Propuesta de que Guaidó actúe sin control político desata más división en la oposición

El próximo 27 de diciembre, la «comisión delegada» de la legislatura de la Asamblea Nacional electa en 2015, que sigue reivindicando la condición de parlamento legítimo, tendrá una sesión extraordinaria para decidir si Juan Guaidó se mantiene como «mandatario interino» por tiempo indefinido, hasta que se produzcan unas elecciones generales confiables, y si se separa de la autoridad del cuerpo legislativo.

Este 24 de diciembre, el abogado designado por Guaidó como procurador, Enrique Sánchez Falcón, presentó una propuesta que, a partir de una interpretación literal de la Constitución de 1999, plantea que el ejercicio de la «presidencia interina» debe ser autónomo y separado del control legislativo.

Hasta ahora, Guaidó actuaba bajo supervisión del cuerpo legislativo, por una interpretación que Sánchez Falcón considera «incorrecta» del texto constitucional que, en su opinión, faculta al Presidente a ejercer plenamente las competencias del Poder Ejecutivo de manera autónoma.

La idea del jurista es que se reivindique la separación de poderes, lo que, en la práctica, significa que Guaidó podrá tomar decisiones «ejecutivas» sobre los activos del Estado a los que tiene acceso, incluyendo los fondos líquidos que están congelados en países donde se reconoce la investidura que asumió en 2019.

En consecuencia, las reformas del Estatuto de Transición y de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital deben atenerse a esta interpretación y liberar a Guaidó de las solicitudes de autorización previa del cuerpo legislativo que, según Sánchez Falcón, son inconstitucionales.

Para el abogado los controles del parlamento paralelo son «excesivos» y «no solo le han impedido (a Guaidó) el ejercicio adecuado de sus competencias ejecutivas, sino que también han disminuido sensiblemente su liderazgo, limitándolo incluso en sus posibilidades de gestionar nuevas alianzas para el soporte político del Gobierno interino».

Sánchez Falcón va más allá al asegurar que esos controles «han contribuido en gran medida a que no haya sido posible aún lograr el cese de la usurpación».

Procurador Especial Enrique J. Sánchez Falcón propone a la Asamblea Nacional reforma del Estatuto de la Transición para el rescate de las atribuciones Constitucionales del Presidente Encargado de Venezuela Juan Guaidó. pic.twitter.com/sY97bZKjF4

— Procuraduría Especial de la República de Venezuela (@DeProcuraduria) December 24, 2021

Para Sánchez Falcón, el legislativo sobreviviente de la AN electa en 2015 ha usurpado competencias administrativas de Guaidó.

– Encendido el polvorín –

El economista Francisco Rodríguez, director de la ONG «Oil For Venezuela», además de crítico de Guaidó y partidario de la supresión del «gobierno interino», sostuvo en su cuenta de Twitter que la «propuesta busca afianzar el poder de Guaidó y limitar la capacidad de otros partidos de poner límites a sus actuaciones. Busca además asegurar que el control de activos y manejo de relaciones exteriores se mantenga en manos de la facción del G4 que respalda a Guaidó».

«Los recientes escándalos en torno a manejos del gobierno interino tienen su causa en la falta de control, contrapeso y transparencia en torno a sus actuaciones. Una disminución de estos controles aumentará espacios de opacidad y creará mayores riesgos de corrupción», añade el economista.

Al final, Rodríguez propone que «en vez de entregar el manejo del interinato a un grupo cada vez menos representativo, se debería sustituir por una representación plural de las fuerzas políticas del país y la sociedad civil, incluido el oficialismo».

Rodríguez plantea la creación de una Junta de Transición Política cuya función «no será la de pretender erigirse como un Poder Ejecutivo alterno, sino la de atender la defensa de activos y la representación diplomática de Venezuela en los países que no tienen relaciones con el gobierno de Maduro».

El economista y asesor sostiene que «los legisladores de la AN2015 que formen parte de la Junta de Transición Política no deben provenir solo de los partidos que forman parte de la Plataforma Unitaria. Si bien las elecciones de 2015 le propinaron una victoria muy significativa a la coalición opositora, esta se ha visto mermada por una serie de divisiones que han llevado a que la Plataforma Unitaria ya no cuente con una mayoría calificada de los diputados principales.  Los resultados de las elecciones regionales del 21 de noviembre también nos proporcionarán una indicación del apoyo relativo con el que pueden contar diversos grupos entre los votantes.  En todo caso, el objetivo debe ser lograr una verdadera representación plural de la diversidad política de Venezuela, y no el control de un grupo o sector político».

Por supuesto, la propuesta de Sánchez Falcón desató una dura polémica que no solo salió a las redes sociales, sino que originó debates directos en las fuerzas de oposición. Según pudo conocer Banca y Negocios, Guaidó se habría quejado por estar de «manos atadas» para definir orientaciones políticas más claras.

Al parecer, luego de la dimisión de Julio Borges a su condición de «comisionado» de relaciones exteriores y la interferencia de Leopoldo López, Guaidó ha sido incapaz de mantener una estructura coherente, a tal punto que muchos dirigentes están por la vía libre; es decir, tomando decisiones sobre su futuro sin atender a la supuesta línea general.

El argumento básico del grupo que mantiene la posición de respaldar una continuidad sin límite de la «presidencia» de Guaidó e, incluso, darle mano abierta para que tome decisiones políticas y financieras es que los países que aún respaldan militantemente a la oposición no reconocerán a otro dirigente.

Efectivamente, el gobierno de Colombia, que termina en 2022, ha manifestado su claro reconocimiento a Guaidó, pero Estados Unidos -el principal soporte del interinato- ha dado señales más confusas, a partir de la victoria de Joe Biden.

En Estados Unidos parece avanzar la idea de reconfigurar el cuadro opositor para tener mayor flexibilidad para definir estrategias que resulten efectivas en Venezuela, incluso abrir un canal más abierto con el gobierno de Maduro.

Sin embargo, esta última idea carece de consenso político, por lo que la administración Biden mantiene, por ahora, su reconocimiento expreso a la «presidencia» de Guaidó.