Rusoro demanda a Venezuela para cobrar millonaria indemnización
La empresa minera Ruso Mining demandó a Venezuela ante tribunales en Estados Unidos y Canadá con el fin conseguir el embargo de activos para que el país le cancele $1.340 millones correspondientes a la indemnización por la expropiación de sus actividades.
«Venezuela orquestó una serie de transacciones fraudulentas, que fueron emprendidas por las corporaciones demandadas (Pdvsa y Citgo) para retirar los activos de Estados Unidos, donde pueden ser vulnerables a la incautación y ejecución judicial, a Venezuela, donde es casi seguro que serán inalcanzables», alega la compañía en una nota de prensa.
En detalle, Rusoro acusa a Citgo de tomar prestados $2.800 millones como un «dividendo» que transfirió a Pdvsa. Además, señalan a Pdvsa de haber reestructurado «ciertos bonos» que ahora tienen como garantía las accones de Citgo. «Ninguna de estas transacciones tenían un objetivo comercial legítimo, y cada una se emprendió con el impropio propósito de frustrar la capacidad de los acreedores venezolanos, incluido Rusoro, para hacer valer sus reclamaciones contra el país, que ascienden a decenas de miles de millones de dólares», asegura la compañía.
Al igual que Crystallex, otra minera expropiada que busca en los tribunales cobrar su indemnización, Rusoro afirma que Venezuela y Pdvsa son una misma entidad, ya que el país controla a la empresa petrolera.
«Si bien Rusoro preferiría una resolución consensuada de su disputa con Venezuela, si Venezuela continúa negándose a pagar sus deudas con Rusoro de manera consensuada, Rusoro seguirá tomando todas las medidas a su alcance para hacer cumplir las sentencias y, de ser necesario, apoderarse de los activos venezolanos para satisfacerlos», sentencia la compañía.
Agrega que «perseguirá la ejecución contra Venezuela en cualquier país donde mantenga activos hasta que Venezuela haya satisfecho el laudo en su totalidad».
En enero Rusoro informó que disponía de hasta $7 millones en su presupuesto para adelantar todos los procesos judiciales necesarios para lograr que Venezuela cancele su deuda con ellos.
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