Tapar la inflación con un dedo: caso controles de precios

La inflación constituye un mal público, que obviamente afecta no sólo al consumidor final que ve reducido su capacidad de acceso y adquisición de bienes y servicios así como su calidad de vida, sino que afecta igualmente a los empresarios que por un lado pueden ver reducidos sus mercados y por el otro pinzar sus márgenes por límites normales en su capacidad de traslado de la inflación de costos a sus precios.

En el caso de las empresas, sus activos, pasivos y patrimonio se valúan a monedas de distinto poder adquisitivo (las correspondientes a la fecha de incorporación de los bienes que lo integra). Los resultados, vistos contable e históricamente, se determinan comparando costos e ingresos de distinto poder adquisitivo (generalmente los costos se encuentran expresados en moneda de menor poder adquisitivo ya que se originan con anterioridad al ingreso que provocan).

Los valores contables históricos presentan una serie de problemas, entre los que pueden destacarse:

* Liquidación de impuestos: en la mayoría de los casos se pagan impuestos sobre ganancias nominales que si se ajustaran serían mucho menores. Este hecho presenta el problema de que en la medida que su incidencia sobre incentivos a las empresas en favor de la inversión, generación de empleos y de oferta de bienes y servicios sea preferible a la eficiencia del uso de recursos públicos de origen tributario por renta; la inflación, su impacto sobre el capital de trabajo de las empresas y los controles de precios miopes resultarán socialmente lesivos.

* Estados contables de publicación: problemas en las cifras expuestas que provocan distorsiones para los usuarios de los mismos. Problemas de comparabilidad entre diferentes períodos de una misma empresa o entre diferentes empresas con distinta antigüedad de las partidas patrimoniales. Esta situación podría crear enormes sesgos y prejuicios en la aplicación de benchmark de rentabilidad por parte de los reguladores, destruyendo incentivos y comprometiendo el capital de trabajo para mantener y sostener las operaciones económicas-comerciales a futuro.

* Contabilidad para la gestión: puede producir errores en la toma de decisiones por utilizar las cifras nominales en lugar de las ajustadas por inflación. Por ello las empresas suelen utilizar mecanismos de reexpresión de su información contable que les permitan realizar comparaciones y toma de decisiones adecuadas. El mecanismo llamado ajuste por inflación permite obtener una metodología que logra producir las correcciones necesarias para alcanzar una correcta estimación del patrimonio del ente y sus resultados. Estas serán utilizadas independientemente de que el Gobierno o los reguladores no la vean con buenos ojos o se encuentren expresamente prohibidas -esto a pesar de que sólo estaría cambiando la unidad de cuenta para homogeneizarla y no cambiaría el criterio o método de valoración, por ejemplo el criterio de valuación puede seguir siendo el costo histórico-.

Dentro de los elementos que componen el activo, pasivo y patrimonio neto de una empresa, podemos hacer una distinción en su comportamiento frente a la inflación. Los rubros monetarios son aquellos que siempre se encuentran expresados en moneda de poder adquisitivo del momento. La tenencia de este tipo de bienes genera resultados (pérdidas o ganancias) por exposición a la inflación (REI).

Por su parte, los rubros no monetarios son aquellos que están expresados en moneda de poder adquisitivo correspondiente al momento de su incorporación al patrimonio de la empresa. Estos bienes no generan resultados por exposición a la inflación, pero deben ser ajustados al cierre del ejercicio económico a los efectos de homogeneizar su presentación en los estados contables exponiendo cifras de igual poder adquisitivo

El resultado del ejercicio es la variación producida en el patrimonio del ente no originada en operaciones con los propietarios (aportes y retiros).

De esta forma podemos decir que el resultado del ejercicio será positivo (ganancia) cuando exista un incremento patrimonial, no atribuible a transacciones con los propietarios del ente, que exceda lo necesario para mantener el capital invertido. Si no se logra mantener el capital invertido existirá una pérdida.

En este mismo orden de ideas, la inflación afectará al capital de trabajo (activos corrientes menos pasivos corrientes) de la empresa a partir de sus propias operaciones normales.

Bien en el caso de tenencia de activos monetarios, producto por ejemplo de una venta que no logre transformarse de inmediato en la adquisición o en la reposición de los inventarios antes de que aumenten los precios producto de la inflación, o en aquellos casos en los que el margen operativo no sólo sea inferior a la inflación para reponer inventarios, sino para asumir el resto de gastos comerciales, administrativos, financieros, etc.; la empresa se irá descapitalizando. Esta descapitalización de las compañías, exacerbada vía controles de precios que no permiten valorar los costos de la mercadería vendida (sea producto final, producto elaborado, semi-elaborado, o materia prima) a la hora de las operaciones comerciales, destruyen los incentivos a la actividad económica y a la oferta de bienes y servicios.

Por ello, independientemente de que la política económica, especialmente la anti-inflacionaria brille por su ausencia, o su efectividad sea limitada y las expectativas inflacionarias no se adapten tan rápidamente a la baja, aún cuando usted prohíba el ajuste por inflación, el hecho cierto es que la inflación existe y ejerce impacto en las operaciones económicas-comerciales y en las decisiones de inversión y oferta a futuro por parte de las empresas.

Existen dos posiciones ante este hecho, intentar «tapar el sol con un dedo» o ser pragmático y aunque no nos guste la realidad económica, reconocerla para en consecuencia medir su impacto y valorar las alternativas de política verdaderamente efectivas. Los dos países con mayor inflación en Latinoamérica son Venezuela y Argentina. En el primer caso tenemos a un tren Ejecutivo que incluso ha llegado a negar la existencia de la inflación, imponiendo controles y congelamiento de precios que desconocen su impacto sobre las operaciones de las empresas, desconociendo los costos económicos y de reposición, y cerrando toda conversación real con el sector privado.

En el segundo caso, a partir de un evento de depreciación de la moneda de curso legal con efecto inflacionario vía pass-through, el Ejecutivo Nacional convocó cerrando mayo de 2018 a un grupo del empresariado para conocer el impacto y el traspaso de la depreciación sobre sus precios, preocupados ambos lados por el límite de la demanda de soportar tal transferencia de costos.

* Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid.