Reino Unido y Alemania buscan vías para restablecer sus golpeadas economías
El Partido Laborista británico ha pedido al Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, introducir test de diagnóstico del coronavirus en los aeropuertos a fin de minimizar el periodo de cuarentena que se impone a los viajeros que llegan de países considerados de riesgo.
En una carta a la ministra del Interior, Priti Patel, el portavoz laborista del ramo, Nick Thomas-Symonds, insta a llevar a cabo «una rápida revisión para resolver las caóticas medidas de cuarentena», que, dijo, están «perdiendo la confianza de los ciudadanos» y perjudicando al sector del transporte aéreo.
En la misiva, difundida este domingo, el diputado de la oposición sostiene que los cambios deben incluir la introducción de un «sólido sistema de pruebas» en los aeropuertos y puertos de entrada al Reino Unido y otras de seguimiento, lo que ayudaría a «minimizar la necesidad de hacer catorce días de cuarentena».
Un portavoz del Gobierno de Johnson ha declarado, por su parte, que se trabaja con científicos, los gobiernos autonómicos y el sector de la aviación «para evaluar si, o cómo, las pruebas diagnósticas podrían utilizarse en el futuro para reducir el periodo de aislamiento».
«Cualquier cambio hacia un régimen de pruebas tendrá que estar bien fundamentado, a fin de evitar que se escapen casos positivos», afirmó.
Las aerolíneas británicas y aeropuertos como el londinense de Heathrow han pedido, asimismo, la introducción de pruebas diagnósticas y controles de temperatura, a fin de ofrecer más garantías al sector de la aviación, de los más afectados por las restricciones surgidas de la pandemia de coronavirus y que ya ha anunciado la supresión de miles de empleos.
El Ejecutivo conservador ha sido muy criticado por su aplicación, con poco preaviso y a menudo sin consultar a los gobiernos autónomos de Gales, Escocia e Irlanda del Norte, de una cuarentena obligatoria a viajeros de países considerados de riesgo, una lista que se revisa semanalmente.
Paralelamente, una encuesta difundida este domingo 6 de septiembre, realizada para la organización sin ánimo de lucro Fundación de la Salud, indica que un 56 % de los ciudadanos opina que el Ejecutivo no ha gestionado bien la pandemia de COVID-19, frente a un 39 % que pensaba así el pasado mayo.
– Alemania: semana laboral de 4 días –
La semana de cuatro días como respuesta a la masiva destrucción de empleo de la pandemia coronavirus es una teoría tan atractiva como controvertida que está despegado en los últimos días en Alemania, evidenciando las dificultades para su implementación.
El asunto fue suscitado por IG Metal, el mayor sindicato sectorial de Alemania y Europa, que lanzó este agosto la propuesta como una respuesta a las dificultades que ha provocado el coronavirus en la economía, pero también en previsión a otros retos futuros.
En una entrevista en el diario Süddeutsche Zeitung el presidente de IG Metall, Jörg Hofmann, avanzó que, para la siguiente ronda de negociaciones del convenio colectivo, propondrá «la semana de cuatro días como opción» a cambio de un «cierto ajuste salarial». No concretó las horas de trabajo ni las repercusiones económicas.
El objetivo sería adaptar el volumen de horas de trabajo a la reducción de la producción provocada por la crisis de demanda en muchos sectores sin tener que reducir proporcionalmente la masa laboral, algo que perjudica tanto a los empleados afectados como a las empresas (que pierden capital humano).
«Necesitamos también ideas nuevas e implementables. Voy a proponer para el debate en la próxima ronda (de negociación) del convenio colectivo la semana de cuatro días como opción», afirmó.
Entre los grandes beneficiados, abunda, se encontraría el sector del motor -el primero por producción, exportaciones y empleo en Alemania- en jaque actualmente, además de por el coronavirus, por el coche eléctrico, los vehículos autónomos y la movilidad alternativa.
«La transformación no debe llevar a despidos, sino a buen empleo para todos», aseguró Hofmann.
La propuesta ha tenido una acogida desigual. El partido La Izquierda la ha aplaudido y su copresidenta Katja Kipping ha pedido la semana de 30 horas y subvenciones estatales como aliciente. El ministro de Trabajo, el socialdemócrata Hebertus Heil, ha indicado que «la reducción del tiempo de trabajo con un ajuste salarial parcial puede ser una medida adecuada».
«Se necesitan ideas buenas y pragmáticas para superar la crisis juntos», argumenta Heil a los medios del grupo Funke.
La patronal, por su parte, ha mostrado su oposición. El gerente de la Federación Alemana de Asociaciones de Empleadores (BDA), Steffen Kampeter, señaló al diario Frankfurter Allgemeine Zeitung que el momento para introducir una medida así no puede ser menos oportuno para las empresas.
«La economía alemana está sufriendo un enorme choque de productividad. Sólo superaremos la crisis si posibilitamos, con más trabajo, bienestar y seguridad a nivel social», argumentó.
La fractura que ha generado la propuesta a lo largo de toda Alemania también divide al gremio de los economistas.
El experto en mercado laboral del liberal Instituto de la Economía Alemana (IW), Holger Schäfer, calificó en una entrevista en la emisora pública Deutschlandfunk de «peligroso sin sentido» la semana de cuatro días y, especialmente, la idea de promoverla desde el Estado con subvenciones, como propone La Izquierda.
Marcel Fratzscher, presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), de posiciones socialdemócratas, se mostró en una entrevista en el diario Passauer Neue Presse a favor de la semana de cuatro días y de una mayor flexibilización de los horarios de trabajo «si así lo quieren el empleador y el trabajador». Pero con matices.
«Es crucial siempre la cuestión del ajuste salarial», agregó Fratzscher, porque esto significaría un aumento de los costes laborales para las empresas, algo contraproducente a nivel macroeconómico en la actual crisis.
«Una reducción del tiempo de trabajo me parece actualmente algo razonable si así se pueden asegurar puestos de trabajo. Una subida de los costes laborales lastraría aún más a las empresas», apuntó.
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