Populismo e ignorancia regulatoria: Caso Sundde vs Makro

El portal de noticias, opinión y análisis económico Banca y Negocios informó esta semana que el martes 21 de noviembre de 2017 el economista francés Jean Tirole, premio Nobel de Economía, habría asegurado que el populismo y el “mal gobierno económico” son los culpable de la situación económica de Venezuela.

Resulta contundente tal afirmación porque difícilmente un Gobierno populista podría tildar a Tirole de neoliberal, intelectual que fue laureado Nobel 2014 por sus aportes a la teoría sobre regulación económica de las empresas con poder de mercado.

Más allá, el Gobierno venezolano ha desarrollado su política económica alrededor de un modelo regulatorio-redistributivo y un discurso cargado de términos exclusivos de la economía regulatoria como: especulación, monopolios, regulación, control de precios, acaparamiento, boicot, manipulación de los factores de producción, “desabastecimiento programado”, precios excesivos, cartel, poder de mercado, abuso de posición de dominio, etc.

Sin embargo, todos estos conceptos que abundan en la exposición de motivos y en la redacción de normas y políticas públicas-regulatorias suelen adolecer de vacío de contenido o falta de su comprensión por parte de los redactores y los administradores de las normas y las políticas. Una especie de “economía de decreto” dirigida más sobre los síntomas que sobre las causas, en ocasiones deliberadamente para no asumir responsabilidades y en otras ocasiones por absoluto desconocimiento económico en materia regulatoria; exacerban las fallas de Gobierno y la crisis económica y social venezolana.

Queremos traer a colación el caso de Makro por lo reciente, pero es que lamentablemente ocurre en todos los sectores de la economía desde las empresas básicas productores de insumos fundamentales, pasando por la industria transformadora, la industria de Olefinas-plásticos, la industria química, la agricultura y ganadería, la agroindustria, el sector telecomunicaciones, el sector automotriz y autopartes, el sector farmacéutico, el sector transporte, el sector servicios y comercio, etc.

En este orden de ideas el martes 21 de noviembre de 2017 la cadena de tiendas de autoservicio de ventas al por mayor de insumos comerciales Makro fue intervenida por la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) debido a que se habría detectado que en algunas de sus sucursales supuestamente se estaría condicionando la venta a los usuarios al exigir consumos mínimos.

Lo primero que habría que destacar es que existe una serie de estrategias corporativas y comerciales que suelen ser equivalentes entre sí aún cuando cuentan con nombre propio. Por ejemplo, las ventas atadas o condicionadas son estrategias comerciales que suelen equivaler a lo que en la práctica hacen los descuentos por volúmenes. Si bien en el primer caso el lector puede asociarlo al empaquetamiento de productos distintos a un único precio, el segundo caso constituye, igualmente un empaquetamiento, pero de un mismo producto por volúmenes. Estas dos prácticas comerciales permiten perfeccionar unas especies de discriminacion de precios que podrían permitir aumentar la demanda satisfecha y al mismo tiempo el beneficio de la empresa. En específico, los descuentos por volúmenes suelen ser empaquetamiento de cantidades de un mismo producto que permiten ofertarlo a regímenes de precios no lineales o equivalentemente, por medio de una discriminacion de precios de segundo grado.

El simple hecho que, estrictamente producto de estas estrategias, pueda expandirse la demanda satisfecha, le confiere presunción de eficiencia económica y de legalidad, por coadyuvar a aumentar el bienestar social. Es así como a nivel mundial, en la doctrina y la jurisprudencia referida a este tipo de prácticas comerciales se le confiere presunción de legalidad.

Lamentablemente, Venezuela es una excepción planetaria donde vía una Ley específica, la Ley Orgánica de Precios Justos, (LOPJ), las ventas atadas están prohibidas de forma absoluta y previa, sin siquiera permitir un debido procedimiento administrativo que proteja el derecho a la defensa así como las libertades y los derechos económicos. En Venezuela se masifica un problema de falsos positivos, donde todos son culpables previamente, y se limita ex ante la práctica.

Obviamente esta prohibición contenida en la LOPJ constituye muestra de populismo e ignorancia regulatoria.

Pero más allá, cuando se piensa en el referente de modelo de negocio de grandes espacios y superficies de comercialización de hipermercados y de aprovisionamiento, el modelo se encuentra fundamentalmente basado en las ventas por volúmenes y la rápida rotaciones de inventarios que esto permitiría -facilitando un by-product estrictamente financiero derivado del servicio de comerciaización-, así como beneficios provenientes de las economías de escala, de alcance y de poderes de negociación; todo lo anterior desarrollado en espacios comerciales amplios situados, generalmente, en la periferia de las ciudades donde el metro cuadrado suele ser más económico. Los descuentos por volúmenes constituyen incentivos para alentar las compras en cantidades y en ello se basa gran parte este modelo de negocio. Lo anterior no pone en riesgo la existencia de otro tipo de comercializador final al detal como aquellos de proximidad. De hecho alguno de estos comercializadores de proximidad y al detal pueden proveerse en los grandes espacios de hipermercado beneficienciadose de los descuentos por volúmenes y viabilizándola su pass-through hacia el consumidor final.

Makro y su virtuoso modelo de negocio alineado con el interés público, no es responsable de la crisis económica y del desabastecimiento primario en el país, ni puede ser víctima de eventuales actuaciones efectistas en materia regulatoria.

Para coadyuvar a evitar esta masificación de fallas de Gobierno se requiere crear instituciones formales e informales, con amplia participación nacional, que funjan como mecanismos de accountability, buena Gobernanza y Check-and-Balance. Por ejemplo, dentro del Estado y del propio Gobierno deben existir espacios y departamentos especializados y dedicados a realizar el respectivo análisis de impacto regulatorio, ex ante, durante y ex post a las políticas públicas y regulatorias. Asimismo, para incorporar a la sociedad y a los ciudadanos como dolientes finales de las malas políticas públicas deben existir espacios complementarios provenientes de la sociedad civil -asociacionismos de consumidores, gremios profesionales, la academia, etc.- y muy especialmente del sector privado, por ejemplo a través de los gremios empresariales y sectoriales que también deben desarrollar espacios de análisis económico del derecho y de las políticas regulatorias, para advertir no sólo al Gobierno sino igualmente a los consumidores y a la sociedad toda sobre los riesgos de ineficiencias en el diseño y la implementación de ciertas políticas públicas y regulatorias.

* Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Master en Economía y Derecho del Consumo, UCLM. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London, University of London.