Pedro Carreño pidió enjuiciar a fiscal Luisa Ortega Díaz

El chavismo contraatacó en su guerra con la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, al pedir el viernes al máximo tribunal venezolano que autorice su enjuiciamiento luego de que la funcionaria emprendió acciones legales contra la Asamblea Constituyente que impulsa el presidente Nicolás Maduro.

El bloque oficialista en el Parlamento la acusa de «mentir» y planteó la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno.

También pidió «enajenar» los bienes de la funcionaria, «en caso de que sus actuaciones hayan causado daño» al patrimonio público y prohibirle la salida del país, informó el diputado chavista Pedro Carreño.

Confesa chavista, Ortega se ha convertido en una dura adversaria de Maduro y de los magistrados del TSJ, a los que acusa de haber roto el orden constitucional.

«Introduzco este escrito ante el Tribunal Supremo de Justicia para que (…) inicie el proceso que establecen las leyes, califique la falta grave y declare si hay mérito para enjuiciar a la fiscal», dijo Carreño a periodistas.

Añadió que Ortega mintió al asegurar que no había respaldado la preselección de 33 magistrados del TSJ en diciembre de 2015.

Como parte del proceso de designación de jueces a cargo del Legislativo, Ortega debía validar las candidaturas en el Consejo Moral Republicano, que integra junto con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

«Ella mintió al país. Serán consideradas como faltas graves del fiscal atentar, amenazar o lesionar la ética pública», dijo Carreño al mostrar un acta que según él prueba la irregularidad.

«Fraude» para destituir

Según la ley venezolana, la remoción de los integrantes del Consejo Moral corresponde al Parlamento, previo pronunciamiento del TSJ en Sala Plena, «que declare que hay mérito para su enjuiciamiento».

La Asamblea legislativa, de amplia mayoría opositora, respalda a la fiscal en su enfrentamiento con Maduro y el máximo tribunal.

Sin embargo, desde hace año y medio la cámara fue declarada en desacato por el TSJ, que considera nulas sus decisiones.

En el pasado la corte invocó la figura de la «omisión legislativa» para avalar por ejemplo un decreto de emergencia económica dictado por el mandatario socialista.

El jurista José Ignacio Hernández opinó en Twitter que el oficialismo pretende «destituir a la fiscal» mediante un «fraude».

Este viernes, el TSJ rechazó un pedido de Ortega para que autorizara un juicio contra ocho de sus magistrados, al acusarlos de violar la Constitución.

La Sala Plena del TSJ «declaró no ha lugar la solicitud de antejuicio de mérito realizada por la Fiscal» y decretó el sobreseimiento de la causa, según nota oficial.

La funcionaria ha presentado en las últimas dos semanas siete acciones legales en la corte contra un grupo de magistrados y la Constituyente convocada por Maduro, de los cuales cuatro ya fueron desestimados.

«Esto demuestra que el TSJ (…) actúa con clara parcialidad política, no sólo la Sala Penal, que decidió sin juicio, sino también su Sala Constitucional y su Sala Electoral», dijo Hernández a la AFP.

La resolución de la Sala Plena fue redactada por el presidente del TSJ, Maikel Moreno, un controvertido juez cercano a Maduro que este viernes recibió la solicitud de juicio de la bancada chavista.

Contra la Constituyente

Pese al rechazo de la corte a sus acciones Ortega interpuso el jueves ante las salas Constitucional y Electoral tres recursos que buscan evitar que esa iniciativa avance hacia la elección de los asambleístas, prevista para el 30 de julio.

La fiscal argumentó que el presidente, según la Constitución, sólo puede «proponer» una Constituyente, pero «esa iniciativa debe ser sometida a la aprobación» en referendo.

El miércoles, la máxima corte venezolana también desestimó un recurso de Ortega que impugnaba el nombramiento de los 33 magistrados del TSJ por «irregularidades», alegando que ella no lo aprobó.

El TSJ reiteró ese día su advertencia de que quienes propicien actos contra esas designaciones quedaban sujetos a «responsabilidad penal, civil y administrativa».

El gobierno señala a Ortega de «traidora» y de presentar los recursos legales para alentar las protestas opositoras que exigen la salida de Maduro en eleciones generales, que se llevan a cabo desde el 1 de abril, y dejan 73 muertos.