Precios prohibitivos de medicamentos detonan nuevas protestas en Chile

Los ciudadanos están castigando a la industria farmacéutica chilena desde el inicio del estallido social, hastiados por las deficiencias del abastecimiento público de medicamentos y los elevados precios de las farmacias privadas, que venden los remedios de marca más caros de América Latina.

Por las noches, las imágenes de las cámaras de seguridad de los locales farmacéuticos revelan a grupos de encapuchados que arrasan con las cajas de medicinas de las estanterías; por las tardes, los profesionales de la sanidad, pensionistas y jóvenes reclaman con pancartas la necesidad de bajar los precios de los medicamentos.

Una de las principales quejas de los ciudadanos hacia las farmacias es que no traduce sus ganancias en beneficios para la población que, según un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en 2018 supusieron 1.514 millones de dólares en ventas a consumidores finales.

De acuerdo con la Organización Panamericana de Salud (OPS), los chilenos son los que más gasto de bolsillo tienen en medicinas y los que más invierten en fármacos de marca.

Un estudio de octubre de 2019 del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de Chile detectó una diferencia que puede llegar hasta los 181.000 pesos (unos 232 dólares) entre los precios de los medicamentos originales de marca y los bioequivalentes.

Así, por ejemplo, en el caso del medicamento con principio activo Atorvastatina de 20 mg. de 30 unidades, indicado para la reducción del colesterol, con lo que paga por el original de marca Lipitor (54.590 pesos -unos 70 dólares-) un consumidor podría comprar hasta 29 cajas del medicamento genérico, que cuesta 1.880 pesos (2,40 dólares).

La sanidad pública chilena, de la que se beneficia más del 75 % de la población, cuenta con un sistema que suministra medicamentos a las boticas públicas y hospitales, que ofrecen precios más reducidos e incluso gratuidad para los mayores de 60 años y los carentes de recursos.

Sin embargo, la falta de existencias o los tiempos de espera en las abarrotadas boticas de los centros de salud han desembocado en el hastío general de la población.

– Gestión pública deficiente –

El servicio de suministro de fármacos de la sanidad pública cuenta con un sistema de Garantías Explícitas de Salud (GES), que determina qué fármacos están disponibles en los establecimientos públicos.

Aun así, según explica el informe de la FNE sobre la industria farmacéutica, «la regulación existente no asegura ni garantiza el acceso a estos medicamentos».

Según explicó el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos, José Cienfuegos, a veces no se cubren las demandas de las medicinas para las enfermedades básicas y añadió que «Cenabast (ente que suministra medicamentos al sector público) no está cumpliendo el 100% del abastecimiento».

Mariela Maturana, desempleada de 57 años, no puede trabajar debido a la fibromialgia que padece y gasta más de 150.000 pesos (aproximadamente 190 dólares) al mes en medicamentos. Su enfermedad no entra dentro de las patologías del GES, y por lo tanto debe costearse el precio de la totalidad de los tratamientos.

A pesar de las opciones públicas de compra de medicamentos, las deficiencias del sistema llevan al 48% de los chilenos a preferir comprar en las cadenas privadas, que venden los productos a precios sustancialmente más elevados.

Las tres cadenas farmacéuticas más grandes de Chile (Cruz Verde, Salcobrand y FASA), que en 2008 fueron condenadas por colusión de precios en más de 222 medicamentos, fueron represaliadas durante las protestas, siendo algunos de sus locales quemados y saqueados fruto del descontento popular.

– Los laboratorios mueven hilos –

La FNE apuntó en su informe que las cadenas de farmacias privadas pagan un 70% más a los laboratorios que el sector público, cifra que ha trasladado el foco del debate sobre el margen de beneficio de estos.

Además, el dato podría explicar los elevados precios en las farmacias privadas frente a las publicas.

Juan Pablo Atal, académico especializado en economía sanitaria, explicó la importancia de este dato: «Parece que los laboratorios se llevan una parte importante porque le venden mucho más caro a las farmacias que al Gobierno. Con esto se muestra dónde está la plata».

Los laboratorios, que según la FNE, invierten más de 200 millones de dólares anuales en promover sus firmas entre los doctores, han instaurado una cultura de marca que ha desembocado en que el 90% de la población adquiera este tipo de productos frente a los genéricos.

Sebastián Castro, abogado de la Fiscalía Nacional Económica, aclaró que es el doctor el que mueve la demanda de medicamentos de marca al recetar las medicinas a los pacientes.

«El 42% de los médicos obtiene información sobre medicamentos de los visitadores y los congresos, mayoritariamente financiados por los laboratorios», agregó el abogado.

El sistema de marketing que envuelve a los fármacos, promovido por los laboratorios y apoyado por algunos doctores, y la ineficiencia del sistema público generan la espiral de precios elevados que ha derivado en el descontento social con la industria farmacéutica.

El presidente de Cenabast, Valentín Díaz, explicó a Efe que «el Estado no ha sido lo suficientemente asertivo de intervenir en el mercado, y a su vez las personas han quedado desamparadas a estos poderes de la industria farmacéutica».