Opinión | Políticas públicas orientadas al mercado

La literatura económica, tanto teórica como empírica ha evolucionado enormemente a lo largo de las ultimas cuatro décadas. De igual manera, las políticas públicas, las normas y sus doctrinas así como la jurisprudencia en materia de Economía Pública (regulatoria en específico) han presenciado una gran evolución.

Posterior a la impronta dejada por la Escuela de Chicago que reclamara y exigiera políticas públicas mejor orientadas ponderando sus potenciales efectos perniciosos, así como la necesidad de partir, necesariamente, de presunción de legalidad dada la eficiencia y la competitividad de muchas prácticas de mercado por parte de las empresas, ha existido un enfoque post Chicago que sin renunciar a la necedad de un Estado benevolente regulador, incorpora la necesidad de mejores prácticas de gobierno y regulatorias.

En muchos países con destacada tradición académica y práctica en materia regulatoria, continúa profundizándose la idea de diseñar mecanismos regulatorios que intenten completar los mercados o replicar Benchmarks de mercados más eficientes y competitivos, por medio de políticas basadas en incentivos u orientadas hacia el mercado.

Por utilizar un ejemplo, en Europa a lo largo del último lustro ha tomado especial protagonismo la necesidad de desarrollar y contar con la infraestructura suficiente para posibilitar un mayor número y una mejor calidad de servicios de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. La interoperabilidad de numerosos servicios que se desarrollan bajo protocolo IP requieren de capacidad de infraestructura y ancho de banda para prestar numerosos servicios entre los que destacan muchas plataformas de naturaleza diferentes -transaccionales, intermediadores de contenido, recopiladoras de data, de publicidad, teleservicios, telemedicina, Internet de las cosas, etc.-.

Destaca especialmente los cambios que se han evidenciado en el tratamiento regulatorio hacia el acceso a la infraestructura pasiva en el sector TICs.

En este sentido, se han desarrollado modelos teóricos y análisis económicos que proponen y sirven de soporte a políticas públicas basadas en mercado e incentivos que persiguen la proliferación, desarrollo e inversión en infraestructura de telecomunicaciones mientras pretenden compatibilizar objetivos de acceso a dicha infraestructura por parte de terceros desarrolladores de servicios de valor agregado aguas abajo.

La visión pro intervencionista de control de precios de acceso en el mercado mayorista y/o aguas arriba hacia la infraestructura, basada en enfoques asimétricos o en precios marginales, han dado paso a las negociaciones voluntarias y a controles de acceso basados en costos incrementales de largo plazo. Lo anterior con la intención de compatibilizar objetivos de eficiencia dinámica (desarrollo de la infraestructura) con el potencial acceso a la misma por parte de terceros competidores aguas abajo.

Las alternativas regulatorias que la literatura económica aborda, a saber son: un esquema desregulado (eventual co-inversión voluntaria); un esquema de regulación de precios de acceso; un esquema puro de co-inversión (co-inversión mandatoria); y un esquema de co-inversión con precios de acceso. La comparación entre cada una de estas alternativas permitiría asomar algunas conclusiones útiles para el diseño de políticas públicas al respecto.

La co-inversión permite reducir doble costos de acometidas, explotar economías de escala, compartir costos y riesgos, por lo que resultan voluntarios dichos acuerdos cuando estás eficiencias superan al costo de oportunidad que implica la entrada de un competidor al mercado y la reducción de rentas y beneficios en el mercado. Por el contrario, cuando estás eficiencias resultan menores a los costos de pérdida de rentas producto de una mayor competencia, y la capacidad instalada y el acceso se transforman en una variable estratégica de decisión por parte de la empresa líder producto de una propiedad de finitud o estrechez del mercado (Finiteness Property of the Market); excluir al potencial entrante resulta privadamente racional aun cuando no necesariamente desde la perspectiva social.

En este sentido, un esquema de co-inversión mandatoria con precios de acceso permiten replicar al esquema puro de coinversión o a un esquema puro de precio de acceso regulado, dependiendo del nivel de precios de acceso que haya sido determinado en el primero de los esquemas. Lo anterior podría permitir aumentar las zonas de despliegue de la infraestructura así como los beneficios de la competencia en zonas de costos más bajos.

Esta alternativa que está siendo utilizada en algunos países europeos, han sido previamente evaluadas y analizadas, buscando resguardar incentivos en favor del despliegue de red y asimismo permitir la competencia en dichos mercados.

Por supuesto, que dichas eventuales mejoras de las políticas regulatorias vienen precedidas de discusiones y análisis económicos sobre cómo funcionan los mercados, cuáles pueden ser sus fallas y qué tipo de mecanismo podría resultar eficiente para corregir eventuales distorsiones. En estas discusiones participan la academia, los profesionales especializados, funcionarios públicos, representantes de las empresas privadas que desempeñan funciones laborales en áreas de Compliance o departamentos de competencia y seguimiento regulatorio dentro de sus corporaciones, e incluso suelen participar asesores externos.

Lo anterior exige una comunidad de profesionales y expertos en todas y cada una de las áreas de las políticas públicas y regulatorias, así como organismos, instituciones y espacios donde desarrollar sus labores académicas, profesionales, de estudio y de proposición de mejores prácticas de gobierno.

La Universidad de Pennsylvania (UPenn) posee un programa sobre la Sociedad Civil y los Tanques de Pensamiento (Think Tanks) que tiene como objetivo estudiar el papel que desempeñan dichas instancias u organizaciones de la sociedad sobre las actuaciones gubernamentales y sobre la sociedad en general.

Más allá de sus detalles técnicos y sobre su capacidad de registrar al universo de dichos tanques de pensamiento -no desestimamos este punto como uno crucial-, dicho estudio y ranking en su última versión correspondiente al año 2019 publicado el 18 de junio del presente año, imputa a Venezuela 22 tanques de pensamiento de distintas naturalezas, propósitos y temas de trabajo y estudio. Igual número de tanques de pensamientos se le registran a Guatemala, mientras que por su parte, la publicación registra 25 tanques de pensamiento en el Uruguay; 29 en Ecuador; 42 en Costa Rica; 64 en Colombia; 64 en Chile; 43 en Perú; 66 en Bolivia y 227 en Argentina.

Respecto a Tanques de Pensamiento Especializados en el estudio, análisis y seguimiento de Políticas Económicas Domésticas destaca Brasil con 4; Chile con 3; Argentina y México con 2 respectivamente; Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay con 1 respectivamente. Lamentablemente Venezuela no figura en dicho ranking ni con un tanque de pensamiento.

En otro orden de ideas, el reconocido QS Ranking Mundial 2021 sobre universidades a lo largo del planeta arroja resultados interesantes. Dicho ranking mide a todas las universidades a nivel mundial bajo seis indicadores: el primero es la ‘reputación académica’, que se basa en una encuesta realizada a más de 94.000 académicos; la reputación con empleadores, donde se consulta a más de 44.000 empleadores; citaciones por profesor en cinco años, proporción entre profesores y estudiantes, para ver el tamaño de las clases en la institución; y la proporción de profesores y estudiantes internacionales, para ver qué tan atractiva es a nivel mundial.

Este ranking ubica a la Universidad de Buenos Aires en el puesto 66 en el mundo; a la Universidade de Sao Paulo en el lugar 115; a la Pontificia Universidad Católica de Chile en el puesto 121; a la Universidad de Los Andes de Colombia en el puesto 227; a la Universidad de Costa Rica entre el puesto 571 y 580; a la Universidad Nacional Autónoma de México en el puesto 100; a la Pontificia Universidad Católica de Perú en el puesto 432; a la Universidad ORT Uruguay en el puesto 462 y a la Universidad Central de Venezuela entre el puesto 751 y 880 del mundo.

No existe caso alguno de éxito de sociedad, calidad de vida, crecimiento y desarrollo económico que no venga acompañado de instituciones robustas, buenas prácticas gubernamentales y de un insumo fundamental como lo es las ideas y el conocimiento, tanto en el sector privado como en el sector público. De hecho, entendemos al capital humano y al conocimiento como el principal ingrediente para iniciar una propuesta de recuperación económica de Venezuela y de mejores prácticas de gobierno con orientación hacia los mercados.

*El autor es economista de la Universidad Central de Venezuela.