El Parlamento español debe pronunciarse sobre una iniciativa popular firmada por más de 600.000 personas, y con el apoyo de unas 900 asociaciones, que reclama la regularización excepcional de todos los inmigrantes irregulares que viven en el país.
Esta iniciativa, lanzada hace casi tres años por un colectivo de defensa de migrantes irregulares, será abordada en el pleno por los diputados, que deberán decidir si autorizan el examen formal de una proposición de ley sobre el tema.
La plataforma de izquierda radical Sumar, socia del partido socialista de presidente Pedro Sánchez en la coalición de gobierno, ya expresó que apoya la regularización masiva.
A pesar de estar a favor de que el Parlamento examine esta iniciativa popular, los socialistas se mantienen prudentes y aseguran que el derecho europeo no permite una regularización generalizada de inmigrantes sin papeles.
La iniciativa ciudadana, firmada hasta hoy por 612.000 personas, reclama que se busquen «mecanismos que garanticen» que estas personas «puedan salir de la situación de invisibilidad y ‘no derechos'».
«De acuerdo con las estimaciones más recientes, en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad», recuerda este texto enviado a los diputados, apoyado por 906 asociaciones, así como por la Iglesia.
«Los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos», lamentan, y «el procedimiento administrativo» para obtener el permiso o su renovación «es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad», agregan.
Según los impulsores de esta iniciativa popular, esta situación va contra los derechos fundamentales de los inmigrantes y genera igualmente «la pérdida de un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad», ya que no les permite pagar impuestos.
Los autores del texto recuerdan que las políticas de regularización masiva fueron implementadas en varias ocasiones durante las últimas décadas en la Unión Europea, en particular en España.
En el año 2000, el presidente conservador José María Aznar regularizó a casi 137.000 inmigrantes ilegales, antes de endurecer las condiciones de concesión de permisos de residencia.
En 2005, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero regularizó, de su lado, a unos 580.000 inmigrantes irregulares durante un proceso «excepcional» que le valió críticas en Europa.
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