¿Qué interpretaciones surgen tras la presentación del Presupuesto 2017?

El presupuesto de Venezuela para 2017 lo aprobará el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Es decir, las cuentas públicas no pasarán, como dicta la Constitución por la Asamblea Nacional (AN).

Eso fue lo que decidió la noche del martes la Sala Constitucional del TSJ, que se autoatribuyó así la potestad de aprobar o no el presupuesto que le presentó el presidente Nicolás Maduro.

El mandatario presentó ayer viernes el presupuesto ante el máximo tribunal bajo la forma de decreto con rango y fuerza de ley, lo que evita su paso por la AN.

Un presupuesto aprobado sin pasar por la Asamblea es una situación inédita cuyo germen nace meses atrás.

Los diputados de Amazonas

El 6 de diciembre de 2015, la oposición logró un amplio triunfo en las elecciones legislativas, lo que le permitió controlar la Asamblea Nacional por primera vez en 17 años de «Revolución bolivariana».

La oposición ganó así fuerza en la lucha política con un gobierno al que quiere revocar en un próximo y eventual referendo.

Pero el TSJ, que continuamente rechaza las leyes de la Asamblea, decidió entonces la suspensión cautelar como diputados de tres legisladores indígenas cuya elección ha sido contestada judicialmente por presuntas irregularidades aún no confirmadas.

Pese a que inicialmente la Asamblea acató la medida cautelar, meses después desafió la decisión del TSJ e incorporó a los tres diputados, Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana.

Y el 1 de agosto, el TSJ declaró como carente de «validez, existencia y eficacia jurídica» la juramentación de tres los miembros por considerarla una «violación flagrante del orden público constitucional».

La máxima instancia judicial declaró entonces en desacato a la Asamblea y adelantó que serían consideradas nulas todas sus decisiones por sesionar con los diputados del estado Amazonas.

Es por eso que Maduro justifica su decisión de consultar al TSJ qué debía hacer con el proyecto de presupuesto, que según la Constitución debe ser presentado a la Asamblea, encargada de aprobarlo por ley.

«Imperiosa necesidad»

La noche del martes, en un comunicado, la Sala Constitucional decidió que será ella la que analice, apruebe o rechace el presupuesto ante la «imposibilidad jurídica de presentar el proyecto de ley de presupuesto a la Asamblea Nacional y de que ésta lo apruebe o lo rechace».

El máximo órgano del sistema judicial justificó su decisión «frente a la imperiosa necesidad de cumplir una fase del proceso de formación jurídica del presupuesto nacional (…) y con el propósito de mantener el funcionamiento del Estado».

Estos hechos generan interpretaciones muy diferentes.

«Si entiendes que hay desacato, no tiene ningún sentido invalidar a toda la Asamblea Nacional. La irregular conformación de tres de los 169 diputados no permite invalidar a toda la Asamblea», opinó en diálogo con BBC Mundo José Ignacio Hernández, profesor de Derecho Administrativo.

Hernández aseguró que el TSJ se excedió porque la propia Constitución contempla el hecho de que la Asamblea no quiera o no pueda aprobar el presupuesto.

En ese caso, «el presupuesto se reconduce», explica. Es decir, se prorroga el del año anterior con ligeras modificaciones derivadas, entre otras cosas, de la inflación.

«La solución de la Sala Constitucional no existe en la Constitución», criticó. «Se autoatribuye una competencia que no tiene y la propia sentencia lo reconoce», agregó.

«Es muy peligroso porque la sala puede dictar entonces el código penal, el código civil, dictar leyes, ejercer las funciones de la Asamblea», opinó.

Asamblea «autodisuelta»

Por su parte, el abogado constitucionalista Jesús Silva recordó que la Asamblea está en condición de desacato «mientras que tres individuos que no son diputados sigan incorporados al parlamento».

«Tal situación en la práctica equivale a una Asamblea Nacional que se autodisolvió, y al no poder generar actos legislativos válidos, el escenario actual es de omisión legislativa permanente», explicó este miércoles.

Esa omisión legislativa explicaría una decisión del TSJ que Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea, criticó.

«Todo cuanto se gaste o se erogue a través de ese presupuesto que pueda ser aprobado por un organismo que no tiene las facultades constitucionales, como es la Sala Constitucional, carecerá de toda validez y de toda legitimidad», aseguró este miércoles Ramos Allup.

La oposición acusa al alto tribunal de actuar al dictado del Ejecutivo.

Estado de Excepción y Emergencia Económica

El presupuesto se enmarca en el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que sigue vigente en la actualidad.

El Ejecutivo basa en esas normas su poderes especiales para combatir una crisis caracterizada por la alta inflación y el desabastecimiento de alimentos y productos básicos.

Crisis que el gobierno explica por la caída de los precios del petróleo, principal fuente de divisas del país, y por una «guerra económica» lanzada por el sector privado y países extranjeros.

La oposición culpa a la gestión del gobierno de la profunda crisis actual, por lo que ha iniciado un proceso de convocatoria de un referendo revocatorio al mandato de Maduro.

Pese a ser relevante, economistas y analistas prestan cada vez menos atención al presupuesto venezolano, ya que las partidas extrapresupuestarias terminan superándolo con creces.