Sanciones: Diplomacia transformacional

El Documento sobre “Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos” –marzo, 2006 –  proclamaba la “Diplomacia Transformacional” en teoría establecía: trabajar con “nuestros socios internacionales” para construir y sostener estados democráticos, bien gobernados que respondan a las necesidades de sus ciudadanos y se conduzcan responsablemente en el sistema internacional en consecuencia se animaba y compensaba el buen comportamiento en vez de reforzar el comportamiento negativo.

Era la época en que el gobierno venezolano hablaba de “excelentes” relaciones con los Estados Unidos en materia de intercambio comercial, éramos proveedores seguros de más de un millón y medio de barriles diarios de petróleo y teníamos un cumplimiento de todo lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico;  la diferencia se circunscribía a lo político al pretender imponer los EEUU su política o avasallar “militarizando” las relaciones en consecuencia cualquier gobierno con sentido de soberanía tiene que reaccionar, se proponía “el dialogo” para dirimir diferencias.

El  presidente Chávez había logrado con éxito imponer el “balanceo suave”: contener incluso frustrar en muchos casos prescindiendo de la negociación, la política exterior de un estado reconocido por más poderoso – EEUU –  teniendo su correlación económica en la denominada “diplomacia del poder social”: obtención de apoyo político a través de dadivas – sea donaciones, inversiones, subvenciones – particularmente a regímenes no comprometidos con la “democracia” en su versión representativa o liberal.

Esta política se vio mermada y reducida particularmente por la incidencia de la baja de ingresos por exportaciones petroleras perdiendo la eficiencia que tuvo en el pasado; adicionalmente por  la emergencia de tendencias liberales en los principales países latinoamericanos que en algún momento se manifestaron afectos al proyecto del socialismo del siglo XXI particularmente Brasil, Argentina y al parecer últimamente Ecuador.

Todo lo anterior va con relación al manejo que ha tenido el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro respecto a la adopción de  sanciones financieras tomadas por el presidente norteamericano Donald Trump concretamente afectando a bonos de deuda tanto de la estatal petrolera PDVSA y del Estado venezolano asomando el gobierno responsabilidades inclusive hacia ciertos factores internos de la oposición venezolana visto inclusive por actos de “traición a la Patria”.

Las restricciones a la oferta  de deuda venezolana en el mercado norteamericano se advierten bajo el señalamiento que es emitido por una “dictadura” y en respuesta a la violación de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales imputado a la administración Maduro.

El Secretario del Tesoro norteamericano Steven Mnuchin asevera: “Maduro ya no podría sacar ventaja del sistema de financiamiento estadounidense para facilitar el saqueo al por mayor de la economía de Venezuela a costa del Pueblo venezolano”.

Una valoración política con un ápice de moralismo  asumiéndose de una manera  similar pero salvando las distancias a los llamados  “Diamantes de Sangre” (Blood Diamonds) productos transados o comercializados en el mercado capitalista procedentes de países productores inmersos en conflictos bélicos de carácter interno o externo en flagrante violación de Derechos Humanos más fundamentales, con el propósito de financiar los costos del conflicto.

Días atrás JP Morgan  había advertido “Cuanto más se consolide la Asamblea Constituyente como plataforma para ahogar el disenso y perpetuar el régimen en el poder, mayor es la probabilidad de sanciones duras al sector petrolero o financiero, lo que a su vez eleva la posibilidad de un default duro y largo de los bonos”.

De acuerdo con Bloomberg; el Credit Suisse Group AG habría bloqueado sus transacciones de los bonos PDVSA 2022, Soberano 2036 y todos aquellos emitidos después del 1º de junio de este año y prohibir cualquier negocio con el gobierno venezolano o entidades contraídas con individuos o compañías privadas o cualquier negocio que involucre activos en Venezuela a menos que sean aprobadas por la oficina de riesgo del banco con el objeto de no proveer medios que puedan ser percibidos como facilitadores para violar Derechos Humanos del Pueblo venezolano.

La medida en principio pareciese afectar la comercialización de “nueva deuda” – es decir excluye la ya emitida – en el caso de PDVSA con una vigencia de 90 días o mayor y con el gobierno venezolano con una vigencia de 30 días o mayor.

No se impone restricciones por el momento a las exportaciones petroleras venezolanas  al mercado norteamericano.

La más significativa es que impide a PDVSA enviar los dividendos producto de las exportaciones causadas en suelo norteamericano a Venezuela  considerado por Maduro “Es un robo, una estafa lo que nos está haciendo».

Es de acotar que la exportación de petróleo venezolano al mercado norteamericano no es una actividad de carácter estatal sino entre empresas comerciales una norteamericana que es CITGO y otra venezolana que es PDVSA; constituyendo personas jurídicas y comerciales distintas.

De este modo, un gobierno que se jacta tanto de ser antiimperialista, anticapitalista y anti liberal se considera “ofendido” cuando la intervención estatal, en este caso del gobierno norteamericano, pareciese poner obstáculos en el libre desenvolvimiento del mercado bursátil o de deuda, cuyas ganancias no se generan en la producción o trabajo sino en la especulación u expectativas de obtención de plusvalía sobre lo invertido; actitud censurada abiertamente e inclusive moralmente por la ortodoxia marxista que parece inspirar la orientación económica del gobierno venezolano.

Otro asunto, el  gobierno venezolano aboga por los controles en su economía entre ellos la del precio pero obtuvo los mayores ingresos inclusive  de la historia económica del País en virtud de los mecanismos de oferta y demanda en el mercado petrolero internacional; y transferencia  de dividendos producidos en territorio norteamericano cuando en el plano nacional prácticamente se obliga a  la reinversión de ingresos producidos dentro del territorio venezolano.

La otra disquisición es que la viabilidad del socialismo venezolano depende casi exclusivamente de los ingresos y plusvalía generados  en la  economía de mercado norteamericana, afianzando aún más  lo denominado por  “rentismo petrolero” y anulando lo que en su momento se denominó  “desarrollo endógeno” una versión más dogmática, agresiva y radical de la política de “sustitución de importaciones” de los años 60 y 70, desligada de toda referencia del mercado internacional;  especie de autarquía  utópica inspirada en el modelo paraguayo decimonónico  – si alguna vez existió –  de la dictadura de Gaspar Rodríguez Francia venerado por la izquierda latinoamericana .- con referencia en el libro Las Venas Abiertas de América Latina – rompería la dependencia colonialista con el capitalismo.

La economía venezolana en la actualidad es más dependiente de los centros de financiamiento capitalistas habiendo cambiando solamente el financiamiento supranacional del Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial combatido por la izquierda en los años 80 y 90, por la banca privada internacional aún más agresiva como evidencia el financiamiento proporcionado por Goldman Sachs  de adquirir 2,8 mil millones de dólares en bonos de PDVSA, con vencimiento en 2022 y un descuento del 70 por ciento respecto de su precio en el mercado.

Inclusive se ha manifestado como logro del gobierno del presidente Maduro el honrar estrictamente las deudas a los acreedores capitalistas a costa de restricciones al consumo interno con el objeto de tener viabilidad en el mercado financiero  internacional.

Las sanciones de Trump independientemente de su contenido coyuntural nos retan a una reflexión como País para superar la “post – verdad” de un discurso oficial chocante o extraño a la realidad que nos aborda.