Expertos alertan: es muy complicado que regresen a Venezuela los millones de dólares decomisados en EEUU

El teniente retirado Alejandro Andrade, fue guardaespaldas y secretario privado del fallecido presidente Hugo Chávez, quien lo nombró Tesorero Nacional de Venezuela entre los años 2007 y 2010.

Debido al sistema del control de cabios instaurado en el país, Andrade se enriqueció, dando acceso a ciertos empresarios privilegiados a miles de millones de dólares que él manejaba.

En noviembre de 2018, fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos, por lavado de dinero y se convirtió en la figura más emblemática de las diversas denuncias  de los malos manejos de los fondos públicos en Venezuela.

Andrade, quien vivía en una mansión valorada en mas de US$8 millones, reconoció en su juicio que había colaborado con sobornos por US$1.000 millones  y se comprometió a entregar un monto equivalente a las autoridades estadounidenses.

Por lo que le fue decomisado dinero depositado en cuentas bancarias en EEUU y Suiza, además de cinco propiedades, diez vehículos, entre otras cosas de lujo. Fue la primera vez que se recuperó tanto dinero procedente de la corrupción en un país extranjero, en un juicio criminal en Florida.

El director principal del bufete Diaz Reus & Targ, el abogado Michael Díaz, quien representó a dos personas implicadas en el juicio de Andrade, dijo a BBC Mundo que «es el caso más grande en la historia de Florida bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero».

Hasta febrero de este año, habían 38 casos de corrupción en Venezuela que se investigan en Estados Unidos, los cuales involucran a 164 personas de numerosas empresas, según la ONG Transparencia Venezuela, filial de Transparencia Internacional.

El exrepresentante legal de la estatal PDVSA, Edoardo Orsoni, fue condenado el pasado 21 de abril por un tribunal de Florida, por haber aceptado sobornos de empresarios a cambio de la concesión de contratos con la petrolera nacional.

Los juicios de Andrade y Orsoni tratan de cantidades importantes para el país que está inmerso en una profunda crisis económica. Se trata de una gran cantidad de dinero que muy difícilmente regrese a Venezuela.

En 2016, el ex ministro  para la Planificación durante el Gobierno de Chávez y luego con Nicolás Maduro hasta el 17 de junio de 2014, denunció que se habían perdido unos US$300.000 millones, cuyo uso no estaba bien respaldado en las cuentas públicas.

Alrededor del mundo hay 236 casos relacionados con corrupción en Venezuela, según Transparencia Venezuela, que señala que sólo se conoce la cantidad de dinero público comprometido en 114 casos, unos US$52.000 millones. Hasta el momento se desconoce la cantidad de dinero que se ha recuperado en EEUU.

Sin embargo, un grupo de ciudadanos venezolanos-estadounidenses creadores de una ONG denominada la Recuperación de Activos de Venezuela (Inrav), estiman que el monto de bienes decomisados hasta ahora en el contexto de juicios por corrupción en EEUU es de US$1.500 millones.

Otras fuentes conocedoras del tema, señalan que unos US$500 millones de ese dinero se encuentra disponible de forma inmediata, aunque no hay una cifra oficial, mientras que el resto corresponde a bienes decomisados que no han sido vendidos hasta ahora, señala BBC Mundo.

El monto total decomisado equivale a casi una cuarta parte de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (unos US$6.269 millones), mientras que el dinero que la comunidad internacional ha dedicado a atender la crisis migratoria venezolana suma unos US$580 millones.

Además de los casos de Andrade y Orsoni, en Andorra se están juzgando a varios ex funcionarios de PDVSA acusados de cobrar US$2.300 millones en sobornos.

En Estados Unidos la mayoría de los juicios han terminado y muchas de las personas investigadas en ese país han decidido colaborar activamente, declarándose culpables y facilitando la investigación, lo que se traduce en una mayor recuperación de bienes.

Nate Sibley, del Instituto Hudson, un centro de estudios con sede en Washington, señala que los recursos decomisados al final del juicio se transfiere legalmente a EEUU. El dinero es depositado en un fondo del gobierno estadounidense en el que se acumulan los recursos procedentes de todos los juicios por corrupción en diversos países del mundo.

De acuerdo con el abogado Díaz, el Departamento de Justicia decide cuáles de sus agencias compartirán esos fondos. En el caso de Andrade, el Departamento de justicia le indicó a sus clientes que entregaran la mitad de los recursos al Departamento de Seguridad Nacional y la otra parte al Cuerpo de Alguaciles de EEUU.

“Todo eso se hizo con la aprobación del Departamento del Tesoro e incluso del Ejecutivo, del presidente de Estados Unidos”, afirmó.

Sin embargo, Sibley señala que pese a que efectivamente en el corto plazo el gobierno estadounidense puede usar esos recursos para financiar otras operaciones anticorrupción, el objetivo final es devolverlos a sus países de origen.

“Ellos no toman simplemente el dinero y se olvidan. Saben que ese dinero fue robado”, afirma.

– Retorno de activos a Venezuela –

La presidente de la Inrav, María Alejandra Márquez, dijo que «el retorno de activos recuperados de la corrupción se hace constantemente cuando es de Estado a Estado».

Pero la situación con Venezuela es un poco complicada, ya que la manera en que los países recuperan ese dinero es peleando por caso en los tribunales, donde deben argumentar que el dinero debe regresar al país victimizado, pero es un proceso lento.

“Es una tarea titánica. La verdad es que Venezuela no tiene ni la situación ni la capacidad institucional para llevar eso a cabo en este momento”, agregó Márquez.

EEUU tiene como principio devolver el dinero de una manera que beneficie al pueblo venezolano, y aunque Whashington considera al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, él no controla las palancas del poder que le permitirían distribuir directamente en Venezuela de manera que los ciudadanos sean favorecidos, como con la distribución de ayuda humanitaria.

Desde el 2019 Guaidó ha intentado recuperar el uso de esos recursos en favor de Venezuela, aseguró Carlos Vecchio, a quien Washington considera como embajador en EEUU del gobierno interino.

“Cuando me tocó asumir esta responsabilidad, lo primero que hicimos fue activar todas estas líneas con el gobierno de EEUU. Hablamos con ellos sobre la necesidad de crear un fondo que se alimente de los bienes que ellos han recuperado de la corrupción”, afirma Vecchio.

La Fiscalía estadounidense considera que PDVSA no solo se considera como víctima, por ser completamente controlada por el Estado, sino que además fue «cómplice» en los esquemas de soborno y de lavado de dinero que estaban siendo juzgados.

Vecchio afirma que en 2019 le plantearon al Departamento de Justicia la necesidad de cambiar la definición de víctima que estaban aplicando, argumentando que el pueblo venezolano necesitaba ser resarcido. Además, intentaron convencer al gobierno estadounidense de crear un fondo para repartir los recursos recuperados en juicios de corrupción.