Santos anunció ofensiva total contra disidentes de las FARC

Los excombatientes de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz serán combatidos con todo el poder de las Fuerzas Militares, dijo el jueves el presidente de Colombia, a medida que aumentan los choques con otros grupos armados por el lucrativo negocio de la droga.

Unos 11.300 integrantes de las FARC están en proceso de reincorporarse a la sociedad, después que el grupo entregó las armas a Naciones Unidas y conformó un partido político en base al acuerdo firmado hace un año con el gobierno para acabar un conflicto que ha dejado 220.000 muertos en más de medio siglo.

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, estimó a finales de octubre en 800 los disidentes de las FARC, mientras que fuentes de seguridad calculan que son 1.000. En tanto, un informe de la Fundación Paz y Reconciliación publicado el jueves aseguró que 700 guerrilleros habrían reincidido, lo que representa un desafío para la consolidación de la paz.

“A esas disidencias les vamos a caer con todo. No vamos a tener ninguna contemplación”, dijo el presidente Juan Manuel Santos en un encuentro con corresponsales de la prensa internacional, en el que señaló que la cifra está por debajo del 15 por ciento de disidentes que normalmente se presentan entre grupos armados que deponen las armas al firmar acuerdos de paz.

Las disidencias mantienen batallas cada vez más fuertes por territorios con las bandas criminales dedicadas al narcotráfico que intentan ocupar los espacios dejados por las FARC, que culminaron a finales de junio la entrega de más de 8.000 armas a la ONU, de acuerdo con fuentes de seguridad.

Aunque las Fuerzas Armadas de Colombia fueron autorizadas por el gobierno para bombardear desde aviones y helicópteros a los remanentes de la antigua guerrilla, hasta ahora no se han logrado resultados, en parte porque se ocultan o usan a la población civil como escudo, según oficiales militares.

Las autoridades militares y de policía enfrentan a bandas criminales que se expandieron en el último año aprovechando la incapacidad de las instituciones estatales para garantizar alternativas económicas y sociales a la población que vive del cultivo de hoja de coca, materia prima de la cocaína, de acuerdo con analistas.