Reestrucutación de deuda venezolana pone mucho en juego

La confusión sobre la reestructuración de la deuda venezolana proviene de la complejidad de las acreencias que han sido emitidas por varias entidades, con cláusulas legales variadas, y a múltiples actores.

El país debe $64.000 millones a los tenedores de bonos, más de $20.000 millones a sus aliados en China y Rusia, $5.000 millones a prestamistas multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y decenas de miles de millones a los importadores y compañías de servicios que mantienen la industria petrolera bombeando.

En su mayoría, sin embargo, la incertidumbre surge de la noción de que Venezuela se ha embarcado en un clásico plan de reestructuración. Caracas no está iniciando las típicas negociaciones de deuda soberana, que implican el reperfilamiento de la deuda y su sostenibilidad. Más bien ha comenzado un juego de póquer, sin límites de apuestas.

Con la excepción de los tenedores de bonos, para los otros cinco jugadores sentados a la mesa – el Gobierno, la oposición, Estados Unidos, Rusia y China – el premio va más allá del dinero. Están en juego la supervivencia política del oficialismo, el destino de 30 millones de venezolanos y los intereses geopolíticos de tres superpotencias.

Intención de cada uno

El Gobierno quiere sobrevivir. Teme que los tenedores de bonos, que sólo quieren que se les pague, podrían embargar sus exportaciones de cargas petroleras en caso de incumplimiento, lo que privaría a Caracas de su única fuente de ingresos.

Luego están las superpotencias. Washington quiere restringir al gobierno al que acusa de tráfico de drogas y que tiene $15 billones de reservas de petróleo a sólo tres horas de vuelo de EEUU.

Moscú, mientras tanto, busca reducir la angustia de Caracas para lograr una mayor entrada en las Américas. Los intereses de China son más comerciales: después de haber prestado $60.000 millones a Caracas en la última década, quiere un acceso continuo a las vastas reservas energéticas de Venezuela.

La falta de ‘reglas de la casa’ incrementa la complejidad. Todos los bonos extranjeros de Venezuela se rigen por la ley de Nueva York. Pero la presencia de Rusia y China en la mesa complica aún más una reestructuración que, al menos en parte, se llevará a cabo fuera del FMI o del Club de Acreedores de París.

Ya no puede pagar

Una de las pocas cosas que está clara es que Venezuela ya no puede pagar sus deudas. Hace 10 años, en medio del auge de los precios de las materias primas, Venezuela disfrutó de una inesperada ganancia de petrodólares de $1 billón, según los estimados. Cuando Wall Street le ofreció la posibilidad de obtener aún más dinero, Caracas emitió más de $50.000 millones en bonos.

Junto con los préstamos chinos y otros préstamos, esto cuadruplicó la deuda externa en una década. Según ex ministros, unos $300.000 fueron desperdiciado o fueron a parar en manos de empresas fantasmas.

Las reservas extranjeras rondan los $10.000 millones, los niveles más bajos en 20 años. Las importaciones se han desplomado en un 85% en cinco años, mucho peor que el programa más austero del FMI. La tasa de cambio del mercado negro se ha disparado a 7.000 veces la tasa oficial, y la producción diaria promedio de petróleo – la única fuente de divisas – se ha reducido en un 20% respecto del año pasado.

Y lo que es peor, Venezuela entró en hiperinflación. Ninguna economía puede sobrevivir a la hiperinflación por mucho tiempo; sólo el régimen político de Robert Mugabe en Zimbabue lo había logrado, al menos hasta esta semana.

Con el incumplimiento de la deuda sobre la mesa, el cambio puede también avecinarse para Venezuela.

Ciertamente eso es lo que espera la oposición. A pesar de estar increíblemente dividida, tiene una carta potencialmente fuerte que jugar. Las sanciones recientes impiden que las instituciones estadounidenses participen en negociaciones para la refinanciación de la deuda venezolana, lo que hace que la reestructuración de la deuda que Caracas busca sea imposible. La única excepción es si la deuda está autorizada por la Asamblea Nacional, la cual está controlada por la oposición.

En teoría, esto abre la posibilidad de una negociación política que podría lograr un cambio más profundo. La oposición podría aprobar una refinanciación de la deuda y, a cambio, el Gobierno permitiría elecciones presidenciales libres, justas y con observación internacional el próximo año, las cuales la oposición – junto con sus partidarios como EEUU y la UE – esperaría ganar.

Incluso el incumplimiento de pagos no tiene por qué significar el final del gobierno de Maduro que podría usar los $9.000 millones de pagos de la deuda que vencen en 2018, para duplicar los niveles de importación actuales, lo que aumentaría sus posibilidades en las elecciones presidenciales del próximo año.

A pesar de todo, aún no hay un incumplimiento formal de los bonos. Caracas continúa pagando a los tenedores de bonos, aunque de manera irregular, en parte gracias a la generosidad de Moscú y Pekín.

Promete ser un juego de póquer agotador.  “En última instancia, va a haber más ganancias en Venezuela que incluso en Argentina”, considera Hans Humes, director de Greylock Capital, que está formando un comité de inversionistas. El cálculo de consecuencias geopolíticas y humanitarias son otro tema.

Con información de Portafolio.com