Perú año 2000: elecciones y cambio político

Convocado el proceso electoral presidencial peruano en el año 2000, ante las denuncias de fraude por la oposición, la OEA designó una comisión encabezada por el guatemalteco Eduardo Stein para realizar las observaciones respectivas autorizadas por el gobierno.

Las relaciones entre el régimen fujimorista y la Misión no fueron pacíficas tildándolas entre otros epítetos de “neocolonialistas”, “politizadas” y “comunistas”. Las observaciones elevadas al Consejo Permanente y Asamblea General ponían en duda la transparencia del proceso: “De acuerdo a los estándares internacionales, el proceso electoral peruano está lejos de considerarse libre y justo”.

La Misión elaboró un informe preliminar sometido a la consideración del Secretario General el 31 de mayo del 2000, después de la realización de la segunda vuelta electoral presidencial. El Consejo Permanente trató este particular a solicitud del embajador de Costa Rica ante la OEA Hernán Castro junto con otros 17 representantes de los países miembros; posteriormente un Resumen Ejecutivo el 02 de junio presentado en el Trigésimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, el Informe Completo fue remitido al Consejo Permanente por el Secretario General el 12 de diciembre.

No se llegó a afirmar la ocurrencia de fraude en las elecciones, pero concluyó su irregularidad, a la vez la Asamblea General no cuestionó la validez. Los ex presidentes Jimmy Carter en representación del Centro Carter, de Costa Rica, Rodrigo Carazo y ex Primer Ministro de Barbados, Erskine Sandiford en carta abierta dirigida a los cancilleres de las Américas en ocasión a la instalación la XXX Asamblea General de la OEA en la ciudad Windsor Canadá – 4 al 6 de junio- solicitaron declarar que las elecciones peruanas no cumplieron los estándares mínimos de la democracia, y envíe una misión a Lima para negociar maneras de restablecerla y considerar como “interrupción irregular del proceso democrático” definida en la Resolución 1080.

La OEA no condenó al régimen fujimorista a pesar de las denuncias del equipo de observadores; así también la posición de Venezuela, Brasil y México de no tomar medidas colectivas enérgicas. Mario Vargas Llosa denunció la tímida la actuación del Secretario General César Gaviria comparada del ex canciller guatemalteco Eduardo Stein en su dictamen de la Misión de Observadores Electorales por las correspondientes denuncias.

Los gobiernos de EEUU y Canadá insistieron en la necesidad de tomar alguna acción; la representación del Canadá planteó el envió de una Misión de Alto Nivel al Perú aceptada la propuesta por el canciller peruano Fernando de Trazegnies Granda manteniendo la posición que en las elecciones no hubo fraude sino deficiencias.

La propuesta aprobada por la Asamblea General de la OEA por unanimidad mediante Resolución 1753, del 05 de junio del 2000, autorizó el envío de la Misión a Lima para buscar «formas de perfeccionar la democracia», sin cuestionar la validez de los comicios. Iniciándose con una preliminar al Perú entre 19 al 23, de julio del 2000, conformada por Peter Bohem, embajador del Canadá ante la OEA y el Jefe de Gabinete del Secretario General de la OEA Fernando Jaramillo.

En el plano interno actuó la organización no gubernamental Transparencia, que dio cuenta de las irregularidades. El hecho puntual argumentado por la oposición es que en el proceso electoral del 09 de abril de 2000, los sondeos de opinión adjudicaban al candidato de la oposición Alejandro Toledo 46,63% y al oficialismo 43,63%, para luego adjudicar al oficialismo 49,9% frente al 37,6% a la oposición; el fraude habría radicado en que 9.282.464 electores emitieron 10.659.792, votos validos, es decir 1.377.328, sufragios “fantasmas”.

La OEA y el Centro Carter denunciaron las irregularidades y no garantizaron la transparencia de la segunda vuelta. Valentina Lares sintetiza las “observaciones” de la Misión: “En el plano técnico, la misión observó que no fueron tomadas en cuenta sus opiniones acerca de la necesidad de una mejor capacitación de los miembros de mesa, permitir el acceso equitativo de los candidatos a los medios de comunicación, cesar el hostigamiento a la oposición, cesar el uso de recursos públicos para las candidaturas oficiales y organizar un proceso electoral más diáfano, con mejor distribución de material y un mejor sistema de emisión de resultados. El jefe de la Misión de la OEA, Eduardo Stein, sugirió que se retrase la segunda vuelta de los comicios para entonces dar espacio a la resolución de los problemas, pero la negativa del Gobierno peruano activó la orden del secretario general del organismo hemisférico de retirar sus observadores”

La oposición liderada por Alejandro Toledo, con una actitud firme e inequívoca no asistió a la segunda vuelta electoral prevista en la Constitución en virtud que no había logrado el oficialismo la mayoría absoluta de votos. La movilización popular, la conducción de un liderazgo único y homogéneo y no aceptar las condiciones electorales impuestas por el régimen implicó una deslegitimación del gobierno nacional e internacionalmente; mantuvo vivo al movimiento opositor hasta la renuncia de Fujimori el 19 de noviembre del 2000.

La instalación de una “Mesa de Diálogo” impulsada por la Misión de Alto Nivel de la OEA encabezada por el Secretario General César Gaviria y el canciller canadiense Lloyd Axworthy presentes en Lima entre el 27 y 30 de junio; cuya actuación se verifico entre agosto – noviembre del 2000, fue interpretada por respuesta a la ineficiencia de las entidades estatales o políticas llamadas a solucionar el conflicto político o social creando una “estatalidad paralela”; proponiendo una lista de 29 puntos que sentarían las bases para iniciar el diálogo aceptada por el gobierno previamente por la oposición.

El 11 de julio del 2000, se designa al embajador Eduardo Latorre, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana como Secretario de la Misión cuyo mandato “es propiciar el dialogo entre los diferentes sectores de la sociedad peruana y el gobierno, monitorear el proceso de fortalecimiento de las instituciones democráticas en el Perú y la implementación de las recomendaciones hechas por la Misión Especial y aceptadas por el gobierno los diferentes sectores de la sociedad peruana”; iniciándose la Mesa de Diálogo de la OEA el 21 de agosto.

Al asumir el tercer mandato presidencial –28-07-00-, las protestas y movilizaciones de la oposición sumió al Perú en un estado de ingobernabilidad de hecho y moral aunado al escándalo de los sobornos realizados por Vladimiro Montesinos, asesor de seguridad del Presidente a miembros del parlamento documentados en videos – Kouri Montesinos – dados a conocer a la opinión pública el 14 de septiembre , más el caso del contrabando de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- adquiridas en Jordania generando el fortalecimiento de la Mesa. A raíz de estos hechos el 16 de septiembre Fujimori anuncia reducir su mandato presidencial y parlamentario a un año – julio 2001- .

En el marco de la Mesa de Diálogo con presencia del Secretario General César Gaviria se acordaron reformas constitucionales en relación a la prohibición de reelección presidencial y reducción del mandato presidencial y parlamentario a un año – 28 y 26, de julio de 2001, respectivamente – ratificados por el Congreso el 02 de noviembre, se acordaría por fecha tope el 08 de noviembre para aprobar por el legislativo la celebración de elecciones generales para el 08 de abril del 2001; manifestando la OEA su satisfacción por la “posición responsable asumida” por el gobierno.

Se produciría la desintegración de la bancada fujimorista en el Congreso. El 19 de noviembre del 2000, Alberto Fujimori, comunicaba a su primer ministro su intención de renunciar a la presidencia desde Japón; quien había salido del país para asistir al foro APEC en Brunéi país del sudeste asiático. Luego de ello debía dirigirse a Panamá para otra cumbre, pero decidió quedarse en Tokio; remitiría su carta de renuncia al Congreso vía fax.

La crisis del Perú en el 2000, corroboraría la hipótesis que la movilización sostenida de la oposición es más efectiva para generar procesos de democratización si la comunidad internacional organizada se involucra contrario al supuesto de actuar sola.

* Abogado UCAB- Internacionalista UCV