Países de la UE acordaron la reforma del mercado de la electricidad
El texto final de la reforma, concebida en medio de la crisis de precios de la energía eléctrica, tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo
Los países de la Unión Europea (UE) consiguieron el 17 de octubre desbloquear la reforma eléctrica, enquistada por un enfrentamiento entre París y Berlín a propósito del trato que debe concederse a las centrales nucleares.
La Presidencia española del Consejo de la UE logró el acuerdo de todos los países salvo Hungría, que se abstuvo, con una propuesta de última hora que logró despejar las dudas de Alemania sobre las posibles ventajas competitivas que podría obtener Francia a través de sus centrales atómicas.
«Me permiten que les agradezca y aplauda a todos por su espíritu constructivo», dijo la vicepresidenta tercera y ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, antes de que los ministros de Energía de los Veintisiete estallaran en aplausos.
El texto final de la reforma, concebida al calor de la crisis de precios de la energía de 2021 y 2022, tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo con el objetivo de finalizar la reforma del mercado de la electricidad antes de que acabe el año.
La ministra francesa, Agnès Pannier-Runacher, tomó la palabra en el plenario tras el pacto para subrayar que se ha encontrado un «equilibrio que habrá que preservar estrictamente» en la negociación con la Eurocámara, que arrancará este mismo jueves con el eurodiputado español del PSOE Nicolás Casares como ponente.
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La Comisión Europea, los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la industria eléctrica querían acometer el ajuste de mercado y coincidían en las grandes líneas: facilitar el despliegue masivo de renovables con precios baratos y estables a largo plazo para acercar a la UE a sus objetivos climáticos y para alejarla de los hidrocarburos de Rusia.
Pero durante meses ha persistido un desacuerdo con una doble vertiente. Por un lado hay una dimensión ideológica que enfrenta a Francia con Alemania a propósito de la energía nuclear y, por otro, la desconfianza competitiva entre las dos grandes economías de la Unión Europea.
El debate se produce en un momento en el que el bloque comunitario está muy centrado en buscar soluciones para no perder competitividad frente a los subsidios masivos que Estados Unidos y China están inyectando en sus economías para liderar la carrera de las tecnologías «verdes».
Alemania (con el apoyo de socios de Países Bajos, Dinamarca, Italia o Luxemburgo) teme que Francia (con el respaldo de países como Hungría, Rumanía, Croacia, Eslovaquia o Malta) consiga una fuente continua de ingresos en forma de ayudas de Estado para su industria a través de los llamados contratos por diferencia (CfD), mientras que un tercer bloque presionaba por cerrar el expediente cuanto antes.
Los CfD permiten que el Estado acuerde un precio estable por la compraventa de electricidad en un plazo fijo con un generador y después se devuelve la diferencia en función de si el precio final ha sido más alto o más bajo de lo pactado.
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París quería que su potente parque nuclear pudiera beneficiarse de los llamados CfD, mientras que Berlín temía que las centrales atómicas amortizadas del país vecino generasen unos ingresos extraordinarios que pudieran revertir en la industria gala, mermando la competitividad germana.
El cisma eléctrico, prácticamente inalterado desde que la Comisión Europea presentara su propuesta original el pasado marzo, residía esencialmente en un artículo, el 19.b, que regula esos contratos.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, abordaron el asunto en una reunión bilateral en Hamburgo la semana pasada, y se propusieron alcanzar un pacto en octubre.
La Presidencia española había conseguido ya el respaldo -con matices- de Suecia, Bélgica, Irlanda, Finlandia, Eslovenia, Lituania, Polonia, Estonia, Letonia, República Checa, Grecia y Portugal con la última propuesta de cara al Consejo de Ministros europeos de Energía celebrado hoy en Luxemburgo.
Y tras varias horas de debate en la cita ministerial, Teresa Ribera, en el papel de árbitro comunitario, presentó una nueva propuesta -la novena- buscando un término medio entre ambos bloques que resultó exitosa.
En concreto, los Veintisiete acordaron que esos contratos por diferencia se puedan aplicar a todas las nuevas instalaciones de generación, las que amplíen su capacidad y las que extiendan su vida útil, independientemente de si se refiere a plantas nucleares u otras tecnologías.
Pero respetando que en algunos casos los CfD no se apliquen de forma automática a las plantas existentes, sino que pasen por el filtro de control del Ejecutivo comunitario «de acuerdo con lo que hoy ya existe» pero con «una serie de criterios que simplifican todo el tratamiento», explicó Ribera en rueda de prensa.
Tendrán, por tanto, que obtener el visto bueno de la Comisión Europea a la luz del régimen de ayudas de Estado en el caso de que no haya competencia -como suele ocurrir en el caso de la construcción de plantas nucleares- y en el caso de las ampliaciones el nuevo esquema se aplicará sólo a la parte proporcional de la inversión en nuevos activos.
Algunos CDF «podrán estar sujetos a las reglas de ayudas de Estado», como «cualquier otra intervención de los Estados en el sistema eléctrico», dijo la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, quien celebró el acuerdo porque «facilitará las inversiones» y «refuerza la protección al consumidor».
Con información de EFE
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