Suiza adopta sanciones financieras contra Venezuela y siete funcionarios
El gobierno de Suiza impuso sanciones en contra de Venezuela y prohibió la entrada al país de siete funcionarios venezolanos. Esta decisión se basa en la línea de sanciones aplicadas por la Unión Europea en contra de Venezuela y altos funcionarios del gobierno de Maduro.
Los sancionados son los mismos a los que la Unión Europea aplicó igual penalidad hace unos meses: el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello; el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol; la presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general designado por la “Asamblea Nacional Constituyente”, Tarek William Saab; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; y el ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides.
Mediante un comunicado Suiza ordenó una serie de restricciones económicas con Venezuela. Prohibe la venta, el suministro, la exportación y el tránsito a Venezuela de armas y bienes que pueden utilizarse para la represión interna.
Una prohibición similar también se aplica a equipos, tecnología y software que se pueden usar para monitorear e interceptar las comunicaciones por Internet y por teléfono.
Suiza además congeló los activos y se emitieron prohibiciones de entrada y tránsito para las personas físicas, empresas y organizaciones incluidas en la lista. Estas medidas están actualmente dirigidas contra siete ministros venezolanos y funcionarios de alto rango.
«Suiza se está alineando con las sanciones impuestas por la UE como resultado de violaciones de los derechos humanos y el debilitamiento del estado de derecho y las instituciones democráticas», se lee en el comunicado.
El Consejo Federal aseguró, mediante el comunicado, sentirse profundamente preocupado por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Señaló que en el país el principio de separación de poderes se ve gravemente socavado y el proceso en vista de las próximas elecciones adolece de una grave falta de legitimidad.
«Hace un llamamiento a Venezuela para que restaure la integridad del proceso electoral y promueva un entorno democrático inclusivo que respete plenamente su marco constitucional y legal y sus obligaciones internacionales», reza el comunicado.
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