Políticas fiscales = más inflación

En el presente artículo analizaremos las consecuencias de implementar en Venezuela políticas fiscales y tributarias coyunturales que no ayudan a reactivar a la economía, sino por el contrario ahuyenta las inversiones privadas extranjeras y nacionales.

En esta importante materia se rediseñó la política fiscal y tributaria mediante la degradación y desmontaje de los sistemas habituales de financiamiento interno. Ante la caída del precio petrolero, la coyuntura económica, la inflexión monetaria y la ausencia de una tasa cambiaria oficial acorde al momento económico, el Estado ha recurrido a la emisión monetaria o monetización del déficit fiscal para maniobrar la crisis. Cuestión que ha servido de insumo para acelerar procesos inflacionarios.

Es de recordar que recientemente se anunciaron medidas en el ámbito fiscal que son productos entre otras de exonerar del pago de Impuesto sobre la Renta los enriquecimientos de fuente territorial y extraterritorial obtenidos por Petróleos de Venezuela, S.A (Pdvsa), empresas filiales y las empresas mixtas domiciliadas o no en Venezuela.
Adicionalmente se incrementó del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12% a 16%. Esto al final lo pagará el consumidor y traerá más inflación.

Además, se incrementó del Impuesto a las Transacciones Financieras de 0,75% a 1%, que pagan los Contribuyentes Especiales. Señalando que para el sector financiero y asegurador será de 2%, no deducible de Impuesto sobre la Renta, violando principios tales como legalidad, equidad, capacidad económica, progresividad, entre otros.

Por otro lado, se cambiará la periodicidad de impuesto al fisco de quincenal a semanal, «para que ese dinero entre a las arcas y se convierta más rápido en inversión social según este es el objetivo». Además, se fija el pago de anticipos mensuales del ISLR de 0,5% al 2%.

Estas medidas especiales de acuerdo al principio de legalidad, deberían ser emitidos por la Asamblea Nacional que es el órgano autorizado para crear o modificar leyes. Por lo que estamos a la espera de la emisión de las correspondientes decretos de Gaceta Oficial y modificación de Leyes Fiscales tales como Ley del IVA, Ley de Impuesto sobre la renta, Ley de Impuesto a las transacciones financieras, Código Orgánico Tributario entre otros.
El Código Orgánico Tributario debe ofrecer posibilidades a los contribuyentes para defenderse cuando se le hagan reparos.

El Seniat, debería fiscalizar más los montos declarados y pagados, y menos las formalidades menores.

Ninguna empresa debería cerrarse porque en el momento de la inspección (no anunciada) los libros relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se encuentren fuera de la empresa en las oficinas del contador (propio o contratado), o por errores inmateriales o de interpretación como tantas veces ha ocurrido, sin haberle dado derecho razonable a la defensa.

Si el Seniat hace una inspección y cierra la empresa de inmediato, y días después la empresa demuestra que no cometió las faltas por la que la cerraron, el debería indemnizar a la empresa que irresponsablemente cerró. Si bien los contribuyentes deben pagar todos sus impuestos a tiempo, el Seniat también debe devolver a tiempo todo lo que le corresponda devolver. Si los contribuyentes que se retrasen deben pagar corrección monetaria e intereses, lo mismo debe hacer el fisco por sus propios retardos.

El Estado debería tratar de que el sistema impositivo sea un factor de promoción de inversión y no de lo contrario.

Los deberes formales relacionados con los tributos resultan tan exagerados, que puede afirmarse que ningún contribuyente aguanta una inspección del Seniat.

Ello no solo inhibe las inversiones, también tiene otras consecuencias graves. Suele creerse erróneamente que en Venezuela, a diferencia de tantos otros países, los impuestos son bajos y son evadidos. Ambas aseveraciones están lejos de la verdad.

Por cada bolívar que cualquier empresa logra vender, salvo excepciones, al público se le obligara a pagar un IVA de 16%; pero además de ese IVA que se le cobra directamente al consumidor, las empresas pagan varios otros impuestos por cada bolívar producido.

Las empresas tendrán que entregarle al gobierno central, entre 34%, la segunda tasa más elevada del mundo.

Se ha impuesto un sistema estricto de facturación y de retenciones en casi todas las transacciones de importancia. Las visitas del Seniat a las empresas ocurren con exagerada agresividad violando principios constitucionales tales como debido proceso, propiedad privada y libertades económicas, sin permitirle razonablemente el derecho a la defensa.

El Seniat ha creado una figura de «contribuyentes especiales» para observarles todos sus movimientos, agregarles cargas administrativas adicionales y asegurar de manera especial todos sus pagos. Al principio los contribuyentes especiales fueron un grupo de empresas grandes. Pero cada día entran a ese club empresas más pequeñas. También han obligado a pertenecer a este grupo tan controlado, a organizaciones sin fines de lucro.

La empresa privada es pequeña, entre tantas razones, porque las leyes impositivas, están lejos de ser amigables con la inversión privada, los controles de precios y de cambio las asfixian, porque las principales empresas fueron estatizadas, y porque el estado se ha reservado para si las actividades con mayor potencial de éxito económico. Los cierres de empresas, que hacen la Superintendencia de Precios Justos y el Seniat, resultan un abuso inexcusable y contribuyen a que la economía no pueda florecer y generar impuestos.

Por otra parte, las cargas administrativas inevitables para poder cumplir con todos los impuestos que se le han impuesto a la empresa establecida en Venezuela, están entre las más altas del mundo.

Tenemos que preguntarnos ¿Para qué está el IVA y el ISLR no petrolero y toda la recaudación petrolera?

Problema mayor es la inestabilidad de las leyes. Todo el sistema legal, incluyendo todo lo que se refiere a lo impositivo, cambia con demasiada frecuencia.

Los impuestos deben simplificarse, rebajarse y algunos anularse, de manera tal, que se incentive una economía más eficiente, capaz de impulsar la inversión y el empleo. Por ello, los impuestos pueden ser un factor de progreso o no.

En conclusión, todo país que quiera desarrollarse, debería estar en capacidad de poder presumir que su sistema impositivo, aparte de captar recursos, es además, favorable a la inversión.

Hay que ir más allá para evitar que las empresas o accionistas paguen por ganancias de papel generadas por el proceso inflacionario. El remedio más sano para todos sería abatir la inflación, hecho que en toda Latinoamérica, excepto Argentina y en nuestro país. Se requiere políticas económicas sensatas y no controles.

Lo que necesita el país no es subir impuestos ni forzar a gente a pagar ISLR, sino liberar la economía, para que tenga posibilidades de funcionar y suban los ingresos de todos. Cuando esto ocurra, habrá muchas personas declarando y pagando ISLR. Téngase presente, que si bien la gente de bajos recursos no paga ISLR, si paga IVA y una serie de otros impuestos implícitos en los precios, cuando compra bienes o servicios en negocios que, cumplen con las leyes.

Para concluir me permito sugerir y recomendar las siguientes acciones en el ámbito tributario:

1. Eliminar exenciones/exoneraciones del IVA y bajar la tasa básica del impuesto, actualmente de 12% a la mitad, de manera que el fisco siga cobrando lo mismo, pero sin hacerle daño a tantas empresas que pagan IVA pero que por razones de exenciones/exoneraciones, no lo pueden recuperar al momento de vender.

2. Suprimir las retenciones de 75% (a veces de 100%) del IVA que tanto afectan a contribuyentes especiales. En teoría estas retenciones terminarían compensándose, en la práctica, muchas veces nunca se compensan. Sabemos de pequeñas empresas ansiosas de vender que se niegan a contratar con Contribuyentes Especiales, porque la retención del 75% y hasta del 100% que se les hará cuando les paguen su factura, será demasiado onerosa para ellas.

4. Estudiar la posibilidad de cambiar el IVA por un impuesto a las ventas que cobrarían los gobiernos regionales y locales (un porcentaje sobre ventas escogido por cada región, preferiblemente con un tope). Tal cambio eliminará problemas asociados con la manera y la oportunidad como el gobierno central devuelve lo cobrado en cada región. Además por su sencillez, reduciría las cargas administrativas para los contribuyentes que implica el IVA, lo cual le daría vigor a las empresas actualmente forzadas a cobrar y. pagar este impuesto, y estimularía la formalización de tantas empresas pequeñas.

* Contador Público. Abogado Tributario. Docente UCAB en Derecho Tributario y Financiero.