#Exclusivo | ¿Por qué la producción de oro no genera desarrollo económico en Venezuela?

Desde hace poco más de una década, y debido al descalabro de la industria petrolera y la caída del precio del barril de petróleo, el gobierno nacional concentró sus esfuerzos en la renovación del parque industrial aurífero para, en teoría, impulsar la producción minera y posicionarla como un salvavidas de la economía del país.

En 2012, el expresidente Hugo Chávez aprobó el Plan Estratégico para el Desarrollo Conjunto de la Faja Petrolífera y el Arco Minero del Orinoco, una nueva geopolítica nacional en la que el gobierno asumió el control de la explotación minera y sus actividades conexas.

En Gaceta Oficial N° 39.759, se promulgó el Decreto No. 8.413, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro.

Luego, en 2016, el presidente Nicolás Maduro, mediante el Decreto No. 2.248, ordenó la creación del megaproyecto Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco para el aprovechamiento de recursos en un área de 111.800 km2. 

El modelo de negocio, ejecutado con la promesa de implementar una minería responsable con estándares de derechos humanos que organizara la pequeña minería, respetara al ambiente y desplazara al crimen organizado, tiene la figura de empresas mixtas y reserva al Estado venezolano al menos 55% de las acciones.

El fisco nacional debería percibir también el 13% de regalías, y el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISRL) para inversiones en desarrollo social. 

En 2018, el gobierno nacional anunció la incorporación de 8 plantas de cianuración: Complejo Industrial «Domingo Sifontes», ubicado en el municipio Sifontes del estado Bolívar, el Complejo Industrial «Manuel Carlos Piar» ubicado en Caroní, Berakah y Sarrapia, ambas ubicadas en Piar y Guayana Oro en El Callao. 

Sobre el papel – en el Plan Sectorial Minero 2019 – 2025 – el gobierno plantea esto como una estrategia para un cambio tecnológico que permita sustituir el uso de mercurio, prohibido en el país desde 2016 a través del Decreto 2.412 (pero aún utilizado), por cianuro en los procesos de recuperación de oro por su capacidad para recuperar entre 75% y 90% de oro de las menas tostadas y entre 85% y 95% de los concentrados.

En su investigación “El rol de las plantas de cianuración en el negocio del oro del Arco Minero del Orinoco”, la ONG SOS Orinoco denunció que aunque con la construcción de estas nuevas plantas, el Gobierno promete potenciar la producción con la oferta de actualización tecnológica, disminución del impacto ambiental y seguridad laboral bajo estándares de derechos humanos, en realidad se ha visto que no constituyen una estrategia que permita erigir la producción de oro como una industria sólida que contribuya al desarrollo local, regional y nacional. 

Esto por cuatro razones fundamentales: 

En principio, para “impulsar” la cadena de producción de oro, el Estado en alianza con empresas privadas invirtió millones de dólares en ocho plantas nuevas que, en conjunto, tienen una capacidad instalada para procesar 4.020 toneladas de arenas auríferas por día, (3,6 toneladas de oro al año). 

Es decir, pueden producir apenas 30% de lo que podían extraer las cinco plantas que ya estaban instaladas en la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) y que fueron abandonadas y desmanteladas por falta de inversión.

La organización basó ese estimado en el supuesto de que las plantas procesan arena a un tenor promedio de 4 gramos por tonelada (una concentración baja de oro), con hasta 90% de eficacia en el proceso y plantas trabajando al 80% de su capacidad.

En el mejor de los escenarios, el oro que sale de estas nuevas plantas aporta apenas el 10,7% de la producción anual, si se toma como cierto que Venezuela produce 33,4 toneladas de oro, según el World Gold Council.

El Complejo Industrial «Domingo Sifontes», por ejemplo, se construyó con una inversión de 27 millones de dólares, según SOS Orinoco. Esta estructura cuenta con cinco plantas operativas y una que no se ha terminado de construir.

Tiene dos molinos y 12 tanques de procesamiento de cianuro. La infraestructura, que opera desde 2018, tiene una capacidad instalada para procesar 2.300 toneladas por día de arenas auríferas, de acuerdo con información oficial.

Hablan los mineros

En entrevista con Banca y Negocios, trabajadores del complejo informaron que, en la actualidad, estas plantas procesan un promedio de 800 toneladas de arena por turnos (de dos en dos) cada 12 días por la falta de disponibilidad de arenas.

La disponibilidad de las arenas se agota porque el ritmo de las plantas es superior a la cantidad de arena disponible. 

“No todas las plantas cosechan al mismo tiempo, primero dos, y después las otras, porque no hay suficiente arena, los molineros no venden las arenas porque la directiva no paga por el material. Si pagan, lo hacen dos meses después”, reportó un obrero que solicitó mantener su nombre en reserva. 

Los equipos, además, se averían con frecuencia: “Las maquinarias no sirven porque no invierten. Los motores reductores – que surten a las tolvas de material para ser trasladado hacia los molinos a través de cintas transportadoras – se dañan con frecuencia”, manifestó.

El trabajador precisó que, aunque deberían contar con tres motores reductores, tiene con uno solo operativo, que además es alquilado. 

 “Todo el impulso en torno a estas plantas de cianuración ha estado dirigido esencialmente a la obtención rápida de recursos económicos canjeables: el oro. En este sentido, se ha hecho una inversión importante y mal dirigida, que puede pronto resultar en estructuras vacías, subutilizadas y sin mantenimiento, una vez se agoten las arenas pretratadas por la industria minera artesanal precedente”, sentenció SOS Orinoco. 

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Las antiguas plantas pertenecientes a Minerven: Caratal, Perú, Capitán Eduardo Vera (Remevin II), Choco y La Camorra tenían, en conjunto, una capacidad instalada para procesar 14.800 toneladas por día de arenas auríferas. De estas solo Remevin II y Caratal siguen activas. 

Según Transparencia Venezuela, en 2019, Minerven operaba por debajo del 10% de su capacidad instalada y sus plantas estaban abandonadas, desmanteladas e invadidas. 

Aquellas instalaciones han sido ocupadas por mineros ilegales que trabajan bajo el control de grupos armados que cobran tributos (vacunas) para ingresar y producir.

Los lingotes de oro que funde Minerven tienen como único comprador: el Banco Central de Venezuela (BCV). La ONG denunció que más del 30% de la producción de oro se desvía hacia Holanda, vía Aruba y Curazao. 

Tanto geólogos especialistas como trabajadores de las plantas entrevistados por Banca y Negocios coinciden en que la producción de oro no es sinónimo de desarrollo económico por fallas estructurales de la política minera.

Esta política está basada en un modelo de negocios “de baja inversión, poco riesgo y relativas grandes utilidades, a expensas del trabajo de los pequeños mineros”.

SOS Orinoco reporta que el oro que se procesa en las plantas de cianuración aporta poco más del 10% de la producción nacional. Crédito: Laura Clisánchez.

Las bases de la cadena de producción de oro de Venezuela

La industria del oro en Venezuela tiene tres ejes: la designación de minerales estratégicos, la creación de empresas mixtas para la exploración y explotación de esos minerales, el establecimiento de “alianzas” con pequeños mineros y la delimitación de áreas de explotación.

Aunque en esta etapa del auge de la producción de oro la industria tiene un papel protagónico que desplaza a la minería artesanal, estas nuevas infraestructuras industriales dependen de arenas residuales previamente trabajadas por pequeños mineros con mercurio, y no material primario, es decir, directo de los yacimientos o minas del Estado (salvo Minerven).

Estas arenas son de tenores bajos (es decir, de menor cantidad de mineral de oro), y por lo tanto, es material de bajo costo y rápido rendimiento. 

Para ello, el gobierno – a través de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) – desarrolló centros de acopio de material que recolecta a través del “plan de arrime”: el 35% de lo extraído corresponde al Estado y el 65% debería repartirse entre las asociaciones de pequeños mineros que laboran en condiciones precarias.

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“Este es un problema estructural, mientras la política minera esté centrada en la minería artesanal, estará siempre limitada”, manifestó un geólogo con más de 20 años de experiencia en tecnología minera en la región Guayana, que solicitó mantener su nombre en reserva. 

“Como te basas en pequeña y mediana minería, te limitas a consumir arenas previamente tratadas con mercurio por mineros artesanales, ninguna de las plantas tiene alimentación de mineral primario. El principio es que a las plantas de lixiviación con cianuro no llegue arena con mercurio, pero el 99% de las arenas tienen mercurio porque es lo que sabe hacer el minero artesanal”, explicó. 

“O te doy una alianza para procesar, o te doy una alianza para explotar la minería, pero no te doy las dos. A mi criterio, ese es un error. Lo que hace mucha gente es que se le da alianza de explotación e inventan una compañía fantasma a la que se le da alianza para plantas de cianuración. Es una política mal diseñada”, agregó. 

Aunque el nuevo auge de la minería lo protagonizan las plantas procesadoras, estas dependen de material aurífero recolectado por mineros artesanales. Crédito: Laura Clisánchez.

Sin estudios de prospección no hay aprovechamiento inteligente de recursos 

El modelo del AMO incluye planes de certificación de reservas minerales, que deberían ser la base para las inversiones privadas. Transparencia Venezuela reportó que existen convenios con otros países desde 2011 para realizar estudios geológicos y geofísicos en el territorio, como el Convenio Venezuela – Irán y el “Acuerdo Marco de Prospección Geológica Nacional de Venezuela” entre CITIC Construction (conglomerado estatal chino) y el Estado venezolano. 

Pero especialistas que trabajan en campo señalan que otro elemento que condena la producción de oro al fracaso (como modelo económico) es precisamente la falta de estudios de prospección y exploración geológica, así como la desestimación de estudios geo metalúrgicos. 

La prospección y posterior exploración es una etapa clave en la industria minera, pues se trata de la recopilación de información y análisis geológicos del terreno (suelo, agua, rocas y plantas) para buscar depósitos de minerales económicamente aprovechables. Para ello se utilizan diferentes herramientas y técnicas.

Esta etapa permite determinar dónde pudieran estar los recursos minerales, y cuánto van a durar las reservas a un ritmo de producción calculado. Aunque es clave, la mayoría de las minas establecidas no están basadas en estudios de prospección-exploración que les permita su aprovechamiento máximo.

“La idea es sacar material de yacimientos primarios. Estos yacimientos se seleccionan una vez hecha la exploración geológica y evaluación técnica económica. Luego es que se considera enviar el material directo a la planta de lixiviación. Una planta de lixiviación puede sacar entre 90% y 92% del oro que está ahí contenido”, señaló el especialista. 

Llamó a las campañas de exploración como cuentas de ahorro. “Si usted no mete dinero, no va a sacar intereses, está consumiendo capital. Si la infraestructura instalada no tiene un estudio previo que garantice el suministro continuo de materia prima, estás acabado. Ven el estudio geológico como una carga y no como una inversión”, sentenció.

Plantas fuera del distrito minero

A estas dificultades se les suma la ubicación remota de las plantas de cianuración. 

La disposición de las nuevas plantas de cianuración debería responder a factores funcionales, pero la ubicación de la mayoría está fuera de los distritos mineros (El Callao, Las Claritas, Dorado-Tumeremo y El Manteco-Guasipati), separadas en promedio por 100 kilómetros, lo que limita el traslado de material a la deteriorada troncal 10 y otras vialidades en medio de la escasez de combustible. 

No hay una relación directa entre las plantas de cianuración y los yacimientos auríferos oficiales. Si no que están ubicadas a lo largo de la troncal 10, como parte del modelo de minería basado en la recolección, acopio y traslado de material.

El Complejo Industrial «Manuel Carlos Piar», ubicado en la zona industrial Matanzas del municipio Caroní, por ejemplo, queda a unos 200 kilómetros de distancia del distrito aurífero más cercano, por lo que su ubicación remota no le permite recibir material aurífero de forma continua desde las minas o de los centros de recuperación de arenas pretratadas. 

El complejo se construyó, además, en una zona que ya tiene alta demanda de energía por la ubicación previa de las industrias de acero y aluminio.

SOS Orinoco identificó que la única ventaja de la ubicación de la planta es su cercanía con el río Orinoco, a 3,4 km de distancia del puerto de embarque de Palúa, administrado por CVG Ferrominera Orinoco. Pero hasta el momento no hay información oficial del traslado de material aurífero a través del río. 

Lo más cercano a la planta son zonas de explotación ilegal en las riberas del embalse de la Central Hidroeléctrica «Antonio José de Sucre». La ONG resalta que Macagua y las minas ilegales ubicadas en las cuencas de los ríos Caura y Aro están muy distantes como para considerar que la ubicación de esta planta sea estratégica. 

La infraestructura del Complejo Industrial «Manuel Carlos Piar», que ocupa 58 hectáreas de terreno, está operativa desde 2019 y tiene apenas una planta en funcionamiento (de nueve) que según información oficial cuenta con una capacidad instalada de procesamiento de 200 toneladas de arena aurífera por día. Dependiendo del tenor de las arenas, esto equivale a una producción mensual de 20 kilos de oro.

“Así no funciona. Por ejemplo, para una planta en El Callao – cuyo nombre no mencionaré -, estaban buscando arena en yacimientos de El Dorado, a 100 kilómetros de distancia, pero a tres horas de recorrido, por el mal estado de la Troncal 10. La falta de combustible no lo permite, y el estado de la carretera tampoco”, expresó el geólogo, por su parte. 

¿Cuánto oro produce Venezuela? Nadie sabe con precisión

Sobre la producción de oro anual y cuánto ha invertido el Estado en esta industria hay más preguntas que respuestas por la política de opacidad del gobierno nacional.

En el informe 2021, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo de la Unión Europa que monitorea cadenas de suministro responsables de minerales, calcula que la producción de oro en Venezuela ronda las 46,5 toneladas por año, una cifra mayor a la meta que anunció el Ejecutivo nacional de 35 toneladas de oro para ese año.  

“Eso colocaría la capacidad de procesamiento con un adelanto de dos años respecto de lo programado en relación con el objetivo estratégico de producción del gobierno de 80 toneladas de oro por año para 2025 (Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, 2019)”.

“Es importante tener en cuenta que aquí entran en juego múltiples variables, desde la cantidad y el tenor del material en bruto hasta las condiciones operativas de las plantas, por lo que esta capacidad rápidamente expandida podría exceder la producción, incluso de manera importante”, indica OCDE. 

Pero no existe información oficial sobre cuánto oro sale de las plantas, y cuánto de ello se reporta al BCV. Las cifras reportadas por las ONG se basan en estimaciones por capacidad instalada de las plantas y el tenor de las arenas a procesar. 

La industria ilegal del oro implica un esquema de trabajo forzado y violencia ya denunciado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Crédito: William Urdaneta.

Explotación laboral y pobreza 

Aunque el gobierno prometió en 2016 que con la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco la actividad minera sería un ramo económico sustentable y generador de empleos, en realidad se diseminó la minería ilegal y la violencia que trae consigo.

El auge de la actividad también provocó la migración interna de personas que llegaron a las minas del sur del estado Bolívar a trabajar en condiciones forzadas, expuestos a nuevas formas de esclavitud moderna y el control de los grupos armados.

Las condiciones precarias de trabajo no se limitan únicamente a la pequeña minería o la minería ilegal, sino que también trabajadores de las plantas de cianuración reportan que además de trabajar 15 horas diarias sin descanso por un salario que no supera los 200 dólares, deben exponerse a cianuro y demás compuestos químicos tóxicos sin que se les dote de equipos de protección personal. 

“La última vez que renovaron la indumentaria de seguridad fue hace un año. Deberíamos poder contar con bragas impermeables, guantes de goma, y mascarilla industrial con filtros. Cuando se suministra cianuro o cal industrial, se hace con un par de guantes”, denunció un obrero del Complejo Industrial «Domingo Sifontes», bajo anonimato.   

De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de 2020, son precisamente los municipios mineros del estado Bolívar los que reportan los mayores índices de pobreza e inseguridad alimentaria. 

Aunque la industria del oro es un sector lucrativo, deja poco o nada de sus ganancias a los poblados que sufren graves fallas de servicios básicos como agua, electricidad y combustible.

Por ejemplo, a principios de 2021, el alcalde de El Callao (municipio históricamente clave para la extracción de oro) declaró para el medio local Correo del Caroní que de 39 empresas procesadoras de oro que hay en el municipio, apenas dos pagan impuestos. Precisó que solo 1,4% de 1.400 molinos cumplen con sus obligaciones fiscales.

Los Índices de malestar social en Bolívar monitoreados por el Centro de Estudios Regionales de la UCAB Guayana también evidencian la incapacidad del modelo económico extractivista para generar bienestar y desarrollo humano.

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