Panamá: El último muro para que los migrantes retornados desde EEUU vuelvan a casa
Según los últimos datos del Servicio Nacional de Migración, desde noviembre han llegado a Panamá por el flujo migratorio inverso 4.337 migrantes, de los cuales 4.108 son venezolanos, 140 colombianos y 29 peruanos, entre otras nacionalidades. De ellos más de 700 son menores.

Panamá se ha convertido en el último gran obstáculo para que cientos de migrantes que no lograron asentarse en Estados Unidos puedan continuar su viaje de retorno hacia Suramérica, con la imposibilidad de regresar a pie por la selva del Darién, la falta de vuelos o una vía marítima demasiado costosa.
En las últimas semanas, la pequeña población caribeña de Miramar ha estado recibiendo, de manera constante, el goteo de decenas de migrantes que llegan hasta allí tras la promesa, en redes sociales o según dicen de las propias autoridades, de que podrán embarcar en botes a precios asequibles para continuar su viaje por mar.
Pero ya en el lugar, las palabras que más repiten los migrantes consultados por EFE son «mentira» y «engaño».
«Que no sale el barco. Que es mentira. No nos lleva el barco si uno no tiene 150 dólares. Y las lanchas salen en 260», advierte la venezolana Evilys Díaz, que viaja acompañada de dos hijos de 8 y 11 años, en un mensaje dirigido a otros migrantes que puedan estar planteándose la posibilidad de utilizar esa ruta.
Díaz llevaba casi una semana en Miramar cuando la entrevistó EFE. Dormía en un espacio que le habían alquilado en el porche de una casa y, como otros migrantes, estaba a la espera de recibir dinero de algún familiar o que las autoridades panameñas les ayudaran a costear el viaje en uno de los barcos de carga que los trasladarían, tras más de un día de travesía, hasta el puerto de La Miel, fronterizo con Colombia.
Su destino final es Chile, dice, de donde partió hace poco más de un año con sus hijos camino a Estados Unidos. Cruzaron la selva del Darién, fue «secuestrada con los niños» en Tapachula, México, donde los liberaron tras pagar 4.000 pesos (unos 200 dólares), viajaron en un tren de carga hacia el norte, esperaron dos meses en Ciudad Juárez a que le saliera la cita con el CBP-One para entrar de manera regular en territorio estadounidense.
Sin embargo, con la toma de posesión de Donald Trump, el pasado 20 de enero, y sus políticas migratorias más restrictivas, optaron por entrar por su cuenta a Estados Unidos.
Siguieron a pie una vía de tren acompañados de otra mujer con dos niños y un joven, hasta que los interceptó migración. Pasaron cuatro días en diferentes refugios «comiendo burritos congelados» y el 29 de enero los deportaron en un vuelo hasta Villahermosa, en el sur de México.
Como a Díaz, al venezolano Jonathan Harry Castro, de 29 años, también lo deportaron en un vuelo hasta Villahermosa tras cruzar el río Bravo y entregarse con su esposa a migración en Estados Unidos.
El regreso por Centroamérica
Después el regreso fue «bien» por Guatemala, Honduras, Nicaragua, hasta Costa Rica, donde se entregaron y los ingresaron en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), en el sur del país.
Allí pasaron ocho días para, siguiendo el protocolo pactado con Panamá, tomar unos autobuses que por 60 dólares los llevaron hasta el albergue panameño de Lajas Blancas, próximo a la selva del Darién, donde permanecieron unos 15 días.
Castro se había ilusionado con la declaración del presidente panameño, José Raúl Mulino, de que estaban trabajando con el Gobierno colombiano la posibilidad de llevar a ciudadanos venezolanos vía aérea hasta Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, pero esos vuelos nunca despegaron.
Como alternativa, a Castro y su esposa las autoridades panameñas los llevaron en autobús junto a otros migrantes desde el albergue en el Darién hasta Miramar, en la provincia caribeña de Colón, donde desde hacía varias semanas habían comenzado a partir barcos de gran tamaño y lanchas con destino a la frontera colombiana.
El joven insiste en que lo engañaron, que miembros de las fuerzas de seguridad panameñas le habían dicho que ahí en el puerto de Miramar no tendría problemas para embarcar, que «uno podía hablar con los dueños de los barcos que nos podían colaborar y mentira, tampoco fue así», y denuncia que el servicio migratorio «se lavó las manos» y los dejó allí a «la deriva».
«De verdad, necesitamos que nos den respuesta de qué posibilidad nos puedan colaborar. No le estamos diciendo que nos lleven gratis, pero por lo menos que nos apoyen, que se pongan la mano en el corazón y que acepten lo poquito que tenemos, así sea que hay que dar teléfono, lo que sea de valor, pero la idea es salir de acá», explica.
Después de intentar sin éxito entrar en Estados Unidos, el venezolano Randall Josué Ovalle, de 29 años, se siente «derrotado, cansado», mientras espera en Miramar la posibilidad de tomar una de las embarcaciones.
«Fuimos robados, estafados, de todo, y bueno, ya vimos la decisión, gracias a Dios, estamos aquí bien, con (…) salud, con más fuerza que nunca para seguir (…). Pero con todo lo que hemos pasado, ahorita estamos sin dinero y viendo cómo solucionamos para poder llegar hasta nuestro destino nuevamente, reencontrarnos con nuestra familia, nuestros hijos», lamenta.
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