Seis agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de Venezuela fueron arrestados tras el asesinato de dos trabajadores de un pequeño medio de comunicación digital de línea oficialista, informaron autoridades.
Los seis «oficiales serán procesados por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía, uso indebido de armas, simulación de hecho punible, abuso de autoridad y violación de domicilio», informó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, en sus redes sociales.
Al referirse a lo ocurrido como un «hecho irregular», Reverol, que figura en la lista de funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea acusados de corrupción y violaciones de derechos humanos, indicó que designó «un equipo multidisciplinario» para investigar «a fondo» los hechos.
La fiscalía venezolana abrió el domingo una investigación tras la «presunta ejecución extrajudicial» de Andrés Eloy Zacarías, de 33 años, trabajador de Guacamaya TV, un canal digital dedicado a la difusión de informaciones en pro del oficialismo, y Víctor Torres, de 29, hijo del dueño.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció que los asesinatos se produjeron durante «un operativo de las Faes» el 21 de agosto en la sede del canal en Cabimas, estado Zulia.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha exigido la disolución del escuadrón creado el 14 de julio de 2017 por el presidente socialista Nicolás Maduro en medio de protestas antigubernamentales.
Son múltiples las denuncias de violaciones de derechos humanos contra esa fuerza, que van desde allanamientos ilegales en suburbios pobres, tiros de gracia, simulación de enfrentamientos, ocultamiento de autopsias y trabas para acceder a expedientes.
En septiembre de 2019 Bachelet presentó un duro informe en el que dijo documentar posibles ejecuciones extrajudiciales de las FAES. Maduro la acusó entonces de repetir «mentiras» sobre Venezuela.
El pasado 8 de agosto, Saab dijo que en los últimos tres años la fiscalía ha imputado a 528 funcionarios de orden público por violación de derechos humanos, de los cuales 450 han sido privados de libertad y 140 han recibido condena.
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