Poderes públicos exhortan al TSJ a revisar polémica sentencia

Los representantes de los poderes públicos del país exhortaron la madrugada de este sábado al máximo órgano judicial a revertir una polémica sentencia que desató manifestaciones y el reclamo internacional por atribuirse facultades legislativas.

En la semana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que su sala constitucional asumirá el rol del parlamento, de mayoría opositora, al considerar que este cuerpo permanece en «desacato» por no haber desincorporado a tres de sus miembros acusados de comprar votos.

«El Consejo de Defensa de la Nación, presidido por el presidente Nicolás Maduro ha decidido (…) exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes», dijo el vicepresidente Tareck El Aissami, leyendo un comunicado desde el palacio presidencial.

El Consejo de Defensa es el máximo órgano de consulta en asuntos relacionados con la defensa y soberanía nacional y está integrado por los presidentes de los poderes públicos, altos mandos militares, el vicepresidente y la canciller.

Minutos antes, Maduro aseguró que tras la reunión se había logrado superar el «impasse» entre el TSJ y la fiscal general, Luisa Ortega, quien criticó temprano el fallo de la justicia.

«En las recientes decisiones se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución», dijo Ortega este viernes, durante la presentación de su informe anual, ante el aplauso de los asistentes.

«Lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación», agregó.

El Ministerio Público, junto al Contraloría y la Defensoría del Pueblo, constituyen el Poder Ciudadano, uno de los cinco poderes públicos de Venezuela. Ortega, de 59 años, ha estado a cargo de la fiscalía desde el 2007 y siempre fue percibida como una figura cercana al Gobierno.

Aunque el tribunal supremo revierta su fallo, la Asamblea Nacional seguirá bloqueada por la justicia, impedida de aprobar leyes, como ha sucedido desde que asumió funciones en el 2016.

 ¿MÁS PROTESTAS? ¿MÁS PRESIÓN?

La oposición señala a Maduro como el principal responsable de la grave crisis económica que sufre Venezuela, con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez de alimentos y medicinas, pero el mandatario sostiene que sus adversarios libran una «guerra económica» con el fin de desbancarlo.

Desde que el presidente asumió en 2013, la oposición ha protestado en las calles para exigir la liberación de presos políticos, elecciones generales y la apertura de un canal humanitario, pero no ha logrado sus objetivos.

Decenas de opositores volvieron a las calles el viernes clamando elecciones.

«Es la hora de movilizarnos. Contra la dictadura no se lucha por horas, es un tema de las mujeres que no tienen comida para sus hijos, de la gente que no tiene medicinas», dijo David Pernia, un estudiante de 29 años en Táchira.

La presión internacional creció el viernes. El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos instó al supremo a reconsiderar su decisión de asumir poderes legislativos.

Colombia llamó a su embajador para «informar» sobre la situación y rechazó la agresión a una periodista por parte de efectivos de la Guardia Nacional cuando reporteaba desde el TSJ. Otros medios también denunciaron agresiones.

Además, el Mercosur convocó para el sábado a una reunión de urgencia para tratar la situación en Venezuela. Y la OEA celebrará una reunión extraordinaria de su consejo permanente el lunes, a pedido de 20 países de la región, incluidos Estados Unidos y Canadá.

«La administración (de Maduro) se verá sometida a una intensa presión, tanto internamente como desde fuera. Por consiguiente, es probable que el papel de las Fuerzas Armadas sea cada vez más importante», opinó el analista Nicholas Watson, de la consultora Teneo Intelligence.