Un juez mexicano emitió órdenes de captura contra el ex director general de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y tres de sus familiares como parte de las investigaciones a la firma brasileña Odebrecht, señalada de pagar sobornos, informó la Fiscalía General.
La Fiscalía detalló en un comunicado un juez le concedió las órdenes de captura contra Lozoya, su esposa, su hermana y su madre, además de otra contra una empresaria del sector inmobiliario.
Lozoya, quien dirigió Pemex de 2012 a 2016 y fue uno de los más cercanos colaboradores del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), enfrenta desde hace un mes otra orden de captura, también solicitada por la Fiscalía General, acusado de lavado de dinero.
Lozoya, sus familiares y la empresaria «cuentan con ficha roja de Interpol con relación a los delitos probablemente cometidos» en el caso Odebrecht, añade el comunicado sin dar más detalles.
«El ministerio público federal presentó ante el juez de control todos los elementos de probanza necesaria (…) en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado en forma tan criticable», añadió el comunicado.
Odebrecht se ha visto involucrada en casos de corrupción en distintos países latinoamericanos, principalmente en Brasil y Perú, mientras que en México, según revelaciones de 2017 de la prensa brasileña, habría pagado millonarios sobornos que habrían terminado en la campaña presidencial de Peña Nieto.
En esa época, las autoridades de la fiscalía mexicana informaron que Odebrecht y la petroquímica brasileña Braskem se declararon culpables de pagar sobornos a entonces funcionarios de Pemex por $10,5 millones de dólares de 2010 a 2014, pero sin precisar el destino de los recursos ni la identidad de quiénes los recibieron.
México y Venezuela son los únicos países donde se ha conocido de altos funcionarios que hayan sido sancionados por el caso Odebrecht.
Sobre la acusación de manejo de recursos de procedencia ilícita, que ameritó una primera orden de captura, según la prensa local, Lozoya estaría directamente involucrado en la compra por parte de Pemex de una vetusta planta siderúrgica a un costo de 500 millones de dólares, considerado un precio excesivo.
Con parte de esos recursos, Lozoya habría adquirido una lujosa residencia.
Días atrás, Lozoya debía presentarse a declarar ante un juzgado por este primer caso pero declinó hacerlo con el argumento de que podría ser detenido y denunciando una «persecución mediática».
Sus abogados aseguran que se encuentra en México y han solicitado que Peña Nieto y otros exfuncionarios se presenten a declarar en el caso de la compra de la siderúrgica.
Lozoya es el primer exfuncionario de alto nivel que es investigado por el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia con el compromiso de erradicar la corrupción en México.
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