El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, obtuvo el acuerdo del partido del independentista catalán Carles Puigdemont, indispensable para volver a ser investido como jefe del ejecutivo en España, a cambio de una polémica ley de amnistía que ha disparado la tensión en el país.
Tras semanas de intensas negociaciones, el Partido Socialista de Sánchez y la formación de Puigdemont (Junts per Catalunya) firmaron su acuerdo en la mañana del jueves, informaron ambas formaciones en mensajes a la prensa, sin dar detalles del contenido.
Carles Puigdemont comparecerá a las 13H00 GMT desde Bruselas, cerca de donde reside desde su salida de España en 2017 para esquivar a la justicia española. Santos Cerdán, número tres del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) encargado de este tramo de las negociaciones, hablará a las 11H00 GMT desde la capital belga.
Dado por muerto políticamente hace apenas unos meses, Sánchez parece muy cerca ahora de lograr una nueva investidura después de haber contradicho los sondeos que proyectaban su derrota definitiva en las elecciones legislativas del 23 de julio, celebradas solo dos meses después de la debacle de la izquierda en las elecciones locales.
En el poder desde 2018, Sánchez aguantó mejor de lo previsto ante su rival conservador Alberto Núñez Feijóo, cuyo Partido Popular (PP, derecha) ganó las elecciones, pero no consiguió después los apoyos suficientes de otras formaciones para ser investido por el Parlamento.
A cambio de los votos indispensables de los diputados independentistas catalanes, el socialista tuvo que ceder ante su exigencia de impulsar una ley de amnistía para sus dirigentes y militantes procesados por la justicia española, principalmente por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017.
Esta ley, que debería permitir el regreso a España de Puigdemont, tendrá que ser votada en el Parlamento, en cuanto Sánchez sea investido por los diputados, previsiblemente la próxima semana. El miércoles, la Comisión Europea pidió a Madrid «información detallada» sobre este proyecto de amnistía.
Derecha movilizada en España
Sánchez -quien llegó al poder en 2018 gracias, entre otros, al apoyo de los partidos catalanes- indultó en 2021 a los nueve dirigentes separatistas condenados a prisión por su implicación en la intentona separatista y, al año siguiente, su mayoría reformó el Código Penal para suprimir el delito de sedición por el que fueron condenados.
Pero esta nueva concesión a los independentistas subió la tensión en el país.
La derecha y la extrema derecha acusan al socialista, quien se oponía en el pasado a la idea de una amnistía, a estar dispuesto a todo para mantenerse en el poder.
Numerosas manifestaciones se convocaron sobre la medida, y las últimas movilizaciones de la extrema derecha frente a la sede del Partido Socialista en Madrid terminaron en enfrentamientos con la policía, unas imágenes de violencia poco frecuentes en España.
Organizaciones próximas al partido de extrema derecha Vox llamaron a una nueva protesta en la noche del jueves contra lo que califican como un «golpe de Estado».
«Estamos ante un acuerdo vergonzante con el que Sánchez va a humillar a España», al estar apoyado por un «prófugo de la justicia», criticó de su lado la número dos del PP, Cuca Gamarra, en referencia a Carles Puigdemont.
Figura ascendente de la derecha, la presidenta de la región de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, llegó a acusar al presidente del gobierno de estar implementando una «dictadura».
El Partido Popular llamó a sus simpatizantes a concentrarse el domingo en todas las capitales de provincia contra la medida, y otra gran manifestación está prevista en Madrid el sábado 18.
Más allá de la oposición de la derecha y del sector conservador de la magistratura, que estima que esta amnistía es una grave amenaza al Estado de derecho, Sánchez enfrenta las críticas de algunos de los barones más moderados de su partido.
Además, en cuanto consiga ser investido nuevamente presidente del gobierno, deberá manejar una mayoría que se anuncia inestable.
Todo apunta a que el partido de Puigdemont y los nacionalistas vascos del PNV, muy cercanos al mundo empresarial, pueden tener dificultades para votar la reducción de la semana de trabajo a 37,5 horas, medida insignia del acuerdo de gobierno firmado entre los socialistas y su principal aliado, la plataforma de extrema izquierda de Sumar.
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