ONG: Oficiales iraníes y cubanos entrenan a militares en Venezuela para 'controlar' a la sociedad

Oficiales iraníes están formando a militares en Venezuela «para controlar a la sociedad venezolana», denunció el jueves la directora ejecutiva de la ONG Instituto Casla ante autoridades de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).

En una rueda de prensa organizada por la oficina del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y en la que también participó la vicepresidenta del Parlamento Europeo Dita Charanzova, Tamara Suju señaló la presencia de iraníes «activamente» involucrados en cursos de entrenamiento a venezolanos en el complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas.

«La información que obtuvo el Instituto Casla es que oficiales iraníes están trabajando en la llamada Escuela de Operaciones Psicológicas que está en Fuerte Tiuna», dijo Suju, una abogada venezolana que dirige el Instituto Centro de estudios sobre América Latina (Casla), con sede en República Checa.

«Es una escuela de formación de oficiales, donde los forman ideológicamente sobre cómo pueden ser las operaciones psicológicas para controlar a la sociedad venezolana», explicó.

«Estos cursos duran un año y seis meses, y la mitad del curso es dado por funcionarios cubanos y por funcionarios iraníes», agregó.

En más de 20 años de gobiernos chavistas, Caracas ha mantenido estrechas relaciones tanto con La Habana como con Teherán.

En la videoconferencia acogida por la OEA, Suju presentó el último informe del Instituto Casla sobre Venezuela, que desde 2018 acusa al gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad con colaboración de responsables cubanos.

Descargas eléctricas en senos y genitales, ahogamientos con agua sucia, martillazos en las uñas, asfixia con bolsas plásticas con heces fecales, plantones en celdas estrechas sin luz natural y con aire viciado: Suju detalló el trato que reciben los opositores de Maduro detenidos en cárceles venezolanas, según los testimonios recabados por Casla.

«2020 fue sin duda un año en que el régimen venezolano aprovechó para avanzar en ejercicio del control social a través de la represión y la manipulación», aseveró.

Según la ONG de derechos humanos Foro Penal, en Venezuela hay 350 «presos políticos».

– «Doble moral» –

Almagro dijo que según investigaciones de la OEA, desde 2014 en Venezuela se identificaron 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad y colectivos afines al gobierno, 15.501 casos de detenciones arbitrarias y 653 casos de tortura desde 2014, así como 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019.

«Estos crímenes no prescriben», aseguró, y llamó a poner fin a la «complicidad con las dictaduras venezolana y cubana» en la comunidad internacional.

«La falta de justicia por crímenes de lesa humanidad en Venezuela no es un problema por la falta de evidencia, sino por la doble moral que existe en el sistema multilateral», afirmó, sin dar ejemplos concretos.

Almagro cuestionó en diciembre la «lentitud» del examen preliminar que la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) realiza desde febrero de 2018 sobre Venezuela, que según él fomenta la impunidad.

La vicepresidenta de la UE destacó la labor de Casla y también llamó a la CPI a abrir una investigación sobre Venezuela.

«Maduro está acercándose cada vez más al poder absoluto», advirtió.

Charanzova dijo que en el debate sobre Venezuela el próximo martes en la Eurocámara insistirá en que la UE debe seguir reconociendo al líder opositor venezolano Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida en 2015 como únicas autoridades legítimas.

«Nací bajo el régimen comunista en la República Checa y recuerdo cómo era importante para mi país tener el apoyo de la comunidad internacional. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora», dijo.

Maduro ha desestimado como «mentiras» los reportes de violaciones de los derechos humanos por parte de su gobierno o allegados.

– «Hostigamiento» a activistas y periodistas –

Desde Ginebra, la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el allanamiento el 12 de enero de la sede de la ONG Azul Positivo en el estado Zulia por oficiales de contrainteligencia militar, tras el cual siguen detenidos cinco empleados.

Además, dijo que al menos tres medios de comunicación fueron objeto de ataques el 8 de enero.

«Instamos a las autoridades a que dejen de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo», dijo la portavoz de Bachelet, Marta Hurtado, en un comunicado.

Cinco organizaciones humanitarias, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y WOLA, condenaron estos ataques, exigiendo que cesen «inmediatamente».

«El gobierno de Nicolás Maduro frecuentemente usa señalamientos y otras formas de hostigamiento para amedrentar e intentar silenciar a quienes lo critican, expresan ideas contrarias a sus políticas, o denuncian violaciones de derechos humanos, e incluso contra actores humanitarios», declararon desde Washington.