¿Quién le teme a la Ley Antibloqueo? Una apertura económica que se construirá en secreto

El proyecto de ley antibloqueo presentado por el venezolano Nicolás Maduro abre la puerta a una mayor inversión privada en la economía de la nación, lo que podría deshacer décadas de intervención estatal.

El texto de la ley «anti-bloqueo» describe al ejecutivo como el que tiene el poder de modificar la propiedad, la gestión o la administración de las empresas públicas y las empresas mixtas, según un borrador visto por Bloomberg.

Esto podría permitir una mayor inversión privada o extranjera en la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela y en el sector petrolero del país, que ha visto caer su producción como resultado de la caída de los precios del petróleo, la mala gestión, la corrupción y las sanciones. La inversión extranjera en el sector petrolero de la nación ha caído 49% desde 2006.

«Esto podría abrir la puerta para que el Estado entregue la gestión de Pdvsa e incluso la propiedad de las refinerías a Irán, por ejemplo», dijo el legislador de la oposición Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

El proyecto de ley que se está considerando se encuentra ante la llamada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el órgano legislativo paralelo afín al gobierno que muchos países consideran ilegítimo. El proyecto es analizado por la comisión de economía de dicho organismo y podría ser aprobado la próxima semana, según un legislador que pidió no ser nombrado, ya que no están autorizados a hablar públicamente sobre el asunto.

Pdvsa y el Ministerio del Petróleo no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

La ley también abre la posibilidad de devolver docenas de empresas expropiadas -desde fabricantes de jabón hasta productores de aceite de cocina- a sus anteriores propietarios después de que la mayoría cayera en la ruina desde que el gobierno se hizo cargo de ellas.

Los antiguos propietarios, algunos de los cuales han demandado a Venezuela en tribunales internacionales para recuperar miles de millones de dólares en inversiones perdidas, tendrían que aceptar la rápida restauración de la producción, según el proyecto de ley.

Mientras que Maduro culpa de los problemas de la nación al «bloqueo financiero» y al sabotaje de los líderes empresariales y los opositores políticos, la devastación económica de Venezuela es el resultado de una mezcla tóxica de intervención estatal, subsidios, controles de moneda y de precios.

Actualmente en su séptimo año consecutivo de recesión, se pronostica que la economía se contraerá otro 20% este año en medio de la pandemia y el colapso de los ingresos del petróleo. La inflación anual se estima en un 2.400%.

Otro artículo de la ley podría permitir la eliminación de las restricciones al comercio de ciertos bienes estratégicos. Esto podría levantar las restricciones de larga data en el comercio de combustible, permitiendo a las empresas privadas importar y distribuir gasolina. La creciente escasez ha paralizado gran parte de la economía en los últimos meses y ha provocado protestas en todo el país, ya que las sanciones de EE.UU. han exacerbado lo que una vez fue una escasez esporádica.

– Más negocios petroleros –

La propuesta legal, vista por Reuters y que Maduro entregó a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, le otorga amplias facultades para cambiar o firmar nuevos acuerdos y contratos con empresas privadas u otros gobiernos, sin ninguna revisión. Este tipo de convenios suele evaluarlos el Parlamento, que ahora controla la oposición.

El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, dijo el jueves en la televisión estatal que la intención del texto legal es la búsqueda de “inversiones” para el sector petrolero mediante “mecanismos novedosos, que tenemos que hacerlos en silencio, para impulsar y promover inversiones extranjeras”.

El documento autoriza modificar la propiedad de las empresas mixtas, que la petrolera Pdvsa creó con mayoría de acciones en sociedad con compañías privadas nacionales y extranjeras. La reforma, según abogados consultados, busca ofrecer más libertad en el área petrolera para sortear las sanciones.

Según la propuesta, el “Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución”. El artículo mencionado es el referente a la actividad de Pdvsa.

“Las cláusulas sobre inversión que están en la ley están abriendo a un nuevo régimen de contrataciones, a nuevas formas de seguridad jurídica y resolución de conflictos”, dijo Hermann Escarrá, un influyente constituyente cercano a Maduro. “La apertura es general, no solo a entidades privadas, sino a empresas que tienen origen gubernamental”, agregó.

El texto, que la Asamblea Constituyente aprobaría en su próxima sesión, no detalla qué porcentaje de participación mantendría la estatal petrolera en futuras alianzas y si será menos del 50% que tenía hasta ahora.

Una fuente del sector petrolero y otra del sector financiero, conocedoras del tema, señalaron que el principal interés del gobierno con el proyecto de ley es ceder manejo en el negocio petrolero. Uno de los artículos permite eliminar las “restricciones en la comercialización” de algunos bienes, lo que podría facilitar a privados el comercio de gasolina, agregaron.

En la ley “hay una cantidad de enormes facultades para asociarse con empresas privadas extranjeras o gobierno extranjeros. No hay control legislativo”, dijo el abogado Juan Raffalli, quien agregó que incluso se permitiría la disposición de activos como garantía en posibles acuerdos.

La nueva ley “antibloqueo” también permitiría revertir las expropiaciones de empresas que se concretaron bajo el gobierno del fallecido Hugo Chávez, mentor de Maduro. Esa ola de nacionalizaciones llevó a las compañías afectadas a demandar en cortes internacionales millones de dólares en indemnizaciones.

“Si la nacionalización no generó beneficios, hay que buscar fórmulas para no tener un cementerio de infraestructuras”, dijo el constituyente.