Países piden a Venezuela que invite a expertos en derechos humanos de la ONU

Durante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, representantes de varios países solicitaron este martes a Venezuela que extienda una invitación abierta y permanente para que expertos independientes en esa materia puedan visitar el país. 

Entre los países que instaron a la delegación venezolana, encabezada por la canciller, Delcy Rodríguez, a formular tal invitación se encontraban, entre otros, España y el Reino Unido.

«Recomendamos que se acepten las solicitudes de visita pendientes de los procedimientos especiales, valorando extender una invitación abierta y permanente a los órganos regionales e internacionales de protección de los derechos», señaló el representante español.

Por su parte, el representante británico instó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, a cursar una invitación a la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Husein, para que pueda efectuar un viaje oficial al país para noviembre de 2017.

Entre tanto, México solicitó al Gobierno venezolano que «tome medidas legales y administrativas para garantizar el derecho a la libertad de expresión y trabaje para garantizar la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial y la separación de poderes».

España además pidió la liberación de los denominados presos políticos y Holanda abogó por que Venezuela garantice el derecho a la libertad de expresión y opinión de todos los periodistas y grupos mediáticos, investigue las acusaciones de ataques e intimidaciones, y asegure la independencia y la imparcialidad de los jueces y fiscales «bajo todas las circunstancias y en todos los casos».

El representante estadounidense pidió al Ejecutivo venezolano que permita que prosiga la recolección de firmas para la celebración del referendo revocatorio y que solucione los problemas políticos y humanitarios del país mediante el diálogo.

Alemania, a su vez, urgió a la canciller venezolana a «restaurar el Estado de derecho y la independencia y la imparcialidad de la Judicatura», así como garantizar la libertad de expresión y de movimiento de periodistas y opositores.