Reuters: Venezuela aplica ley contra el odio para encarcelar o intimidar a críticos de Maduro

Francisco Belisario, alcalde venezolano, general retirado y miembro del gobernante Partido Socialista, se hartó. Su mayor crítico local lo había acusado de estropear la respuesta al brote de coronavirus y de otros grandes problemas.

En agosto escribió a un fiscal del estado y solicitó una “investigación exhaustiva” de su némesis Giovanni Urbaneja, un exlegislador y desertor del partido que se había convertido en una piedra en el zapato para el alcalde y otros funcionarios socialistas.

Urbaneja, escribió Belisario en una carta revisada por la agencia Reuters, estaba llevando a cabo una “feroz campaña de descrédito”, en Facebook y en otros medios. Urbaneja no solo lo difamó a él y al presidente Nicolás Maduro, escribió el alcalde. Violó la Ley contra el Odio de Venezuela.

La ley, aprobada en 2017 pero rara vez utilizada antes de este año, tipifica como delito las acciones que “incitan al odio” contra una persona o grupo. Había que acusar a Urbaneja de delitos de odio, imploró el alcalde al fiscal.

Días después varias decenas de agentes enmascarados allanaron su casa y lo llevaron a punta de pistola para “conversar”, según el informe policial de la detención y la esposa de Urbaneja. Urbaneja permanece preso a la espera de la formulación de cargos y el juicio.

El alcalde, en un mensaje de texto enviado a Reuters, confirmó su carta en la que solicitaba cargos por violación a la ley de odio contra Urbaneja.

Defendió su acción asegurando que la crítica de sus adversarios era injusta porque la respuesta local al coronavirus es administrada por el sistema nacional de salud, no por la oficina del alcalde.

Fue una maniobra cada vez más común: en un recuento de más de 40 arrestos recientes por la ley de odio, Reuters encontró que en cada caso las autoridades intervinieron contra venezolanos que han criticado a Maduro, otros funcionarios del gobierno o sus aliados.

A pesar de su mayor uso por parte de los fiscales, la ley de odio es considerada inconstitucional e ilegítima por muchos juristas venezolanos entrevistados. La ley no sólo viola el derecho a la libertad de expresión, argumentan, sino que fue promulgada ilegalmente, redactada y aprobada por una legislatura paralela que Maduro creó en ese momento para eludir la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.

La semana pasada, la ley jugó un papel importante en una elección nacional, dicen los opositores de Maduro, al intimidar a los críticos que se habían pronunciado sobre el gobierno en el período previo a la votación.

La elección, ampliamente considerada una farsa por la oposición, los grupos de derechos humanos y la mayoría de las democracias occidentales, finalmente entregó el control de la asamblea, la última parte del Estado que no estaba alineado con Maduro, a los aliados del presidente.

Maduro ha ejercido la fuerza del Estado en crecientes formas para reforzar su control sobre el poder en el empobrecido país sudamericano, ahora en su octavo año de crisis económica.

Para reprimir a disidentes en empobrecidas barriadas, su gobierno despliega policías especiales, algunos de los cuales son criminales convictos, para realizar letales redadas e intimidar a los ciudadanos.

Para apaciguar a las debilitadas fuerzas de seguridad, la policía y las tropas con frecuencia son autorizadas a saquear, extorsionar y cometer delitos violentos. El propio Maduro ha sido acusado por Estados Unidos de narcoterrorismo y otros presuntos delitos.

Ahora, con poca oposición efectiva para desafiar la legislación de odio y la mayoría de los tribunales controlados por jueces también leales a Maduro, la ley podría ser una herramienta aún más formidable contra la disidencia.

“Una norma en manos de un poder judicial que no tiene independencia, se presta para todo tipo de arbitrariedades y persecución”, dijo Alberto Arteaga, especialista en derecho penal de la Universidad Central de Venezuela. “La justicia penal venezolana ha sido utilizada como un instrumento contra la disidencia política”.

Tarek Saab, el fiscal jefe, es uno de los arquitectos de la ley del odio. En una breve entrevista telefónica, Saab rechazó las afirmaciones de que la norma se está utilizando con fines partidistas. Dijo a Reuters que la legislación es un instrumento importante para calmar los disturbios.

“Quedan totalmente desarmadas las voces de la violencia, del terrorismo, y del crimen”, dijo.

Saab se negó a discutir detalles de casos individuales revisados por Reuters.

El Ministerio de Información de Venezuela, responsable de las comunicaciones con Maduro y otros altos funcionarios, no respondió a las solicitudes telefónicas y por correo electrónico para obtener más comentarios. Los portavoces del Ministerio de Justicia tampoco respondieron a las consultas de Reuters.

Además de las leyes que son ampliamente utilizadas para alegar “conspiración” y “desorden” por parte de los opositores al gobierno, la legislación sobre el odio está demostrando ser un arma eficaz contra los críticos, sobre todo debido a las duras penas para los condenados.

La ley prevé penas de prisión de hasta 20 años, más de los 18 años de pena por asesinato. Pero la mayoría de los casos nunca llegan a juicio, encontró Reuters. En cambio, los acusados pasan períodos indefinidos, a menudo meses, en prisión preventiva. Reciben poca información sobre su caso de parte de los fiscales y luchan por construir una defensa porque los abogados tampoco están informados.

Los casos muestran cómo la ley general, pero poco entendida, se está utilizando con cada vez más éxito para encarcelar o intimidar a quienes todavía se atreven a hablar en contra del gobierno de Venezuela.

– «Pongamos orden en esto» –

La ley tiene su origen en las mortales protestas que sacudieron a Venezuela en 2017.

Mientras Maduro buscaba cimentar su control en medio de una crisis económica que empeoraba, el Tribunal Supremo, repleto de jueces nombrados desde la presidencia, dictaminó en marzo que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, estaba “en desacato” a las autoridades. El tribunal dijo que asumiría el papel de legislatura.

Las protestas estallaron en todo el país. Las manifestaciones continuaron hasta agosto, cuando Maduro creó un nuevo organismo, la Asamblea Constituyente, para suplantar al parlamento opositor. Al menos 125 personas murieron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Ese octubre, Maduro apareció en la televisión estatal con un grupo de miembros del gabinete. Les pidió que encontraran formas de frenar las críticas en las redes sociales. Esos comentarios, dijo, acrecentaban el malestar. “Pongamos orden en esto”, ordenó Maduro.

Los ministros y otros altos funcionarios se reunieron para atender su demanda.

Entre ellos estaba Saab, el fiscal general.

Saab había asumido el cargo semanas antes cuando su antecesora, Luisa Ortega, rompió con Maduro por la creación de la nueva asamblea. Saab, exdefensor público que ahora tiene 57 años, es ampliamente descrito por los oponentes como uno de los principales secuaces de Maduro.

Fue uno de los 13 funcionarios de Maduro sancionados por Estados Unidos ese año por “socavar la democracia” y librar una “violencia desenfrenada” contra los manifestantes. Saab ha llamado a la sanción como “una medalla en el pecho”.

“La paz de la república está garantizada”, dijo Saab en un discurso al asumir el cargo de fiscal.

De inmediato, Saab llevó a cabo una purga entre los fiscales del país y despojó de la autoridad a quienes se quedaron. Despidió a 300 funcionarios considerados desleales y cerró unidades centradas en la corrupción y los abusos de los derechos humanos, dijeron a Reuters siete exfiscales.

“Todo fue centralizado”, dijo un ex fiscal. “Todas las instrucciones vienen de sus manos”.

En noviembre, Maduro presentó personalmente un borrador de la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” a la nueva legislatura. Tras un debate de menos de dos horas, la Asamblea Constituyente lo aprobó por unanimidad a mano alzada. Los legisladores aplaudieron y ondearon banderas, gritando “¡Viva la Patria!”

En una conferencia de prensa al día siguiente, Saab pidió a los venezolanos que denunciaran a los violadores. “Recuerda que ya hay una ley en Venezuela muy clara que nos permite judicializar el caso”, dijo.

La ley es vaga, objetan los críticos, prohibiendo una conducta como “promover el odio nacional”, sin definirlo. Sus seis páginas y 25 artículos de texto, son en su mayoría un tratado sobre la paz, la tolerancia, la democracia y otros valores que pretende proteger. La legislación no especifica qué acciones, declaraciones u otros comportamientos constituyen odio.

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