Pandemia puede llevar a 83,4 millones de latinoamericanos a la pobreza extrema

La población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 millones de personas en 2020 producto de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, lo que implicaría un alza significativa en los niveles de hambre, advirtieron este martes la Cepal y la FAO.

Por el aumento del desempleo y la caída en los ingresos, millones de personas no pueden adquirir suficientes alimentos, y muchas otras están teniendo que optar por alimentos más baratos y de menor calidad nutricional, alertaron la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Tras siete años de lento crecimiento, América Latina y el Caribe podría ver la mayor caída del PIB regional en un siglo (-5,3%), lo que traerá en 2020 un aumento de la pobreza extrema de 16 millones de personas con respecto al año anterior, alcanzado los 83,4 millones en total antes mencionados.

El impacto sobre el hambre sería muy significativo tomando en cuenta que en 2016-2018 ya había 53,7 millones de personas en inseguridad alimentaria severa en América Latina.

Lo anterior se desprende del informe «Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria: Acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe» que ambos organismos presentaron de manera conjunta y en el que proponen a los gobiernos un decálogo de medidas para impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria.

– Un bono contra el hambre –

La más destacada de estas propuestas es la entrega de un bono contra el hambre a toda la población en situación de pobreza extrema, una opción tiene un costo estimado de 23.500 millones de dólares, equivalentes al 0,45% del PIB regional.

«La gran tarea que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria. Para ello proponemos complementar el Ingreso Básico de Emergencia (IBE) -sugerido el pasado mes de mayo- con la entrega de un Bono Contra el Hambre (BCH)», indicó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, durante la presentación del informe.

Por su parte, el representante regional de la FAO, Julio Berdegué, señaló en el mismo evento, que tuvo lugar desde Santiago de Chile de manera telemática, que América Latina corre el riesgo de «tener un retroceso histórico en la lucha contra el hambre».

«Podemos perder lo que hemos logrado en quince años en tan sólo un par de meses. Millones de personas pueden caer en el hambre. Esa es la gravedad del problema actual», explicó Berdegué.

Según el informe, el Bono Contra el Hambre podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema por un período de seis meses, equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional (47 dólares de 2010).

Su costo equivaldría al 0,06% del PIB regional, si se entrega únicamente a la población en pobreza extrema mayor de 65 años, o al 0,45% del PIB si se da cobertura a toda la población en pobreza extrema.

La Cepal y la FAO recomiendan la segunda opción, lo que tendría un costo estimado de 23.500 millones de dólares.

– Créditos para productores –

Para los productores del sistema alimentario, ambos organismos de Naciones Unidas plantean un incremento de al menos un 20 % de la cartera promedio de créditos de los últimos tres años, que sumaría alrededor de 5.500 millones de dólares, para créditos en condiciones favorables que sean financiados por una línea especial de la banca multilateral y de las bancas de desarrollo.

Adicionalmente, para las unidades agrícolas familiares más rezagadas, proponen un kit básico de inversión (250 dólares) con un costo de 1.700 millones de dólares en la escala regional, y hacen un llamado a la cooperación internacional para apoyar a los países en mayor situación de vulnerabilidad.

– Otras medidas propuestas –

El decálogo de medidas también incluye una propuesta para fortalecer los programas de alimentación escolar para garantizar el alimento de los niños y adolescentes, programas que para muchos menores son su sustento básico y que antes de la pandemia llegaban más de 80 millones de escolares.

«Deben seguir funcionando, reforzados con alimentos ricos en nutrientes, en barrios urbanos y territorios rurales con altas tasas de incidencia de pobreza extrema», indicaron los organismos.

En este sentido, gracias a las iniciativas de varios países, estos programas escolares están logrando llevar la comida a unos 54 millones de estudiantes aun con los colegios cerrados por la pandemia.

La Cepal y la FAO también propusieron apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil y que se otorgue apoyo financiero (crédito y subsidios productivos) para las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar.

Sugirieron ajustar los protocolos de sanidad y salud en la producción y el transporte de alimentos y en los mercados mayoristas y minoristas, y expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo.

Además, propusieron asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y pescadores artesanales; establecer mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario; e impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones.

Finalmente, expusieron la conveniencia de continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos.