Roberto Orta (CIV) plantea financiamiento vía mercado de valores y garantías de respeto a la propiedad inmobiliaria

El nuevo presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela electo para el periodo 2022-2024, Roberto Orta, presentó un balance del sector y explicó que, en los últimos cinco años, los precios de los inmuebles se han mantenido estables, lo que, a su juicio, refleja la importancia de estos activos como opción de inversión para los venezolanos y extranjeros.

“En el último año, hubo un incremento promedio de los precios de arrendamiento de 20%, específicamente en locales a puerta de calle, en sectores como salud, y aquellos encargados de la venta y distribución de alimentos”, señaló Orta.

Sobre el arrendamiento de los locales ubicados en centros comerciales manifestó que se ha observado una reactivación paulatina, con una disminución de la vacancia en estos espacios. En el caso de las oficinas, Orta reportó una disminución en los precios de alquiler de 5% en promedio.

“Principalmente por motivo de la pandemia, muchas empresas migraron al trabajo en casa, otras disminuyeron sus espacios físicos, y todo eso, sumado a una sobreoferta por construcción de oficinas, sobre todo en ciudades como Caracas, donde no hay una demanda de oficinas por parte de nuevas empresas, eso ha causado una disminución leve”, explicó.

– Propuestas –

Como parte de sus propuestas para dinamizar el sector y generar más oportunidades, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela planteó la modificación de tres leyes que, a su juicio, restringen el desarrollo del mercado; una de ellas, la Ley de Arrendamiento.

Explicó que se debe regularizar o buscar un procedimiento que sea justo tanto para el arrendatario como para el arrendador, y que este tenga la posibilidad real de recuperar su vivienda alquilada.

“En la actualidad tenemos cerca de 2.500 propietarios de inmuebles que han finalizado los juicios de desocupación de sus propiedades y no han podido ejecutarlos, debido a un amparo del Tribunal Supremo de Justicia decretado en 2015. La seguridad jurídica está paralizada, por eso proponemos que se elimine el proceso administrativo y que esto vaya directo a tribunales y se puedan ejecutar las sentencias a favor de la parte que corresponda”, expresó.

Otro de los puntos que la Cámara considera deben ser modificado es la fijación del canon de arrendamiento para impulsar el alquiler masivo de viviendas.

“Nuestra propuesta es que las partes puedan de mutuo acuerdo fijar el canon de arrendamiento ya sea en bolívares, moneda extranjera o en criptomendas. Pedimos, tanto para la compra como la venta, una sinceración de la norma para permitir el uso de monedas diferentes al bolívar”, indicó Orta.

En cuanto a la Ley Contra La Estafa Inmobiliaria, promulgada en el año 2011, Orta considera que debe ser modificada para que facilite la promoción de la preventa inmobiliaria. “La preventa es una herramienta positiva tanto para el promotor inmobiliario como para la familia que puede ir pagando esa vivienda mientras se construye”.

Sobre la Ley del Deudor Hipotecario, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela propone que sea reformada para permitir el otorgamiento de préstamos hipotecarios de vivienda en una moneda distinta al bolívar.

Ante la falta de crédito bancario, el máximo representante del sector inmobiliario plantea el financiamiento para la adquisición de inmuebles a través del mercado de valores.

“La idea es que si un promotor quiere construir un edificio comercial o de oficinas, pueda llevar ese proyecto ante la Superintendencia Nacional de Valores para obtener un aval y vender las acciones de esa compañía, de manera que, con ese dinero, desarrolle la construcción del proyecto y que genere una ganancia para las personas que compraron esas acciones”, insiste.

El nuevo presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Orta, además recordó que en el año 2006 fueron expropiados 53 edificios en el área metropolitana de Caracas y aún no han sido devueltos a sus dueños ni tampoco indemnizados.

“Llevaremos al Ejecutivo Nacional, en las reuniones con el sector construcción, la solicitud de restitución no solo de esos inmuebles, sino también de la indemnización correspondiente para algunos propietarios de inmuebles que fueron ocupados para la construcción algunos edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela”, manifestó.

Sobre la reforma de la Ley de Registros y Notarías, Orta aseguró que en algunos casos constituye una barrera para que muchas familias puedan comprar una vivienda.

“Los compradores de vivienda en la realidad están pagando entre un 5% a un 20% en un porcentaje mayoritario, pero hay casos excepcionales como en el estado Bolívar donde se les está solicitando un arancel de registro equivalente al 40% del valor de la propiedad”, aseguró

Ante esta situación, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, anuncio que solicitará una audiencia con el director del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), para evitar el cobro excesivo de estos registros.