#NotaEditorial | Hay que administrar bien el optimismo por flexibilización de sanciones

Una administración prudente del optimismo puede generar una visión más clara sobre las implicaciones del levantamiento de algunas sanciones claves contra instituciones venezolanas por parte de Estados Unidos, luego de la firma de dos acuerdos preliminares entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición.

Hay que concordar, después de leer los pactos suscritos, que Estados Unidos actuó con generosidad en el levantamiento de sanciones para flexibilizar las condiciones económicas de Venezuela, pero no hay que llamarse a engaño, pues en las condiciones actuales un mayor flujo de petróleo venezolano a occidente, en lugar de a China o Rusia, es de alto interés económico y geopolítico.

Así que Washington levantó las sanciones que su interés directo más aconsejaba, incluso para proteger a su mercado financiero. Otra cosa es que haya intereses comunes con el gobierno venezolano, que necesita del petróleo y la minería para salir de una situación de estancamiento económico acuciante después de siete años de una severa contracción económica.

En resumen, el gobierno de Venezuela tiene razones para estar contento. Hizo concesiones, algunas no tan concretas como muchos esperaban con optimismo, que no representan realmente costos políticos muy elevados y recibió a cambio una amplia reducción de sanciones que le permitirán hacer política económica con más holgura.

Por supuesto, está bajo la espada de Damocles: Estados Unidos, luego de la firma en Barbados, ha puesto condiciones más concretas para mantener el estado actual de cosas, como la liberación de todos los detenidos por razones políticas y la rehabilitación de dirigentes políticos para que puedan competir en las elecciones de 2024.

Ninguno de estos dos temas está expresamente resuelto en los acuerdos firmados. El texto que alude a la participación de candidatos establece como limitante el ordenamiento jurídico vigente; sin embargo, a Estados Unidos no le será fácil recoger la cuerda con las sanciones; primero por las razones económicas y geopolíticas ya expuestas y, segundo, porque ello podría tener consecuencias sobre el clima político en Venezuela.

Algunos analistas ya hablan de un crecimiento económico de dos dígitos en 2024. Si bien es verdad que la posibilidad de que el ingreso petrolero crezca de manera prácticamente automática en 50% o 60% es concreta; si bien es cierto que el levantamiento de sanciones a minería y a algunas actividades financieras también puede viabilizar un mayor dinamismo, hay que poner las cosas en contexto.

En nuestra opinión, es posible que la economía venezolana, con este nuevo cuadro, crezca alrededor de 8,5% en 2024, pero vemos más presiones inflacionarias ante una mayor expansión del gasto público y en cuanto a la actividad económica, se requieren reformas adicionales que sirvan de estímulo más directo.

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Habría margen, por ejemplo, para que el Ejecutivo Nacional reduzca la excesiva presión tributaria sobre las empresas y sería una buena oportunidad para que se abrieran más espacios a la inversión privada, pero estos procesos no son automáticos.

Es evidente que, en un año electoral, la prioridad del gobierno, con más recursos a disposición, será ampliar el impacto de su política social tanto como pueda con evidentes fines políticos, y el único efecto concreto que se deriva de esa línea de acción es una recuperación de la demanda interna.

¿Qué tan profunda y sostenible será esa recuperación? Ya se verá con los datos a la mano.

El asunto es que la firma de los acuerdos y las decisiones tomadas por Estados Unidos son noticias muy positivas, permitirán mejorar las condiciones para seguir recuperando la economía y deberían permitir resolver algunos problemas urgentes que el país tiene en materia de prestación de servicios básicos. Y un aspecto clave para un mejor desenvolvimiento es que las expectativas económicas mejorarán.

Pero no significan la vía hacia una recuperación económica rápida y sostenida, por lo que ahora toca a la sociedad venezolana abrir el debate sobre cómo lograr ese objetivo y allí el acuerdo de condiciones electorales suscrito en Barbados puede generar un efecto positivo.

Es necesario que el proceso electoral que nos viene en 2024 no sea un intercambio de acusaciones, un torneo de descalificaciones, sino la oportunidad para ver con sinceridad, amplitud y buen criterio cómo salir del estancamiento económico en un país con tantos problemas, pero a la vez con tantos recursos.

Ya es una ganancia que la expectativa de cara a 2024 mejore, sin duda; pero esta es la oportunidad de impulsar reformas que establezcan una ruta de crecimiento de largo plazo, recuperar nuestra infraestructura, generar más empleo formal, atraer más inversión productiva, elevar el crédito, impulsar el emprendimiento empresarial y ordenar la macroeconomía.

Después de todo, el levantamiento parcial y temporal de las sanciones es una oportunidad que no se debería perder.

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* El autor es economista y Director General de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados

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