Alquilan habitaciones a turistas, tienen un restaurante o venden su propia línea de ropa: los empresarios privados cubanos, en auge en los últimos años, enfrentan ahora dificultades como principales víctimas de las sanciones de la administración Trump, según un estudio publicado este miércoles 18 de septiembre.
De una muestra de 126 emprendedores entrevistados por la consultora cubana Auge, más de las tres cuartas partes (80,1%) afirma que sufre la política estadounidense, que se ha endurecido.
Washington, que aplica un embargo económico contra Cuba desde 1962, hace todo lo posible para obligarla a retirar su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
El 60% de los empresarios constata una baja de su clientela, el 53% reporta más dificultades para importar productos y el 40% asegura que debió posponer sus planes de expansión o renovación.
«Los cambios en la política no solo han ocasionado una disminución en los ingresos y números de clientes que reciben los negocios privados, sino que ha contribuido de manera general a crear un entorno desfavorable y pesimista para el desarrollo y crecimiento de todo el sector privado», subraya Auge, que asesora a medio centenar de estas empresas en estrategia, mercadotecnia y regulación.
En la isla socialista, donde el Estado y sus empresas dominan la actividad económica, la apertura al sector privado es todavía reciente: autorizada en 2010, tuvo un gran despegue con el acercamiento que Cuba y Estados Unidos iniciaron en 2014 bajo el gobierno de Barack Obama.
Alentados por la atmósfera de reconciliación y la afluencia de turistas estadounidenses, muchos cubanos abrieron restaurantes, casas de renta para turistas y comercios para satisfacer esa demanda.
Actualmente, son casi 606.000 y representan el 13,8% de la fuerza laboral del país. Si a ellos se suman los empleados de las cooperativas y los artistas y escritores, Auge estima que más de 1,4 millones de cubanos no trabajan para el Estado, lo que constituye el 32% de la población activa y una contribución de 12% al presupuesto nacional.
– Ducha fría –
Pero mientras Obama apostaba a estos empresarios -llamados «cuentrapropistas» en Cuba – como agentes del cambio, las medidas de su sucesor, Donald Trump, tuvieron el efecto de una ducha de agua fría.
«Ha habido un recrudecimiento del bloqueo» para «por todos los modos intentar asfixiar la economía cubana», denunció el martes la directora de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Comercio Exterior, Deborah Rivas.
Un simple paseo por La Habana Vieja bastaría para constatar hasta que punto sus calles quedaron vacías, después que Washington prohibió en junio a los cruceros estadounidenses hacer escala en la isla. Los restaurantes están desiertos y los chóferes de los viejos descapotables estadounidenses, ociosos.
Las sanciones contra las navieras que transportan petróleo desde Venezuela – principal proveedor de Cuba – provocaron una grave escasez de combustible, reconoció la semana pasada el presidente Miguel Díaz-Canel, que anunció medidas económicas, como la reducción de la jornada laboral y del transporte público. En todo el país, las filas crecen frente a las gasolineras.
A esto se suma la amenaza de acciones legales contra las empresas extranjeras que operan en Cuba, en virtud de la ley estadounidense Helms-Burton, y las restricciones sobre el envío de remesas a la isla, aún cuando Washington hizo una excepción con los emprendedores privados.
La angustia del sector ya era palpable en junio. Según un sondeo de la agencia especializada de viajes Cuba Educational Travel, el 69% de los «cuentapropistas» estaba «muy preocupado» por las restricciones de viaje para los estadounidenses, que representaban una buena parte de su clientela.
«Cualquier medida que tome el gobierno de EEUU, nunca va a afectar al gobierno cubano, sino a la población en general», lamentaba uno de ellos.
Pero la política cubana no siempre ha sido indulgente hacia el sector privado, recuerda Auge, señalando las «contradicciones» y «retrocesos» que a veces lo han perjudicado, como la reciente imposición de precios tope o el retraso en la apertura de mercados mayoristas.
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