Oenegés piden a Corte Suprema de El Salvador que declare "inconstitucional" reclusión de venezolanos
La activista Marisela Ramírez informó que la «demanda de inconstitucionalidad es en torno a los actos llevados a cabo por el Órgano Ejecutivo referente a la recepción y el traslado a prisión de ciudadanos venezolanos provenientes de Estados Unidos».
Un colectivo de organizaciones sociales pidió este viernes a la Corte Suprema de El Salvador que declare «inconstitucional» la reclusión en una megacárcel del país de más de 200 venezolanos, que el presidente Nayib Bukele acordó con Estados Unidos.
El 16 de marzo Estados Unidos expulsó a 238 venezolanos a los que acusó sin pruebas de integrar la banda criminal Tren de Aragua, así como a 23 supuestos pandilleros salvadoreños.
Otro grupo de 17 deportados llegó el lunes al país.
Los deportados están presos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel de máxima seguridad construida por Bukele como parte de su «guerra» contra las pandillas.
La «demanda de inconstitucionalidad es en torno a los actos llevados a cabo por el Órgano Ejecutivo referente a la recepción y el traslado a prisión de ciudadanos venezolanos provenientes de Estados Unidos», declaró a la prensa la activista Marisela Ramírez.
Además de «graves violaciones» a los derechos de estos venezolanos, «no se han constituido los mecanismos legales» pues el gobierno no ha sometido el asunto a ratificación de la Asamblea Legislativa, afirmó Ramírez.
La petición fue interpuesta ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema por dirigentes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que aglutina a varias organizaciones.
Ramírez afirmó que el gobierno de Bukele «está violando flagrantemente los derechos fundamentales de las personas», porque «no han sido juzgadas» en este país.
En paralelo, un bufete de abogados contratado por el gobierno de Venezuela ha hecho gestiones judiciales para conseguir la liberación de sus ciudadanos.
Este bufete también solicitó el lunes a la procuradora salvadoreña de Derechos Humanos, Raquel Caballero, que verifique su estado de salud.
El tema de los expulsados también ha generado controversias en Estados Unidos, donde este viernes una jueza federal ordenó al gobierno de Trump que proceda al retorno del salvadoreño Kilmar Armando Ábrego, deportado por error.
La Casa Blanca reconoció esta semana que su expulsión fue un «error administrativo», pero lo acusó de ser miembro de la pandilla MS-13, declarada por Washington organización terrorista global.
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