Rara cláusula de prescripción ayudaría a Maduro a forzar negociación con bonistas

Después de casi tres años en default, los tenedores de bonos venezolanos corren el riesgo de perder miles de millones de dólares en intereses y, por ende, el gobierno nacional se ahorraría, sin necesidad de negociación alguna, el pago de tales pasivos por una deuda superior a los US$30.000 millones, gracias a una «rara» cláusula de prescripción.

De acuerdo con la información publicada por Bloomberg, en los prospectos de todos los bonos soberanos de la República y Pdvsa emitidos desde 2005 existe una cláusula de prescripción legal que señala que los intereses de estos títulos no son exigibles judicialmente luego de tres años de impago, si el acreedor no ha querellado en tribunales en un lapso de tres años.

El plazo está a punto de vencerse para la mayoría de los títulos en circulación, los cuales no se transan, debido a las sanciones financieras que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto contra las operaciones financieras venezolanas, siempre que estén a cargo del gobierno de Nicolás Maduro.

«Las sanciones impiden que los inversores estadounidenses los compren y hacen que la perspectiva de una reestructuración a gran escala sea casi imposible. Y sin un final a la vista del estancamiento político en Caracas, no es de extrañar que pocos acreedores hayan tomado la costosa medida de llevar al gobierno a los tribunales», indica la nota del portal financiero estadounidense.

El beneficio que nadie sabe, aparentemente, cómo consiguió el gobierno chavista supone una reducción a la mitad del plazo de prescripción legal que establece el Estatuto de Limitaciones según la legislación aplicable en Nueva York.

El problema es que la mayoría de los fondos tenedores de bonos y sus representantes legales se han «olvidado» de esta norma escrita en la letra pequeña de los prospectos y, en consecuencia, corren el riesgo real de, en un eventual proceso de renegociación, terminar cobrando una parte del capital de la deuda y olvidarse de los intereses.

«Ninguno de los tenedores de bonos contactados por Bloomberg News dijo estar al tanto de la cláusula. Tampoco Mitu Gulati, profesor de derecho especializado en contratos de bonos soberanos en la Universidad de Duke. Tan rara es la cláusula que Gulati dice que solo la ha visto en un puñado de documentos de fianza», apunta Bloomberg.

– Acto de buena fe –

Maduro ha expresado en diversas oportunidades su intención de abrir un proceso de renegociación de deuda, como una acción política dirigida a conseguir entrada para negociar con la administración Trump, a través de una eventual presión del sector financiero.

Temir Porras, ex funcionario del gobierno de Nicolás Maduro, dijo, citado por Bloomberg, que «el gobierno de Maduro puede usar esto para motivar a los inversores estadounidenses a llegar a un acuerdo». ¿Cómo? Aparentemente, el gobierno venezolano podría extender el plazo de la prescripción legal como un gesto de «buena fe» hacia los acreedores.

La intención es «ganarse» a los tenedores, mientras el equipo de Maduro consigue una vía para una renegociación de largo alcance.

Si los tenedores reaccionan y proceden en masa a incoar litigios reclamando el pago de las deudas, Maduro tampoco tendría que preocuparse, porque el problema le caería al equipo de Juan Guaidó, quien es reconocido como gobierno legítimo por Estados Unidos.

Luego del «affaire» sobre el fondo de litigios y la situación de inestabilidad que hay sobre la permanencia de José Ignacio Hernández como procurador especial, un aluvión de demandas judiciales sería inmanejable.