Panamá audita puertos a la entrada del canal, concesionados a operador basado en Hong Kong
La autoridades panameñas auditan desde este lunes a la empresa Panama Ports Company (PPC) que opera Balboa y Cristóbal, los puertos que estarían en el centro de la denuncia de Donald Trump.
Las autoridades de Panamá auditan desde este lunes a la empresa Panama Ports Company (PPC), propiedad de CK Hutchinson Holdings, basada en Hong Kong y que opera los puertos de Balboa y Cristóbal, situados a la entrada del canal y objeto de una controversia con el Gobierno de Donald Trump por el supuesto «control chino» de la vía interoceánica, un extremo reiteradamente negado por el Gobierno panameño.
El inicio de la «auditoría financiera y de cumplimiento» fue informado por el nuevo contralor general, Anel Flores, quien anunció la semana pasada que Panama Ports Company sería sometida a la misma porque le está dando «muy poco rédito» a la República de Panamá.
Panama Ports Company maneja los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en las entradas del Pacífico y del Atlántico del canal, respectivamente, desde 1997, cuando se le otorgó un contrato de concesión de 25 años que fue extendido de manera automática por igual término en junio de 2021, en medio de denuncias de supuesta corrupción y de condiciones desfavorables para el Estado panameño, que cuenta con el 10 % accionarial.
Con la auditoría, la Contraloría «busca determinar si se cumplen con los acuerdos de concesión pactados entre Panama Ports Company y el Estado panameño, verificando que la empresa esté reportando adecuadamente sus ingresos, pagos y aportes al Estado» por el manejo de los puertos «situados en el área del Canal de Panamá, que es una de las rutas comerciales más importantes del mundo», dijo el ente fiscalizador en un comunicado.
Un enclave colonial
En su primera conferencia de prensa como contralor el pasado 14 de enero, Flores señaló a Panama Ports Company de ser un «enclave colonial que reemplazó a los americanos», en referencia a Estados Unidos, una situación que, aseveró, «no vamos a permitir».
Argumentó que cuando se entregó a PPC la concesión en 1997, en Panamá se movía alrededor de un millón y medio de contenedores cada año, cuando ahora solo los dos puertos que opera la compañía «manejan más de 8 millones de contenedores».
«Entraremos con una auditoría severa, fuerte, a esos libros y a esa compañía porque creo que los panameños nos merecemos un poquito más de respeto y poquito más de recursos (…) ellos están usando puertos que fueron construidos por los americanos (EE.UU.) pero fueron revertidos a Panamá. Entonces ahí tenemos un enclave que tenemos que ver cómo lo vamos a corregir», añadió Flores.
El canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, que lo inauguró en 1914 y lo administró hasta su reversión total al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999, como quedó establecido en los Tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977 por el líder panameño, Omar Torrijos (1929-1981), y el presidente estadounidense, Jimmy Carter (1924-2024).
El «control chino» del canal denunciado por Trump y negado por Panamá
Los puertos de Balboa y Cristóbal estarían en el centro de la denuncia del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que «China está operando el canal», como reiteró este lunes durante su investidura para luego afirmar que por ello su Gobierno va a «retomar» la vía que une el Atlántico con el Pacífico y por la que pasa el 3% del comercio mundial.
«No cabe la menor duda que una de las preocupaciones injustificadas del señor Trump está en Panama Ports, una empresa que cuando se adjudicó el contrato la primera vez no era una empresa china», dijo este lunes a EFE el analista panameño José Stoute.
Es por ello que cree «que debe haber una relación entre las amenazas de Trump y la actuación del contralor» de auditar a PPC. «No puede ser causal», afirmó el analista.
Sin embargo, recalcó Stoute, más allá de esta situación con Trump, la actuación del contralor es pertinente dado que la operación de PPC ha sido «muy criticada en Panamá, con señalamientos muy duros sobre corrupción por parte de los gobiernos que le han tanto renovado el contrato como mantenido unas condiciones que son inaceptables en cualquier concesión administrativa del Estado».
El Gobierno del presidente José Raúl Mulino volvió a rechazar este lunes las declaraciones de Trump y a reiterar que «el Canal es y seguirá siendo de Panamá», que «no hay presencia de ninguna nación del mundo que interfiera» con su administración, y que la soberanía panameña sobre la vía «no fue una concesión» sino el resultado de una lucha generacional.
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