Perú sigue enfrentando al fantasma de Sendero Luminoso luego de 25 años

La captura del líder del maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, cumple 25 años, un aniversario matizado entre homenajes a quienes lo atraparon e impulsaron la derrota de esta agrupación considerada terrorista en Perú, y la incertidumbre ante la inminente excarcelación de emblemáticos integrantes.

El Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (SL), su nombre real, no ha desaparecido de la agenda peruana y, un cuarto de siglo después de esa captura, pugna por devenir un movimiento político legal reiventándose y dejando de lado la lucha armada.

Guzmán cayó el 12 de septiembre de 1992 en manos de la policía, en una operación de inteligencia sin disparos. Entonces gobernaba el autócrata Alberto Fujimori (1990-2000). Dicha acción descabezó a la cúpula de la organización y puso fin a 12 años de clandestinidad de su jefe.

Estaba oculto en una casa en Lima, donde funcionaba como fachada una academia de danza moderna a cargo de la entonces joven bailarina de familia acomodada, Maritza Garrido Lecca, próxima a cumplir su condena de 25 años este mes.

Esta semana el Congreso, controlado por el partido fujimorista Fuerza Popular, nombró «Héroes de la democracia» a los 87 policías del Grupo Especial de Inteligencia (Gein), la unidad que atrapó a Guzmán luego de casi tres años de investigaciones secretas.

Libros de periodistas y una película sobre este capítulo de la historia peruana, también ven la luz por estos días.

Parte de la cúpula de SL empezará a salir en libertad en 2017, al cumplir condenas de hasta 25 años. Cálculos de la defensa de Guzmán señalan que quedan unos 500 presos de SL de un total de 5.000 que había hace más de una década.

-¿Votos por bombas?-

El líder senderista, hoy de 82 años, vive aislado en una prisión en una base naval cerca de Lima, cumpliendo condena a perpetuidad. Desde prisión propuso un frustrado acuerdo de paz en 1993 y anunció una tregua, que acabó en el colapso militar del grupo.

De Sendero subsiste una facción remanente de unos 400 hombres, aliada al narcotráfico en valles cocaleros del sureste de Perú, supuestamente ajena a la autoridad de Guzmán.

En ese contexto surgió en 2009 el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), promovido por Guzmán y acusado por las autoridades de ser el brazo legal de la guerrilla para reactivar su agrupación. Sus líderes y abogados de Guzmán, Manuel Fajardo y Alfredo Crespo, lo niegan.

El Movadef, que reúne a militantes excarcelados, estudiantes, maestros, trabajadores y familiares de los condenados por terrorismo, reclama la amnistía de los dirigentes de Sendero y pide participar en elecciones.

Sus intentos de inscribirse ante los organismos electorales han fracasado porque, según las autoridades, «posee una ideología que tiene como praxis la violencia para tomar el poder».

Para el gobierno el Movadef es lo mismo que SL, pese a que nadie ha perpetrado acto violento alguno en nuestras filas, dice a la AFP Manuel Fajardo, su secretario general.

«El Movadef no tiene por qué renunciar a algo que ya es historia, como la lucha armada. Se juzga el pasado, no el futuro», aclara, y subraya «que ya no hay campo para la lucha armada porque la sociedad cambió».

Sendero ha sido comparado con el Jemer Rojo de Camboya. Es responsable de más de la mitad de los 70.000 muertos que dejó el conflicto entre 1980 y 2000, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

¿Arrepentimiento?

¿Puede SL tener el mismo futuro que las FARC en Colombia de entrar en la vida política? El historiador Antonio Zapata, autor de «La guerra senderista, hablan los enemigos», recuerda a la AFP que en Perú, un militante del Partido Aprista (al que pertenece el exmandatario Alan García) asesinó a un presidente en 1930 en medio de levantamientos populares, entrando al sistema político en 1950.

Pero eran otros tiempos y Sendero está muy lejos de eso. «Para una reconciliación (SL) tendría que pedir perdón, asumir sus responsabilidades (…) el problema del Movadef es que el jefe de SL no lo ha pedido». Y el historiador ve dificíl que eso ocurra.

La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, espera que la fiscalía acoja una denuncia para dejar al margen de la ley al Movadef. Para ello han endurecido una norma de apología de terrorismo, que sancionará a exterroristas que participen en marchas del Movadef.

La policía sospecha que bajo el engaño de sumarse a la democracia, SL quiere retomar la lucha armada, captando a jóvenes indignados y excluídos del actual auge económico del país, ante la falta de un debate político y una sensación de que nuevas generaciones ignoran en su mayoría el terror que provocó Sendero.

Según la policía, el Movadef cuenta con 2.500 integrantes.