en la CIJ.
Los representantes de Brasil, Estados Unidos y Canadá, en particular, condenaron la confiscación de las embarcaciones guyanesas y apoyaron una solución en base al derecho internacional.
– «Maniobra» de Maduro –
Aunque no representa al gobierno de Maduro, que abandonó la OEA en abril de 2019 criticando el «intervencionismo» de Almagro, el delegado de Venezuela fue la única voz discordante durante la sesión.
Gustavo Tarre, nombrado por el líder opositor Juan Guaidó y reconocido por la OEA -que considera ilegítimo el mandato de Maduro tras cuestionadas elecciones-, defendió el «derecho irrenunciable» de Venezuela «a la proyección de su territorio», y manifestó su «desacuerdo» con el fallo de la CIJ.
Sin embargo, más allá de su apoyo al reclamo histórico de Venezuela en la disputa fronteriza con Guyana, Tarre criticó a Maduro por buscar «aglutinar» a los venezolanos en torno a un tema exento, según dijo, de ideologías políticas.
«Lo que trata Maduro es crear una apariencia de unidad a favor de un régimen criminal, desacreditado, sin respaldo popular», afirmó Tarre, describiéndolo como una «maniobra usual de dictadores repudiados».
Pero el embajador guyanés se dijo «perplejo» por las declaraciones de Tarre, a quien señaló de implicar las mismas amenazas territoriales que el «belicoso régimen de Maduro».
«Esta actitud es más que irónica, está absolutamente fuera de lugar y es francamente ofensiva», exclamó.
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