Riesgo legal de Citgo se mantiene porque bonistas seguirán con sus demandas

El escritorio legal estadounidense Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representa a un grupo de tenedores de bonos venezolanos, indicó que, según su criterio, la Orden Ejecutiva 13.884, del pasado 5 de agosto, que endurece las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro no tiene ningún efecto sobre la reclamación de sus representados y, en consecuencia, no impide seguir adelante con los litigios derivados del default declarado por la administración chavista.

De acuerdo con una nota de Steven Bodzine, analista de REDD, firma especializada en el análisis de mercados emergentes, Cleary Gottlieb emitió una declaración, el pasado 7 de agosto, donde sentó posición legal sobre los efectos de las sanciones recientes del gobierno de Estados Unidos en las pretensiones de sus clientes de cobrarse deudas por impago de bonos con acciones de Citgo.

La conclusión es clara: en opinión del bufete no existe efecto alguno sobre el litigio.

El equipo jurídico liderado por el procurador especial José Ignacio Hernández, designado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en uso de las atribuciones del Poder Ejecutivo que asumió el pasado 23 de enero, pretende que la Orden Ejecutiva constituye una congelación de cualquier operación que involucre a activos propiedad del Estado venezolano, lo que debe incluir la enajenación por cualquier vía.

Sin embargo, el criterio de los abogados de los bonistas es que eso es, a lo sumo, interpretable por un tribunal. Por esta razón, el gobierno interino asumido por Guaidó debe pagar el servicio superior a 900 millones de dólares por el Bono Pdvsa 2020, que vence en octubre, para mantener a salvo a la corporación refinadora de crudo.

El alegato de Hernández, según REDD, se basa en «el párrafo 1 (c) de la EO (siglas en inglés de Orden Ejecutiva) N° 13.884, que dice que la congelación total de las transacciones con el gobierno de Venezuela es eficaz ´a pesar de cualquier contrato celebrado o de cualquier permiso concedido antes de la fecha de vigencia de esta orden´”.

En consecuencia, esta Orden Ejecutiva suspendería los efectos de la Licencia General N° 5 que permite a los tenedores de bonos demandar la ejecución del porcentaje de las acciones de Citgo puesto como colateral de la emisión del Pdvsa 2020.

Cleary Gottlieb argumenta que la Licencia General N° 5 fue sustituida por la 9E que permite a los tenedores del Pdvsa 2020, con un cupón de 8,5%, mantener sus demandas, mientras la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro no ha emitido dictamen alguno para dilucidar la controversia.

«A la espera de más cambios en las licencias generales o directrices de la OFAC, por lo tanto creemos que la ejecución de la garantía que respalda los bonos 2020, de acuerdo con sus términos, queda autorizada», puntualiza el abogado Paul Marquardt, socio de la práctica financiera de Cleary Gottlieb en Washington.

– Problema político –

El asunto es que no solo los tenedores de bonos amenazan la propiedad de Citgo, sino un conjunto de acreedores corporativos afectados por deudas comerciales y expropiaciones. De acuerdo con el análisis de REDD, el presidente parlamentario Juan Guaidó ha convertido la situación de la filial estadounidense de Pdvsa en un tema de primer orden político, por lo que perder su control le supondría una derrota muy relevante.

Además, la posición de su procurador especial es delicada en cierto sentido, porque si prospera la demanda del dirigente de Avanzada Progresista, Jorge Alejandro Rodríguez, contra José Ignacio Hernández por supuestas prácticas antiéticas en la representación de la República en el juicio incoado por la minera canadiense Crystallex, la estrategia legal de la administración interina se vería comprometida y habría un juicio político contra Guaidó por esta designación.

Los bonos Pdvsa 2020 se están cotizando en una media de 62% de su valor facial y el descuento no es más grande, porque estos títulos son percibidos en el mercado como sobre-garantizados (overcollateralized), de manera que si la Orden Ejecutiva del 5 de agosto prohíbe la ejecución de la garantía, el daño a los tenedores sería mucho mayor.

Por otra parte, el dictamen de la OFAC sobre esta materia no solo es esperado por Guaidó y los tenedores, sino por abogados en otros juicios que involucran a Venezuela. Por ejemplo, el jurista José Pizzurro, de Curtis, Mallet-Prevost, que representa a la República en el juicio incoado por OI European Group, filial de la fabricante de productos de vidrio Owens Illinois, cuyos activos en Venezuela fueron expropiados en 2010 por orden del ex presidente Hugo Chávez, apeló a la Orden Ejecutiva que congela activos estatales venezolanos para intentar un diferimiento.

Pizzurro cree que el proceso de reclamo de una indemnización de 450 millones de dólares contra Venezuela debe ser diferido por 120 días hasta dilucidar el efecto de las medidas recientes de Donald Trump.