Solicitan antejuicio contra rectoras del CNE
Un grupo de abogados acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar un antejuicio de mérito contra las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral: Tibisay Lucena, presidente; Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D’Amelio. La petición se relaciona con la asamblea nacional constituyente y sus bases comiciales.
Los abogados indicaron que las funcionarias estarían incursas en los delitos de conspiración, abuso de autoridad, violación de tratados internacionales y malversación de fondos públicos, refiere El Nacional.
El grupo estuvo encabezado por Alberto Arteaga Sánchez, y lo acompañaban Carlos Simón Bello, Fernando Fernández e Iván Figueroa. Informaron que elevaron la solicitud ante el Ministerio Público porque esperan que colabore a la restitución del orden democrático en Venezuela.
“De convocarse a unas elecciones constituyentes, cuyas bases no han sido aprobadas por el pueblo en un referéndum consultivo, se atenta contra la forma política de la nación”, dijo Arteaga Sánchez.
“Denunciamos ante la Fiscalía que el CNE convocó una constituyente, lo que solo puede hacer el pueblo. Estas rectoras no solo cooperan con el Ejecutivo, sino que duplican la violación ya cometida, y esas acciones pudieran considerarse como favorecimiento electoral”, indicó Bello.
El grupo señaló que el organismo comicial incurrió en delito al modificar la data electoral y agregar información sectorial o territorial, e instó al Ministerio Público a investigar.
Destacaron los abogados que el Poder Electoral ubicó a votantes en determinados sectores, o les ha calificado, conjuntamente o no, como electores territoriales; “elementos que son contrarios a Derecho, cuando no existe una declaración de voluntad propia y personalísima del elector, cuya condición, de acuerdo con la Constitución y las leyes, depende de la ciudadanía y no de determinada actividad o ubicación territorial, hecho que pudo haber contado con la complicidad de particulares”.
Advirtieron que la Ley de Presupuesto de 2017 se encuentra en una situación de ilegalidad, pues no ha sido publicado enGaceta Oficial, y, además, que en su distribución no aparecen créditos adicionales para el Poder Electoral.
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