El chavismo, ante un boicot anunciado por las mayores partidos de oposición, abrió las puertas a pequeñas organizaciones políticas para las próximas elecciones parlamentarias, al dejar sin efecto una norma que exigía cuotas mínimas para participar en votaciones.
Con vistas a las legislativas, previstas para este año, pero aún sin fecha, la oficialista Asamblea Constituyente que rige en el país acordó «desaplicar» esa normativa en una sesión en el Palacio Legislativo.
«Con el fin de propiciar la más amplia participación en los comicios» de la unicameral Asamblea Nacional «para el período 2021-2025 y facilitar la inscripción de los candidatos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) se desaplica (…) el decreto», indica el acuerdo.
La norma obligaba a recoger firmas del 0,5% del padrón a partidos ausentes en comicios previos o que hubiesen competido sin alcanzar una votación de 1%. Hay unos 20,5 millones de inscritos en el Registro Electoral en Venezuela.
La ley se aplicó en 2017 para obligar a 59 partidos a someterse a un engorroso proceso de reinscripción frente a autoridades electorales, tras competir en las legislativas de 2015 con los símbolos de la vieja alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y no los propios. La mayoría terminaron inhabilitados.
La oposición denunció aquel proceso como una maniobra para «ilegalizar» organizaciones que adversan al presidente socialista Nicolás Maduro.
El acuerdo aprobado este miércoles por la Constituyente, que en la práctica asumió las funciones del Parlamento de mayoría opositora, coincide con sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que el lunes y el martes suspendieron las directivas de dos de los principales partidos opositores, Acción Democrática (socialdemócrata) y Primero Justicia (centro).
Once fuerzas opositoras, entre las cuales figuran las dos afectadas por los fallos y Voluntad Popular, del líder parlamentario opositor Juan Guaidó, anunciaron el domingo su negativa a participar en las legislativas.
Ello después de que el TSJ -de línea chavista- nombrara un nuevo CNE, lo que corresponde por ley al Legislativo.
De la desaplicación de la norma quedan excluidos partidos «sobre los que cursen procesos penales», agrega el acuerdo.
«Aquellos partidos que tienen cuenta con la justicia que vayan a aclararlas», dijo Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, aludiendo a Voluntad Popular, organización que el fiscal general, Tarek William Saab, pidió sea declarada «terrorista», y a la que pertenece el líder opositor Leopoldo López.
El chavismo busca recuperar el control de la Asamblea Nacional, después del arrasador triunfo opositor en las parlamentarias de 2015.
«No sabemos cuándo van a ser las elecciones, pero debemos estar listos», remarcó Cabello al afirmar que estudian mecanismos sanitarios contra la pandemia de COVID-19 durante las votaciones.
Desde la jefatura del Parlamento, Guaidó reclamó en enero de 2019 la presidencia encargada de Venezuela, con reconocimiento de medio centenar de países encabezados por Estados Unidos; luego de que la mayoría opositora de la cámara declarara «usurpador» a Maduro acusándole de haber sido reelecto en 2018 de manera fraudulenta.
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