Reino Unido suspendió el fracking para extraer gas de esquisto por miedo a sismos

El gobierno británico anunció este sábado una moratoria sobre la fracturación hidráulica (o fracking), una técnica para extraer gas de esquisto del subsuelo, debido al riesgo de temblores sísmicos.

La ministra para la Empresa y la Energía, Andrea Leadsom, dijo haber tomado la decisión a raíz de un informe del regulador del sector, la Autoridad de Petróleo y Gas (OGA), que investigaba la actividad sísmica reciente cerca de un lugar donde se practica la fracturación hidráulica, en Preston New Road, Lancashire (noroeste de Inglaterra).

«Tras examinar el informe de la OGA (…), está claro que no podemos excluir más consecuencias inaceptables para la población local», declaró Leadsom en un comunicado.

«Por esta razón, he concluido que deberíamos instaurar una moratoria sobre la fracturación hidráulica en Inglaterra con efecto inmediato», agregó.

El gobierno dijo que no dará luz verde a nuevos proyectos de fracking «a no ser que se proporcionen nuevas pruebas convincentes».

El proceso de fracturación hidráulica consiste en crear fisuras subterráneas e infiltrar en ellas una mezcla de agua, arena y productos químicos para permitir la extracción de gas o petróleo del interior de la roca.

Una técnica polémica por su impacto ambiental que ha provocado protestas de las poblaciones afectadas y de los ecologistas, que recibieron aliviados el anuncio.

En cambio, los partidos de la oposición lo consideran insuficiente y piden una prohibición definitiva.

En pleno comienzo de la campaña para las legislativas del 12 de diciembre, Rebecca Long Bailey, encargada de Energía del partido Laborista (oposición), prometió que si llega al poder, su formación «prohibirá la fracturación hidráulica, mientras que los conservadores solo la suspenden de forma temporal. No pueden fiarse del primer ministro», declaró en un comunicado.

Por su parte, Andrea Leadsom replicó en declaraciones a la BBC que si el gobierno no veta definitivamente la técnica es porque ésta «sigue siendo una enorme oportunidad para el Reino Unido».

David contra Goliat

El Reino Unido había apoyado esta técnica con la esperanza de reducir su dependencia del gas, importado principalmente de Noruega y de Catar.

El gobierno conservador había previsto en 2016 que se pudieran abrir 20 pozos de aquí a mediados de 2020.

Sin embargo, hasta la fecha, solo se han perforado tres pozos, sin llegar a iniciar ninguna explotación de gas de esquisto y sin que las autoridades sepan qué cantidades podrían extraerse a largo plazo, subrayó un informe de la Oficina Nacional de Auditoría (NAO, por sus siglas en inglés), el organismo que controla el gasto público.

Según la NAO, los profesionales del sector atribuyen el retraso a la estricta regulación británica sobre los temblores sísmicos provocados por fracturación hidráulica.

Esta reglamentación prevé suspender el fracking temporalmente cuando se produce un terremoto superior a 0,5 en la escala de Richter como resultado de las operaciones de extracción.

De hecho en agosto pasado una fuerte sacudida telúrica llevó a la compañía Cuadrilla a suspender indefinidamente su perforación de Preston New Road, cerca de Blackpool, que era el único proyecto en curso en el Reino Unido.

La NAO subraya además que la fracturación hidráulica es costosa para las autoridades locales y las fuerzas del orden debido a las numerosas manifestaciones que generan, a los cortes del tráfico por carretera y a la necesidad de garantizar la seguridad en los lugares donde se practica.

Rebecca Newsom, una directiva de la oenegé Greenpeace, consideró en un comunicado que «la gran apuesta del gobierno sobre la fracturación hidráulica es un fiasco»

El director ejecutivo de la oenegé ecologista Los Amigos de la Tierra, Craig Bennett, aplaude la moratoria, que califica de «gran victoria para la población y el medio ambiente».

«Durante casi una década, la población local de todo el país ha librado una lucha de David contra Goliat contra esta poderosa industria», dijo, con la esperanza de que una ley prohíba la fracturación hidráulica de forma permanente.