Presidente de la CIV: Quisiéramos que se devolvieran decenas de inmuebles que fueron expropiados

Roberto Orta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), precisó que el sector se encuentra principalmente activo en lo que son inmuebles usados del mercado secundario.

En ese sentido, indicó que existen limitaciones, puesto que no hay crédito bancario. «La Banca no está ofreciendo créditos ni para la construcción ni para la adquisición de viviendas. Eso es una limitante, por eso nos encontramos, tanto en precios como en operaciones, aproximadamente en una tercera parte de lo que fue en el año 2008», sumó.

Sostuvo que lo que están proponiendo desde la Cámara es un cambio de la estructura legal de la Ley de Arrendamiento de Viviendas, porque hay jóvenes que son propensos a mudarse a un arrendamiento.

«En Venezuela lo que hace falta es la modificación de esta Ley que en la actualidad no permiten tener un canon justo, no permite la recuperación de una vivienda porque hay un amparo vigente en el Tribula Supremo de Justicia (TSJ) y si se percibe seguridad jurídica, saldrían esas viviendas», agregó.

«Nosotros quisiéramos que se fueran devolviendo decenas de inmuebles que fueron expropiados y tomados» años atrás, recalcó.

– Otras normativas –

El gremialista dijo que otro instrumento legal que debe ser modificado es la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria promulgada en el año 2011, la cual limitó la construcción de viviendas por parte del sector privado.

«Queremos es que regresen los promotores y constructores a la construcción de viviendas, que el Estado construya, pero el sector privado también», señaló.

Otra normativa a ser modificada es la Ley del Deudor Hipotecario, la cual permita que mientras el bolívar se estabilice y recupere su valor, se pueda «constituir hipotecas en moneda extranjera», no solo para incentivar el crédito bancario, sino el financiamiento que da un propietario a un comprador.

«Aún estamos esperando respuestas, pero hay cambios que se pueden ir dando de una vez, desde el punto de vista administrativo», apuntó.

Orta Martínez expresó que están proponiendo que el funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos y Viviendas se municipalice, es decir, «que se acerque de nuevo a los propietarios e inquilinos a nivel nacional, porque eso se centralizó en una oficina por estado, cuando hace 10 años atrás eran 365 oficinas de inquilinato a nivel nacional».

Informó en Televen que enviaron una solicitud de audiencia con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, para plantear el tema de los altos costos de los aranceles del Saren cuando se hace la compra de inmuebles.