Organizaciones demandan al Gobierno de Trump por decisión de revocar TPS para venezolanos
La decisión de acabar con el TPS deja a más de medio millón de venezolanos en EE.UU. sin ese estatus legal y bajo el riesgo de deportación.
Dos organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes en Estados Unidos presentaron este jueves una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por su decisión de revocar un beneficio migratorio que otorga un estatus legal a miles de venezolanos en el país.
La demanda, presentada en una corte federal en California, argumenta que la decisión del Gobierno de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos es ilegal y motivada por discriminación «racista» contra los migrantes de este país.
«La secretaria (Kristi) Noem y el presidente Trump han hecho en repetidas ocasiones comentarios atacando a los migrantes que no son blancos y a los beneficiarios del TPS en particular», indicó el documento judicial.
En concreto, los abogados de las organizaciones citan una entrevista que la funcionaria dio en la cadena Fox News en donde se refiere a los migrantes venezolanos que tienen TPS como «porquería».
«La decisión de la administración de Trump de anular y rescindir el TPS para Venezuela representa un gran alejamiento de la promesa de nuestra nación de brindar igualdad de protección«, señaló Harold Solis, abogado de la ONG Make The Road New York, que presentó la demanda, en un comunicado.
El Gobierno de Biden decidió otorgar el TPS para las personas de Venezuela en 2021 y 2023, asegurando que la «emergencia humanitaria» por la que atraviesa Venezuela impide a los migrantes de este país en EE.UU. volver de manera «segura».
Antes de salir de la Casa Blanca, Biden decidió extender el TPS hasta 2026, pero esta decisión fue revocada por Noem, titular de la DHS, a los pocos días de ser confirmada en su puesto por el Congreso.
El beneficio para las personas que se acogieron en 2023 vence el próximo mes de abril, y el de los que se inscribieron en 2021 en septiembre.
La decisión de acabar con el TPS deja a más de medio millón de venezolanos en EE.UU. sin ese estatus legal y bajo el riesgo de ser deportados a un país con el que Washington rompió relaciones diplomáticas en 2019.
Como parte de su política de «mano dura» contra los migrantes en EE.UU., Trump descongeló los lazos con Caracas y mandó a un representante de su Gobierno para reunirse con Nicolás Maduro a inicios de mes.
El resultado de este encuentro fue el envío de dos vuelos de deportación con casi 200 personas desde Texas hacia Caracas y la liberación de seis estadounidenses presos en Venezuela.
A su vez, el Gobierno republicano ha trasladado a por lo menos 150 migrantes venezolanos a la base militar de EE.UU. en Guantánamo, a los que Noem ha tildado como «lo peor de lo peor» y ha vinculado con la banda criminal Tren de Aragua, designada esta semana como grupo terrorista y que surgió en las cárceles de Venezuela.
Sin embargo, tanto testimonios de los familiares de algunos de estos migrantes, como sus antecedentes penales, contradicen las acusaciones del Gobierno.
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