Puntos clave del Plan País para la recuperación de Venezuela
El año que está por terminar representa para Venezuela el peor de su historia económica en tiempos republicanos. 2018 cierra en hiperinflación -proyectada en 2.000.000% al final del periodo por la Asamblea Nacional- y con un movimiento migratorio que ha colocado en más de 6.000 personas diarias el pico de ciudadanos que abandonaron el país.
Hay quienes hablar de emergencia humanitaria, una situación que parte de equivocadas políticas públicas que han sumido al país en una depresión económica que ha representado la pérdida de más de 50% el PIB desde 2013, cuando Nicolás Maduro asumió el poder y por ende, en la pobreza.
El 19 de diciembre, un grupo de venezolanos integrado por factores políticos, sociales, económicos, académicos, entre otros sectores claves de la sociedad civil, presentó un plan de recuperación con políticas orientadas a empoderar a los venezolanos para el desarrollo el país, dejando al Estado como un proveedor de bienes y servicios públicos que garanticen la igualdad de oportunidades a todos los venezolanos.
Todo plan para la reconstrucción pasa por liberar el país de las fuerzas que la oprimen. Solo después resulta imperativo recuperar al Estado venezolano y ponerlo al servicio de la gente, empoderar a los venezolanos a fin de liberar sus fuerzas creativas y productivas y reinsertar al país en el concierto de naciones libres del mundo.
La propuesta, denominada Plan País: la Venezuela que viene, contempla como prioridades en el corto plazo:
1.- Estabilizar la economía.
2.- Atender la emergencia humanitaria compleja.
3.- Reactivar la industria petrolera.
4.- Asegurar acceso universal a servicios públicos de calidad.
5.- Garantizar la seguridad ciudadana integral.
6.- Generar confianza y seguridad jurídica.
Para atender el primer punto, los promotores del plan plantean reactivar el aparato productivo que opera en promedio a 25% de su capacidad, accediendo a financiamiento de la banca multilateral en condiciones preferenciales y ayuda económica internacional.
Estos fondos permitirán adoptar un sistema de anclaje cambiario y así estabilizar las expectativas de los actores económicos para frenar la inflación.
También en el corto plazo hay que desmontar el sistema de controles, regulaciones, trabas burocráticas y normas punitivas; recapitalizar la banca y reactivar el mercado de capitales.
Necesario es promover las inversiones internacionales en un marco regulatorio que genere confianza y protección efectiva a la propiedad privada, así como la apertura a la inversión privada en la empresas públicas.
La emergencia humanitaria puede atenderse con programas efectivos de protección social, que no sean ejecutados a través de distorsiones de precios y controles ni utilizados como herramientas de extorsión política de los más vulnerables.
Se trata de abastecer y dar acceso continuo a bienes y servicios de primera necesidad, a dar una atención especializada a los sectores salud, educación y nutrición de los más vulnerables e incentivar empleos de calidad y protección del ingreso familiar.
La reactivación de la industria petrolera, tras 20 años de destrucción, implica la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos que preserve la propiedad de la Nación sobre los yacimientos de hidrocarburos. Pero también que permita al capital privado ser accionista mayoritario en proyectos petroleros.
La legislación dará paso a un régimen fiscal competitivo, la maximización de la producción de petróleo y gas.
Se busca con el nuevo marco legal crear la Agencia Venezolana de Hidrocarburos para la administración eficiente y técnica de los yacimientos, así como para regular y supervisar el sector.
El sector privado será el responsable -mediante licitación- de la operación de los activos de los servicios públicos. El Estado se encargará de la regulación y cumplimento estricto de los contratos manteniendo la propiedad de los activos.
Se prevé un esquema inicial de subsidios directos, precios diferenciados de acuerdo con la capacidad de pago de los diversos sectores de la población, hasta que los niveles salariales permitan eliminar dichos subsidios.
Los ciudadanos deberán asumir mecanismos de contraloría sobre los prestación de los servicios públicos.
Para recuperar la seguridad ciudadana integral, el plan se propone una profunda transformación del sistema de justicia con una reforma estructural del Ministerio Público y del Cicpc.
Entre otros varios puntos de interés, se plantea desmilitarizar, despolitizar y descentralizar los cuerpos de seguridad, así como crear alianzas de cooperación internacional para aprender de las mejores prácticas mundiales y traer al país esa experiencia, experticia y tecnología.
Es fundamental pasar de un modelo de policía tradicional de corte militar y reactivo a un sistema de policía preventivo, basado en la solución de problemas.
En la generación de confianza y seguridad jurídica, los expertos priorizan leyes y el fortalecimiento de las funciones contraloras del Poder Legislativo.
Eliminar la reelección indefinida e institucionalizar la lucha contra la corrupción, son aspectos indispensables para crear un clima de confianza.
La eficiencia del Estado para por reducir su tamaño y por descentralizar descentralizar algunas de las actividades que ha sumado en los últimos años.
El Plan País propone organizar el poder de la República en una forma verdaderamente Federal, estableciendo competencias claras de los estados para aumentar el poder a nivel local y limitarlo a nivel nacional.
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