Sundde obligó a comercios a vender productos con precios controlados a casi 40.000 familias
En semana de flexibilización 39 900 familias resultaron favorecidas con ventas supervisadas por los fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), además, realizaron 233 fiscalizaciones y 166 inspecciones en el territorio nacional.
El despliegue fue realizado en supermercados y farmacias del país, luego de que la Sundde detectara precios especulativos en alimentos de la cesta básica y medicinas, aplicando la medida preventiva tipificada en el artículo 70 de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ), ajustando los montos de los rubros.
Asimismo, en atención a las denuncias efectuadas por los usuarios, el ente regulador de precios abordó la tienda por departamento Beco y la red de farmacias Farmahorro, entre otros comercios, para evitar que se siguieran cometiendo los presuntos delitos de Infracción por Incumplimiento de Formalidades, Condicionamiento y Especulación, estipulados en los artículos 46,49 y 56 de la LOPJ.
Durante las fiscalizaciones fueron verificados los precios de los alimentos contentivos dentro de los 27 priorizados, el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) de los distintos rubros y la publicación de la Tasa Oficial Cambiaria, establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV), para las transacciones en moneda extranjera de aquellos usuarios que deseen pagar con divisas.
La Superintendencia de Precios Justos, además atendió a 169 usuarios, a través de los distintos canales de comunicación que fueron dispuestos para la recepción de denuncias e intermediación entre arrendatarios y arrendadores de locales de uso comercial.
Asimismo, inspeccionó una universidad y 12 clínicas privadas, donde verificó el cumplimiento de la LOPJ en defensa de los derechos socioeconómicos del pueblo.
Cabe destacar, que los operativos efectuados por el ente regulador de precios, también contaron con la participación de Sencamer, quien se encargó de supervisar el sistema de pesaje para evitar distorsiones económicas, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), la Policía Nacional y Estadal, quienes velaron por el orden y la seguridad en los establecimientos comerciales.
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