Sindicatos chilenos convocan huelga general pese a giro conciliador de Piñera

Los principales sindicatos y movimientos sociales tomarán las calles tras convocar una huelga general que amenaza con avivar las masivas protestas que hace seis días golpean a Chile, pese a que el presidente Sebastián Piñera pidió perdón y anunció medidas para frenar la convulsión.

El paro fue convocado por una veintena de organizaciones de trabajadores y estudiantes que repudian la decisión de Piñera de poner al país en estado de emergencia y toque de queda, y recurrir a los militares para controlar las manifestaciones, incendios y saqueos registrados en Santiago y otras ciudades, que dejan al menos 15 muertos.

«Demandamos al gobierno restituir la institucionalidad democrática, que en primer lugar significa deponer el estado de emergencia y devolver los militares a sus cuarteles», indicó un comunicado de los movimientos, difundido el martes.

Los operarios portuarios paralizarán las localidades costeras y los poderosos sindicatos de las mineras de cobre analizaban su adhesión.

Los sindicatos coinciden con el descontento social instalado en Chile, uno de los países más desiguales del mundo, que se encendió por el alza de 3,75% del precio de la tarifa del metro en Santiago, pero derivó en un mayor movimiento que pone sobre la mesa otras demandas sociales: sobre todo las bajísimas pensiones del sistema privado que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Un estudio divulgado este miércoles por la empresa Ipsos, indica que 67% de los encuestados «se cansaron de sus condiciones de vida en materia económica, de salud y pensiones», que perciben como «desiguales e injustas».

Jaqueado por una indignación popular que parece lejos de aplacarse, Piñera anunció un paquete de medidas, entre ellas mejorar las pensiones de los más pobres, suspender un aumento del 9,2% de las cuentas de la luz, complementar el salario mínimo, establecer un seguro para la compra de medicamentos y la imposición de mayores impuestos a sectores de mayores ingresos.

También planteó reducir las dietas de los parlamentarios y altos sueldos de la administración pública, junto a la disminución del número de congresistas y limitación de reelecciones.

Pero los sindicalistas exigen que se instaure una agenda social desarrollada junto a las organizaciones de base.

«Lo importante es que haya un cambio radical de nuestra institucionalidad política que está cuestionada, está en crisis. Hoy veremos la respuesta de la sociedad civil si está conforme o no con el anuncio del presidente», dijo a radio Cooperativa Camila Vallejo, exlíder estudiantil y diputada del Partido Comunista.

La crisis complica el normal desarrollo de las actividades de los 7,5 millones de habitantes de Santiago, donde el transporte público se restablece poco a poco.

Durante la madrugada, Santiago y otra decena de ciudades vivieron el cuarto toque de queda desde que comenzó el conflicto. Unos 20.000 militares y policías realizaron controles a vehículos y personas, mientras se registraron disturbios y accidentes aislados.

Cientos de chilenos residentes en países como Argentina, Francia y España también salieron a las calles con banderas y lienzos para apoyar las manifestaciones.

En tanto, el papa Francisco manifestó su preocupación por la crisis y llamó a «encontrar soluciones» a través del diálogo.