Crisis política no detiene el crecimiento económico de Perú

Perú vive inmerso en una crisis política que ha impactado negativamente en los niveles de aprobación de todos los poderes del Estado.

La existencia de una red de corrupción que incluye a jueces, fiscales, congresistas y empresarios determina un complejo y adverso escenario, que aumenta la desafección ciudadana y erosiona la legitimidad institucional.

La difusión pública en junio de audios evidenció el tráfico de influencias entre jueces de distintas instancias e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). El calibre de los audios e interceptaciones telefónicas confirma las peores presunciones sobre la debilidad de las instituciones públicas en Perú.

Debido a estas situaciones, en Perú se produjeron varias movilizaciones y protestas en las calle.No obstante, llama la atención, que el país continúa liderando el crecimiento económico en toda Latinoamérica. Según el último informe del FMI, el PIB nacional cerrará con una expansión de 3,7 por ciento este año y se acelerará a 4,1 en 2019. Son tasas superiores a las proyectadas para América Latina y el Caribe, en términos promedio.

Una grave crisis política desatada que amenaza a la frágil democracia peruana

La crisis política desatada es tan grave que tiene el potencial para acabar afectando de forma seria a la frágil democracia peruana.

Por ello en respuesta, el presidente Martín Vizcarra, aprovecha la ocasión y anuncia diversas reformas que serán sometidas a consulta. Es una iniciativa que le permite retomar la iniciativa política maniatada por la mayoría fujimorista que domina el congreso unicameral desde mediados de 2016.

Puede afirmarse que el contexto para introducir reformas estructurales para mejorar el funcionamiento de la justicia y del sistema político es favorable.

Entre las propuestas se encuentra la reforma integral del CNM, ente encargado de nombrar y deponer jueces y fiscales en Perú.

Destaca asimismo la reforma político-electoral relativa al control del origen y las cantidades de financiamiento destinadas desde el sector privado a las campañas electorales. En la medida de lo posible debería incluir el financiamiento público, tratando de prevenir la penetración de dinero de origen ilícito.

Otra de las cuestiones propuestas es la reintroducción de la bicameralidad, cuyos efectos bien estructurados podrían ser positivos. La cámara del bajo congreso bicameral debería contar con una mayor cantidad de representantes por cada circunscripción electoral, elegidos bajo un criterio que respete la proporcionalidad. La nueva cámara alta, con un número fijo de representantes ampliaría los espacios de discusión política.

En cualquier caso, tratar de convencer a los peruanos de la necesidad de la reintroducción de la bicameralidad supone todo un desafío. El nivel de rechazo hacia el congreso es ahora muy alto y la ciudadanía se muestra mayoritariamente reacia a considerar una ampliación de la cantidad de representantes y de contar con una cámara extra.

No obstante, una propuesta que recibiría mayor apoyo en la consulta es la de la eliminación de la reelección de los congresistas. Sin embargo, esto puede tener efectos negativos debido a las consecuencias que ha tenido la reciente eliminación de la reelección de gobernadores regionales y alcaldes. Con esta reforma se impide presentarse inmediatamente después de un período a cargos ejecutivos en regiones y alcaldías con el resultado de un aumento de la presencia de parientes que se postulan para continuar en esos cargos.

En contraposición, en el caso del Congreso, la tasa de reelección es ya de por sí muy baja. En cada legislatura una mayoría de los representantes que llegan son neófitos, sin experiencia política previa y solo se quedan por un período. La experiencia acumulada en el ejercicio de la representación debe – en vez de ser limitada – ser alentada para fortalecer su calidad.

En resumen: las condiciones estructurales para la consulta anunciada son buenas. Se ha generado entusiasmo ciudadano. Así lo muestran los primeros sondeos de opinión. Las reformas que en último término se introduzcan en Perú servirán junto al presente ciclo de expansión económica para afianzar una democracia todavía precaria.

Se espera que el referéndum propuesto por el presidente, y una vez ratificado por el Congreso, se lleve a cabo en diciembre.