Paquete rojo: distopía en curso

El escenario económico-social venezolano que parecía difícil de cambiar en el corto plazo, a partir del paquete rojo anunciado por el presidente de la República, podría empeorar sustantivamente, dependiendo de cuán severos sean en aplicarlo y obviamente debido a la incompetencia gubernamental característica, aunado a un principio económico universal que la economía y los mercados suelen ser poco “obedientes” a políticas “decretistas” y a instrucciones de corte policíaco-militar. Eso sin menoscabo del aumento de masificación de falsos positivos y la destrucción del precario Estado de Derecho e incentivos en favor de la actividad económica producto de la visión oficialista de la economía, la sociedad y el poder, que continuará provocando el Gobierno, ahora a partir de dicho paquete.

Hace meses (de hecho hace más de un año) habíamos advertido el riesgo de que la actual administración tomará una senda distópica exactamente con los detalles de lo anunciado durante las últimas dos semanas por el presidente de la República (los artículos y los análisis están publicados por lo que pueden revisarse).

Teniendo en mente estas nuevas amenazas que preveíamos llegarían, y sin éxito alguno, asomamos la necesidad de que la sociedad venezolana y los gremios -empresariales, profesionales y académicos- crearan un espacio de análisis económico de las políticas públicas que permitieran advertir a la sociedad venezolana de lo pernicioso de tal modelo de sociedad distópica.

Muy por el contrario algunos opinadores desestimaban tal amenaza simplemente tildándola de simple maquillaje monetario, utilizando argumentos fatuos como que una política pública instrumentalizada por medio de un dispositivo específico es discriminatoria -sin analizar la política de fondo referido a cuál bien tutela, si es viable, si resulta progresiva o no, etc.-; llegando hasta proponer aumentos de salarios sin correspondencia en productividad ni en la posibilidad del pass-through a la demanda especialmente en un escenario de controles de precios; creyendo y apostando a que el petro sería una oportunidad de negocio y no una unidad de fijación y cuenta de precios como lo habíamos advertido y que coadyuvaría a un congelamiento de precios.

En todo caso, resulta de interés revisar los elementos objetivos de lo anunciado para analizar esta nueva amenaza contra la economía y el bienestar de los venezolanos. Resalta especialmente el aumento dislocado del sueldo mínimo con una excusa de financiamiento público por parte del Estado durante los primeros 90 días para tener por argumento y amenaza que no puede haber ajuste en precios y que la estructura de costos se mantendría inalterada: como si no existiría anticipación del vencimiento de tales 90 días y la necesaria capitalización para poder asumir tamaño carga y pasivos laborales a futuro, ni tal periodo ni un eventual poder de compra de la demanda respectiva por producto podría resultar suficiente para re-capitalizar a las empresas, lo que significa que se le pretende imponer a los empresarios que financien y lleven la carga de la financiación inorgánica del déficit y su resultado hiperinflacionario, así como el aumento salarial populista (dramática y especialmente donde no exista posibilidad de pass-through hacia la demanda).

Es de esperarse entonces una brutal cacería de brujas, al menos durante estos tres meses, para luego señalar al sector privado como responsable de la “guerra económica continuada” y del aumento de los precios aún cuando el pass-through resultará inevitable -incluso en el caso de una recapitalización inicial por parte de los propietarios de las empresas y una vez haya vencido los primeros 90 días, si es que estas van a continuar operativas- o porque simplemente ante tamaño financiamiento inorgánico del aumento salarial y ante restricciones de corto plazo sobre la oferta de bienes, servicios y dólares -así como problemas de acceso a materias primas nacionales e importadas- terminará determinándose un precio en los mercados paralelos muy superior a los «precios acordados».

De nuevo la severidad de la aplicación de dicha afrenta a la sociedad venezolana y a principios de libertad económica, del consumidor y de la ciudadanía, dependerá de cuánto daño estarán dispuestos a generar a la economía venezolana. Insistimos, se requiere un debate nacional sobre las regulaciones y las políticas públicas.

* Economista UCV