Opinión | Privatización en Venezuela: no todo lo que brilla es oro

Representantes del Gobierno, así como medios de comunicación nacionales e internacionales asoman la posible privatización de numerosas actividades económicas y de empresas que hasta la fecha han estado en manos del Estado.

Gobernadores oficialistas han sugerido la privatización de prestadores de servicios públicos como reconocimiento al fracaso en la gestión pública de los mismos. Así las cosas, el propio oficialismo ha asomado permitir una mayor participación del sector privado, entre otros, en el sector petrolero, dada su manifiesta incompetencia para sostener y evitar la caída continuada de su actividad y producción. Más allá, medios de comunicación han estado asomando que el Ejecutivo nacional daría el visto bueno a la comercialización de combustible por parte de privados.

Tanto ha sido el rechazo en contra de la incompetente y corrupta administración pública actual que la opinión pública en general podría estar viendo con cierto beneplácito propuestas de pasar a manos privadas aquellas empresas y actividades que se mantienen en manos del Estado. Lo anterior, más como una reacción que producto de la convicción sobre las reformas institucionales y legales que requiere el país para sacarlo de la tragedia que representa la actual gestión de gobierno.

La teoría y literatura económica, así como las sugerencias de política pública de inicio de los ochenta y hasta mediados de los noventa asomaban a la privatización como una opción de política que permitía acercar economías altamente estatizadas o en transición hacia economías de mercado con los consecuentes efectos positivos y beneficios que la competencia y el sistema de mercado ofrecería a dichas economías.

Adicionalmente, se suponía que privatizar empresas públicas no sólo constituía una fuente de ingresos en el corto plazo -aún cuando no recurrente- mientras se evitaba despilfarro de recursos públicos en el financiamiento de gestiones deficitarias, sin control de gestión y no sometidas a la competencia.

Sin embargo, lo anterior solía partir de ciertas premisas que en la práctica no suelen presentarse en economías altamente estatizadas o basadas en planificación central, como sería mercados potencialmente competitivos; ausencia de monopolios; reguladores robustos, independientes y técnicos; información completa; y Gobernanza.

La ausencia de dichos supuestos pueden hacer que las privatizaciones no constituyan un aliciente económico sino por el contrario una fuente de corrupción o de incentivos para deteriorar aún más la institucionalidad, los mecanismos de Check and Balance y la Gobernanza.

Literatura e investigaciones económicas advierten (Manzetti y Blake, 1996 para el caso latinoamericano; y más recientemente Reinsberg, Stubbs, Kentikelenis y King, junio 2019) que los “malos gobiernos” y la debilidad institucional facilitaría la corrupción antes, durante y después de los procesos de privatización, e incluso podrían ser resultado de estrategias deliberadas para capturar beneficios, prebendas y rentas a través de los procesos de privatización.

En los países en transición postsoviéticos, los programas de privatización masiva incrementaron la corrupción, siendo que los burócratas con mejores conexiones con el poder se apropiaban de la mayoría de las empresas públicas sometidas a la privatización.

El acceso a información privilegiada en los procesos de privatización, la selección discrecional de compradores sin debidos procesos de licitación y subastas, el ofrecimiento de empresas y activos a precios subvalorados, la transferencia de empresas monopólicas o con poder de mercado significativo y la posterior protección de las mismas por parte del gobierno, el otorgamiento discrecional de permisología para el funcionamiento futuro de los mercados, licencias de importación, permisos de comercialización, permisos de manipulación de materiales peligrosos, etc., constituirían fuentes de corrupción y captura de rentas, especialmente susceptible de ocurrir en países institucionalmente debilitados y autocráticos.

El agotamiento del modelo estatista y rentista petrolero así como el deterioro institucional actual que encuentra en el desconocimiento de la legítima Asamblea Nacional un alarmante ejemplo; puede configurar un escenario propicio -cuidado si no deliberado- para perfeccionar nuevas formas de captura de rentas y corrupción.

Mucho cuidado deberá tener la sociedad venezolana con estas nuevas promesas de liberalización y mercado, siendo que los recursos públicos se han ido agotando, ha desaparecido CADIVI como fuente de captura de rentas; ahora, los eventuales procesos de privatización y entrega de actividades y activos hacia manos privadas pueden constituir una nueva fuente de captura de rentas y corrupción.